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REVISTA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Historia
El Archivo Nacional del Perú:
breve reseña de su existencia*
Guillermo Durand Flórez**
La buena conservación de los archivos de una nación representa el índice de una
eciente organización estatal y de la sensibilidad que se tiene por la cultura. La exis-
tencia de un archivo, llámese central o nacional, es de gran importancia:
a) Para la conservación de fuentes documentales debidamente clasicadas.
b) Por la cooperación activa con las diferentes reparticiones de la administración pú-
blica para la debida organización de sus archivos, que permiten la descongestión de
papeles ya no utilizables.
c) Por la prestación de servicios al particular, poniendo a su disposición la documen-
tación para su consulta o estudio, o expidiendo copias simples o certicadas, que dan
fe pública que puedan ser debidamente utilizadas por los interesados.
Un archivo no es, por consiguiente, solo una institución de cultura, de cuyos bene-
cios goza un restringido número de personas dedicadas a la investigación histórica,
sino que es una entidad de servicio público con amplias proyecciones. Aunque parez-
ca una paradoja, no es fácil reconstruir la vida del Archivo Nacional, precisamente,
por la falta de documentación, que es la tarea que me propongo hacer a continuación.
No es novedad que el Archivo Nacional, como institución administrativa, está ligada al
nombre del mariscal Castilla. La ley de su creación data del 15 de mayo de 1861, lleva
su rma y está refrendada por don Juan Oviedo como ministro de Justicia. Si bien este
fue su nacimiento legal, hubo algunos antecedentes que vale la pena recordar: el 14 de
setiembre de 1859 se nombra una comisión para la formación del Archivo, presidida
por el general don Manuel Mendiburu, autor de la iniciativa, e integrada por don José
Dávila Condemarín y don José Antonio de Lavalle. La resolución antes mencionada
* Revista del Archivo Nacional del Perú, Lima, tomo XXIX, pp. 9-18, 1971, bajo el título: “El Archivo
Nacional del Perú (breve reseña de su existencia)”.
** Guillermo Durand Flórez (1915-1986), abogado y profesor universitario, gura capital de la archivística
peruana, fue el décimo director del Archivo Nacional entre los años 1964 y 1983, periodo durante el
cual la institución cambia de nombre para convertirse en Archivo General de la Nación.
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disponía el establecimiento de un Archivo Nacional, designaba la comisión que debía
formular un reglamento y dar las instrucciones sobre el método archivístico a seguir.
Es muy interesante observar el claro concepto que se tiene de lo que es un archivo en
el considerando que dice: “siendo importante la conservación de los antiguos archi-
vos del Perú y que se aprovechen los considerables datos que contienen en materias
históricas, económicas y políticas, deseando el gobierno que cuanto antes se consiga
el depósito ordenado de esos documentos para los usos a que están llamados en be-
necios públicos”.
La comisión designada produjo un informe que luego fue leído en la Cámara por el
diputado Mariano Loli, en enero de 1861. Se da cuenta del “lamentable abandono”
en que se encuentran “importantes documentos”, en donde “están consignados hechos
históricos de nuestra patria” y que el historiador debe “transmitir con exactitud”. An-
teriormente, el ministro de Gobierno el 15 de diciembre de 1860 había dado cuenta al
Congreso de la creación del Archivo Nacional, manifestando que no había local que pu-
diera ocupar. Existe, pues, una acción paralela que siguen el Ejecutivo y el Legislativo.
Por su parte, el diputado Loli, junto con José de la Riva Agüero y Pablo Arana, presen-
taron un proyecto de ley que, luego de un movido debate, culminó en la ley de 15 de
mayo de 1861. Esta ley disponía que el Archivo debía integrarse con los documentos
virreinales del Tribunal Mayor de Cuentas y otros, que se encontraban en el convento
de San Agustín; con los manuscritos que se hallaban en las bibliotecas; de los corregi-
mientos, subdelegaciones de intendencia; y con los documentos o crónicas que “haya
en los archivos de órdenes religiosas, comunidades y establecimientos de instrucción y
de benecencias”. Pero esta amplia disposición queda limitada por el artículo 2.°, que
ordena la separación de “la parte judicial, de todo lo relativo a intereses particulares”,
que debía quedarse donde se encontraba. A renglón seguido, acuerda que aquellos
papeles originales que no pueden conseguirse “se copiarán por cuenta del Estado”.
