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Centenario del Archivo Nacional, 1861-1961
Estimo necesario, en esta oportunidad, historiar panorámicamente los esfuerzos des-
plegados para convertir en realidad la vigencia de la ley de fundación del Archivo
Nacional. Los intelectuales, historiadores e investigadores, en cruzada accidentada y
tenaz, trataron siempre de defender el valioso patrimonio documental peruano, en lu-
cha perenne con la negligencia y falta de civismo que, como puntas de lanza, tendían
a mermarlo y extinguirlo.
Los papeles y documentos de nuestros archivos han corrido la aventura y camino de
las gestas libertarias, y de nuestro agitado y convulso proceso político. Unas oportu-
nidades eran llevados en “sacos” y “carretas”. y otras eran pasto de los incendios tan
frecuentes, y de la falta de cuidado y vigilancia de los encargados de su custodia.
En los albores del período republicano, cuando gobernaba el Perú el presidente de la
República don José de la Riva Agüero, los archivos viajaron al puerto de Huanchaco
de la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad. El libertador Simón Bolívar,
después de la victoria de Ayacucho, dispuso que regresaran a Lima, habiendo cum-
plido esa orden el 26 de marzo de 1826, el prefecto de ese departamento, general don
Luis José Orbegoso. Un año antes, el 26 de marzo de 1825, el cosmógrafo mayor del
Perú, Dr. José Gregorio Paredes, gestionó su guarda y depósito en la capilla del Pala-
cio de Gobierno. El 2 de octubre de 1834, el propio Dr. Paredes denunció que a pesar
de haber prohibición absoluta para extraer documentos de los archivos, se habían re-
mitido al Supremo Tribunal de la Corte