Al debatirse esta ley hubo oposición de los diputados Barco, Belaúnde y otros para
que se incorporaran documentos de particulares y de órdenes religiosas y, como tran-
sacción, se autorizó solo la copia de los mismos por cuenta del Estado. Como local
para el Archivo, se designó los altos de la Biblioteca, pero no pudo instalarse porque
dos habitaciones de esta última se desplomaron por el mal estado en que se hallaban,
lo que impidió la instalación del Archivo. El 4 de mayo de 1864 se nombró a don
Santiago Távara como primer director del Archivo, quien acepta por comunicación
de 31 del mismo mes:
R.P. Sor Mtro. de Justicia. –Lima, mayo 31, 1864. –Sor Mtro.: –Habiéndose
servido el Supremo Gobierno nombrarme director del Archivo Nacional, se-
gún aparece del Peruano tomo 46 N. 40 tengo el honor de decir a Us. para
que sirva ponerlo en conocimiento de S.E. que acepto reconocido tan grande
conanza, no obstante de que ese destino no tiene sueldo ni emolumento al-
guno. Así no será un obstáculo para obtar la senaduría del depto. de Piura q.
los duales desiarían ver vacante a consecuencia de ese cargo consejie. –Yo
me apresuro no solo a dar las gracias por esa conanza, sino a depositar en
el seno del Supremo Gobierno la reserba con que, en presencia de mi candi-
datura parlamentaria, aceptaría un destino que según el espíritu de nuestra
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Constitución no es de los lucrativos que impiden la independencia de los re-
presentantes del pueblo. –Sírvase Us. hacerlo así presente a S.E. recibiendo
los sentimientos de alta consideración con que me suscrivo –Su muy Attº. y S.
Servidor –Santiago Távara.
Pero el 29 de noviembre del año siguiente, por un decreto del gobierno dictatorial de
Prado, se suprime el Archivo, que realmente no había pasado de ser un proyecto, pues
la falta de local, unido a las penurias del sco, no habían permitido su funcionamiento.
Los documentos continuarían en lamentable estado.
Permítaseme una digresión, retrospectiva. La indiscutible importancia del virreinato
de Lima, unida al formalismo legal de la colonia, produjo cantidades impresionantes
de fondos documentales, no obstante esta circunstancia, no se dispuso la creación de
un archivo o institución similar destinado a conservarlos. En esto, México fue más
afortunado pues, en 1790, el virrey conde de Revillagigedo proponía la formación
de un Archivo General instalado en el Castillo de Chapultepec, consiguiendo el esta-
blecimiento del Archivo General del Reino de Nueva España. El Archivo de México
fue denitivamente instalado, luego de diversas vicisitudes, el 27 de noviembre de
1846.
En el virreinato peruano existían, solamente, los archivos de las distintas reparticiones
del gobierno: así, en la Secretaría de Cámara del virrey se guardaban los documentos
de la administración colonial y otros como los de los Cabildos, de la Real Audiencia y
los del Tribunal de la Inquisición. Mas no hubo archivo central o similar que se encar-
gara de la custodia y ordenamiento de dichos fondos, de aquí que se perdiera “docu-
mentos de importancia”. Así mismo, la administración republicana inicial no tuvo en
cuenta a los archivos. Alberto Ulloa se queja, con toda razón, de que San Martín, que
fundara la Biblioteca y dispusiera la organización del Museo, ignoró los archivos
1
.
El incendio de Palacio de Gobierno, el 13 de julio de 1822, motivó el primer éxodo
del Archivo y su traslado al convento de San Agustín. Como dato de interés trascribo
el siguiente ocio de la Dirección General de Censos y Obras Pías:
Excmo. Señor: Elevo al Superior conocimiento de V.E. el expediente organi-
zado sobre el robo público que se experimentó en la Tesorería de esta Direc-
ción General la noche del incendio de los Ministerios, forzando las puertas,
chapas y candados de aquella ocina cuyas cajas hicieron pedazos los agre-
sores para perpetrar el crimen sin que se haya podido adquirir la menor luz
de ellos, por la confusión y desorden que causó la multitud del pueblo que
ocurrió a apagar el fuego, y robar de paso cuanto se les presentaba, como se
experimentó en el mismo Palacio y en dichos Ministerios. Aunque el hecho
fue público como está dicho, fue de absoluta necesidad la coordinación del
expediente para los nes que indica el señor Fiscal del Departamento, o lo
que más fuere de su superior agrado. Dios gue. a V.E. m.a. Lima, septiembre
26 de 1822. Manuel Villarán Excma. Junta Gubernativa del Perú
2
.
1 Alberto Ulloa, "Introducción". Revista de Archivos y Biblioteca Nacionales, Lima, tomo I, entrega I, pp.
XIX-LXXXXII, 1898.
2 Libro copiador de consultas, 1821-23, f. 15.
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La falta de un instituto ocial ya había motivado un saqueo en el archivo del Tribunal
de la Inquisición en 1813, como nos cuenta en sus memorias Stevenson, que vio
cómo el público penetraba en el local y extraía expedientes y papeles y él mismo
dice: “yo tomé por lo menos quince expedientes”. En el Archivo Nacional existe un
expediente del año 1827, seguido contra unos soldados colombianos, por hurto de
unos papeles y registros de protocolos que vendieron en unas pulperías de la calle
Colegio Real.
Otro episodio nos narra Ulloa, cuando nos cuenta que los batallones del general Sa-
laverry, en 1835, componían cartuchos de pólvora con documentos del Archivo. Es
conocida la anécdota que narra Vicuña Mackenna sobre la venta al peso de documen-
tos del Archivo a pulperías, para pagarse sueldos atrasados, en donde servían de en-
voltorio de mercaderías en la venta al menudeo y expresa que él vio papeles históricos
llenos de lamparones de grasa y otras huellas de comestibles. Triste sino y lamentable
empleo de documentos del pasado.
Sin embargo, parece que el gobierno dictatorial hubiera recapacitado, pues, si se ma-
terializó la supresión, no fue por mucho tiempo. En el informe que, con fecha 25 de
abril de 1868, emite don Enrique de Guimaraes, encargado de la dirección del Archivo
por enfermedad de don Santiago Távara, nos proporciona algunos datos que permiten
reconstruir la historia del Archivo
3
. En él se arma que se restableció la antigua di-
rección del Archivo Nacional y que incluso “fueron agregados varios empleados que
habían pertenecido a otras ocinas del Estado”. Más adelante se dice que “desde el
30 de enero del año 1866 al 31 de diciembre del p. pdo. se examinaron, arreglaron y
legajaron doscientos protocolos”.
De donde se desprende que, a los dos meses de la antedicha supresión, ya estaba fun-
cionando otra vez el Archivo y que la labor era efectiva, pues se continuaban forman-
do los legajos de documentos. En vista del informe de Guimaraes, por providencia de
2 de julio de 1868, se dispuso que cuatro amanuenses pasasen a servir en el Archivo,
en donde ya prestaban servicios otros tres empleados que eran don Manuel Bonilla,
sargento mayor; don Carlos Francisco Guimaraes, ocial segundo; y don Ramón Sa-
rrio, conservador.
Es de notable interés la resolución suprema de 30 de enero de 1867, que ordena el
arreglo de los depósitos en donde se hallaban documentos, empezando por el de San
Agustín, que debía realizarse por una Junta integrada por el director don Santiago
Távara, un auxiliar, un amanuense y un conservador. Alguno de los párrafos de los
considerandos de la resolución vale la pena recordarlos:
tales documentos constituyen un valioso bien nacional, por cuanto, además
de las ventajas que del conocimiento de ellos puede reportar la hacienda pú-
blica, deben también servir de un poderoso auxilio para los trabajos literarios
y para la acertada decisión de aquellos asuntos de interés, que han menester
ilustrarse con datos antiguos y seguros: que, mientras no haya posibilidad de
establecer una ocina superior que llene cumplidamente todas las exigencias
del país en los diversos sentidos enunciados, debe al menos procurarse la
3 Archivo Nacional. Ministerio de Justicia, leg. 1.
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coordinación separada de cada uno de dichos depósitos de documentos, a
n de que, así preparados, sea más fácil reunirlos y organizar el Archivo
Nacional
4
.
El 28 de junio de 1870, en el período del presidente Balta y siendo ministro de Ins-
trucción don José Araníbar, se da una resolución suprema que pone nuevamente en
vigencia la ley de creación del Archivo y se ordena que se dé el reglamento respectivo.
En 1872 se nombra director a don Manuel María Bravo y en la Comisión Inspectora
del Archivo se designa a don Mariano Felipe Paz Soldán en reemplazo de don José
Antonio de Lavalle.
Hasta 1873, el Archivo Nacional había venido funcionando en el convento de San
Agustín. Recién cuando se instaló la Comisión Inspectora, esta pidió se adjudicara
como local para el Archivo el que había ocupado el Museo Nacional y la Sociedad
Filotécnica en los altos de la Biblioteca. La resolución respectiva se expidió el 19 de
agosto de 1873, ordenando el traslado del establecimiento. Luego, por disposición
de 16 de enero de 1874, se ordena que el “jefe archivero don Manuel María Bravo se
aloje en el mismo local”, en las habitaciones disponibles para mayor seguridad de los
documentos depositados.
Todos estos datos nos demuestran que en el Archivo Nacional hubo un trabajo de
arreglo, selección e inventario de documentos. Se realiza la denitiva instalación del
Archivo con más empleados y mejor presupuesto. Los índices estaban terminados,
con un total de 23 761 documentos en 1 336 legajos. En 1878, esta cifra aumenta a 1
401 legajos y 726 libros.
Cuando sobrevino la guerra con Chile, la Biblioteca fue ocupada sufriendo los opro-
bios conocidos. El Archivo no corrió tan cruel suerte, si bien numerosos expedientes
fueron mutilados, otros extraídos, vendiéndose al peso, y no pocos enviados a Chile.
Luis Antonio Eguiguren arma que José Toribio Medina seleccionó la documenta-
ción
5
. El caso es que los legajos fueron arrojados en un salón sin ningún cuidado,
hacinados y maltratados. Toda la labor de clasicación y ordenamiento desapareció
“en una confusión estupenda e inenarrable”
6
.
Terminada la guerra, el Gobierno dicta una disposición de 31 de octubre de 1883
reorganizando la Biblioteca, que realmente había desaparecido, y por razones de eco-
nomía scal se refundió esa institución con el Archivo Nacional, nombrando a don
Ricardo Palma director de ambas
7
. Palma había sido nombrado por la dictadura de
Piérola, sub director adhonorem de la Biblioteca Nacional. Frente al saqueo y des-
trucción de la misma, adopta una actitud patriótica, viril y de extraordinaria gallar-
día. Protesta enérgicamente y redacta un memorial que fue rmado por don Manuel
de Odriozola, entonces director de la Biblioteca, dirigido al ministro de los Estados
4 El Peruano, Lima, 31 de enero de 1867.
5 Luis Antonio Eguiguren, El Archivo Nacional del Perú, dependencia del Ministerio de Justicia. Breve
inventario de expedientes, tomo I, Lima, Imprenta Torres Aguirre, 1949; p. 3.
6 Alberto Ulloa, op. cit., pág. LI.
7 “Lima, noviembre 2 de 1883. –Nómbrase director de la Biblioteca y Archivo Nacional al jefe de sección
del Ministerio de Guerra don Ricardo Palma, miembro correspondiente de la Real Academia Española.
Regístrese. –Barinaga”.
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Unidos en el Perú, Mr. Christiancy, y que Palma consigue se publique en diversos
periódicos americanos. Esta actitud le vale la persecución chilena, su connamiento
en un barco y su casi deportación. Este memorial no lo quiso rmar don Manuel María
Bravo, según arma don Ricardo en carta que dirige á Piérola, fechada el 5 de abril de
1881 y que publica el padre Vargas Ugarte en sus Cartas inéditas.
Luego del Tratado de Ancón, Odriozola da cuenta al Ministerio de Justicia, Instruc-
ción y Culto de la magnitud de la depredación sufrida por la Biblioteca, en un ocio de
31 de octubre de 1883. Posteriormente, Bravo reclamó su puesto, lo que motivó una
tremenda y lapidaria nota de Palma al ministro, fechada el 18 de diciembre, en la que
con su característica pasión acusa a Bravo de no haber protestado por la destrucción
del establecimiento del que era jefe.
Si bien el ilustre tradicionista rehízo de la nada la Biblioteca y consiguió dotarla de
muchísimos libros, obra realmente admirable, como puede comprobarse en numero-
sos y vivos testimonios que hay al respecto en el Archivo Nacional, en una interesante
colección de cartas y ocios de Palma, seguramente por la misma penuria scal y la
escasez de medios, no pudo ocuparse del Archivo, tanto que el hecho de que fuera
su director es apenas mencionado y es tan poco conocido que en sus biografías no se
menciona el hecho a pesar de que lo fue durante trece años.
Ulloa, que es la única fuente que he encontrado al respecto, fuera de las resoluciones
gubernamentales dice que se empaquetaron de nuevo los legajos y se asearon, y que
“comprendiendo la necesidad de salvar de la ruina los papeles más importantes, ha
seleccionado gran parte de ellos” y con los mismos “ha ensanchado las colecciones
de manuscritos y documentos de la Biblioteca de Lima”. Más adelante dice que de los
trescientos cuarenta volúmenes de esta sección, 300 pertenecieron al Archivo y que en
el estado de anterior abandono “sabe Dios la suerte que hubieran tenido”
8
.
En las memorias de Palma, como director de la Biblioteca hace ligeras referencias
al Archivo, su labor como archivero parecería haberse limitado a seleccionar la do-
cumentación que juzgó más valiosa, la cual incorporó a la sección manuscritos de la
Biblioteca. De sus propias memorias extractamos los siguientes párrafos:
Memoria 1892. “Paulatinamente se hace la selección, y de ella en el actual
bienio, hemos formado diez y siete volúmenes que han pasado a enriquecer
la sección Manuscritos”.
Memoria 1893. “El trabajo de selección ha continuado, dando por resultado
dos volúmenes de interesantes documentos”.
En 1894 se aumentó tres volúmenes. Es evidente que durante la época en que estuvie-
ron fusionadas las direcciones del Archivo Nacional y de la Biblioteca Nacional, se
produjo una merma de los fondos del primero y de los más importantes documentos,
seleccionados según el propio director y en benecio de la segunda institución.
El 12 de enero de 1897, el Gobierno de Piérola nombra a Luis Benjamín Cisneros
director del Archivo Nacional, con lo cual concluye la fusión con la Biblioteca. El
8 Alberto Ulloa, op. cit., p. L.
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poeta da cuenta de recibirlo en la “más absoluta confusión” y con “lamentables de-
ciencias”, atribuye esta situación a los gobiernos anteriores que, “parece no haber
considerado al Archivo Nacional como ramo de la Administración Pública”. En 1897
se produce otra notable disminución en los fondos documentales del Archivo Nacio-
nal, pues se retiraron todos los relacionados con los límites del país.
Se nombra personal con mayores conocimientos, que realiza una labor de catalo-
gación. Así guran don Plácido Jiménez y don Benjamín Alfaro, sustituido por don
Domingo Rey. También don Hugo Magill, que es autor de la Noticia sobre el estanco
colonial, como renuncia, es reemplazado por Luis Fernán Cisneros. Esta bonanza
dura poco tiempo, pues suprimidas las partidas presupuestales, se produjo la renuncia
de la mayoría de los empleados
9
.
El 3 de agosto de 1903 cesa en la dirección Cisneros y es nombrado el doctor Constan-
tino Salazar el 23 de marzo de 1904. De esta etapa se conoce muy poco. Dice Salazar
que el local era ruinoso y el personal deciente. En una de sus memorias recomienda
para que se le mejore a Manuel Santiago Romero, que aunque solo era un peón tenía
mucha habilidad para leer escritura antigua.
No se sabe cuándo cesó en el cargo, pero el 13 de enero de 1914 fue nombrado don
Luis Antonio Eguiguren. La situación era deplorable, según escribe el entonces di-
rector en las “Dos palabras” con que prologa su publicación El Archivo Nacional del
Perú. Cuenta que hasta la única máquina de escribir había sido extraída del Archivo,
cuya devolución reclamó inútilmente. La institución solo contaba como único em-
pleado a “un valetudinario de 78 años”, viéndose obligado el propio Eguiguren a
“barrer y limpiar”. Impago durante seis meses y por razones “de política” como él
mismo arma, renuncia en 1915
10
. En ese mismo prólogo dice dos grandes verdades:
1° Que para estudiar historia del virreinato no es necesario ir al extranjero, ya que
nuestros archivos están vírgenes.
2° Que la documentación es patrimonio de la Nación y que es grave delito comerciar
con ella.
La labor del doctor Eguiguren fue indudablemente intensa y realizada en las más du-
ras condiciones. Él mismo maniesta que dejó clasicado un estante con setecientos
expedientes de tierras y que fruto de este esfuerzo son las obras que enumera, en espe-
cial, el Breve inventario o expedientes que presenta como catálogo, pero en realidad es
más un inventario que un catálogo, que pone en evidencia su enorme esfuerzo, aunque
fuera poca su utilidad.
Desde 1915, el Archivo queda acéfalo, en el abandono administrativo y scal más
absoluto. Al nal del Gobierno de don José Pardo, siendo ministro de Instrucción el
doctor Ángel Gustavo Cornejo, se dicta el decreto de 17 de marzo de 1919, que ordena
la nueva organización del Archivo Nacional. Dispone que deben integrar los fondos
del Archivo los documentos manuscritos existentes en los ministerios hasta 1860,
correspondientes a los distintos ramos de gobierno, lo que signicaba la organización
9 Luis Antonio Eguiguren, op. cit., p. 4.
10 Luis Antonio Eguiguren, op. cit., p. 5.
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de la Sección Administrativa. También ordenaba la compra de los archivos notariales,
con los que debía organizarse la sección correspondiente. Se disponía también la pu-
blicación de la Revista del Archivo Nacional.
Este decreto signicaba un progreso notable en relación a la situación anterior. La
creación de la Sección Administrativa quedó en el papel, pero ya existía el decreto
que lo ordenaba. La compra de los archivos notariales era un evidente error, pues
dichos archivos no son particulares. La Revista comenzó a publicarse en abril de
1920. En 1919 se nombró director del Archivo Nacional al doctor Horacio Urteaga,
jefe de la Sección Histórica al padre Domingo Angulo y al Doctor. Carlos Neuhaus
de la Notarial
11
.
El 15 de mayo de 1923, se da la Ley 4666, que es una ley autoritativa que dispone la
reorganización de los archivos por la legislación pertinente que debe dictar el Ejecu-
tivo. En uso de la atribución, el decreto supremo de 26 de julio del mismo año da las
pautas legales respectivas, y el 28 de abril de 1920 se expide el reglamento del Archi-
vo, que constituye el ordenamiento vigente en esta materia. En él jan las atribuciones
y obligaciones del director del personal, se determina la formación de tres secciones:
la Histórica, la Notarial y Judicial y la Administrativa. Se corrige el error en cuanto a
los archivos de notarios y se ordena en el artículo 17 que los notarios deben entregar
los protocolos de escrituras cada dos años, la Sección Administrativa se integraba con
la documentación de los ministerios que tuvieran diez años de antigüedad. Esta última
sección no llegó a formarse.
Con el incendio de la Biblioteca, el 10 de mayo de 1943, el Archivo Nacional se salvó
milagrosamente de la catástrofe y en junio del mismo año se trasladó al Palacio de
Justicia, local que ocupa actualmente, aunque es inadecuado.
El 20 de julio de 1944 se compra el Archivo Terán, que consta de 187 volúmenes de
extractos de índices de escrituras y 82 cuadernillos. El 13 de noviembre de 1944 se ju-
bilaba el doctor Urteaga, reemplazándolo el doctor Eduardo Cox Sarria, quien ocupó
el cargo hasta 1952, siendo sustituido por el doctor Óscar Malca Olguín, que se jubiló
en julio de 1964.
Un decreto supremo de 1945 creó una comisión encargada de reorganizar los servi-
cios del Archivo Nacional, integrada por los doctores Raúl Porras Barrenechea, Ella
Dunbar Temple y el ingeniero Rafael Marquina Bueno. Su labor no se tradujo en
ningún dispositivo que modicara el funcionamiento del Archivo.
El 22 de abril de 1947 se nombró otra comisión, encargada de proponer al Gobierno
las medidas que permitieran cautelar los fondos documentales y la mejor forma de
recuperar los que se encontraban fuera del país. Como resultado se dio el decreto
supremo de abril de 1948 que prohíbe extraer documentos del país.
La legislación sobre archivos y documentos es muy varia y profusa, como se ve en los
dispositivos legales referentes a la creación de archivos departamentales en el Cuzco,
Arequipa y Ayacucho, bajo la jurisdicción de las universidades nacionales respecti-
11 Fernando Silva Santisteban, “Algunos archivos históricos y repositorios de Lima”. Fénix, Lima, Nº 12,
1956-1957, pp. 145-182; p. 154.
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vas. En las leyes 11466 y 14526, sobre archivos notariales y aranceles de las copias
que expide el Archivo Nacional, en el decreto supremo de 4 de abril de 1952, que
ordena la remisión al Archivo Nacional de las autógrafas de las leyes, que se cumple
solo parcialmente.
La Ley 16997, de 1968, se reere al arancel, a la obligación de remitir los repositorios
de los notarios fallecidos o cesantes de Lima y Callao al Archivo Nacional o al depar-
tamental en los departamentos. Estas diferentes disposiciones legales demuestran lo
inorgánico y disperso de nuestra legislación archivística.
En provincias hay numerosos e importantes documentos en poder de notarios o de ins-
tituciones, aunque en deplorables condiciones. El Dr. Malca Olguín cursó una circular
a las cortes superiores, en el año 1952, para que se le informara sobre los archivos o
documentos antiguos en poder de notarios o escribanos. Los datos recibidos nos per-
miten armar que en provincias existe una enorme cantidad de papeles antiguos que
llegan al siglo XVI.
Recapitulando lo expuesto, es interesante observar que el proyecto Mendiburu de
1859 y los posteriores pasos para crear el Archivo estuvieron bien encaminados. Pero
que el Congreso modicó lamentablemente, introduciendo enmiendas de manera que
la ley de 1861 resultó mediatizada y hasta incongruente. Solo el esfuerzo del personal
permitió efectuar una labor de inventario y de ordenamiento de los valiosos documen-
tos que había en el convento de San Agustín, en donde a pesar de las disposiciones
permaneció el Archivo Nacional durante doce años. Todo desaparece con el desastre
de la guerra con Chile. De la administración Palma ya nos hemos ocupado. Es una
época durante la cual el Archivo apenas si es un nombre.
Designado Luis Benjamín Cisneros, se presenta un momento de relativa preocupa-
ción, pero es esporádica y apenas dura. En 1902, se suprimen plazas, las partidas
disminuyen y la situación del Archivo se torna cada vez más insostenible. La labor
de Eguiguren es personal y su aporte para la archivística nacional se pierde. De estas
décadas, apenas si queda un corto número de hojas de estudio, pero ninguna labor
sistemática de clasicación y ordenamiento aprovechable.
La época de 1919 nos deja algunos hitos importantes. Tenemos el ordenamiento legal:
Ley 4666 y los dos decretos supremos que dan una organización administrativa al
Archivo, dividido en secciones, con las atribuciones y las obligaciones del director y
del personal. No obstante, no es precisa en cuanto al atributo nacional del Archivo,
que en realidad no ha podido ejercer. En lo que se reere a la sistemática y al régimen
archivístico, es insuciente y poco técnico.
La Sección Histórica quedó limitada a la época virreinal, sin que pudiera en la prác-
tica recoger documentos que debían integrar el Archivo. Sobre la Sección Notarial y
Judicial, si bien se reunió repositorios de los notarios de Lima y algunos judiciales, un
acuerdo de la Corte Superior permitió que los notarios retuvieran en administración
los archivos de los que habían fallecido, tanto que hubo necesidad del Decreto-Ley
14526, para aclarar esta situación y conseguir que estos archivos pasaran al Nacional.
Sin embargo, su carácter general para toda la República, creaba un centralismo no
recomendable y nada práctico. La Sección Administrativa no llegó a funcionar por
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falta de espacio y de personal. Ordena que los archivos administrativos, con diez años
de antigüedad, pasen al Nacional, lapso excesivamente cortó.
No obstante, se obtiene metas que juzgo de importancia. Existe un personal estable,
que si bien es práctico y no técnico, con excepciones, logra una estimable experiencia
y realiza una labor ecaz, en medio de un presupuesto exiguo, pero presupuesto al
n. En lo material, estantería metálica en un local inadecuado, pero que permite una
presentación decente. Se forman legajos, se ordena, hay una clasicación parcial. Se
crea la Revista del Archivo, que se edita con dos interrupciones, una de las cuales dura
hasta hoy. Todo lo cual signica un notable paso en relación a la época anterior.
De todo lo dicho, llegamos a la conclusión de la verdad dicha por Cisneros: “se han
olvidado de que el Archivo, es una rama de la Administración Pública”. Es verdad
que es una dirección que aparece en el presupuesto. Pero esto es solo válido a partir
de 1920. Es indispensable crear conciencia de la importancia que tienen los archivos
en todos los niveles y en todos los sectores, con el objeto de eliminar el grave per-
juicio que existe de pensar en un archivo como un depósito de papeles y relievar su
signicación como entidad de servicios, a la que se ha hecho referencia al empezar
estas líneas.
Se ha obtenido en este aspecto mejoras importantes, aunque solo sea el comienzo de
una nueva política en materia de archivos, como lo indican el incremento de su presu-
puesto; el cambio de su denominación como Archivo General de la Nación, preludio
de una ley de archivos que debe darse en breve, el proyecto de construir un edicio
apropiado que se está estudiando seriamente, todo lo cual es índice de la preocupación
que existe en la administración pública por el Archivo Nacional.
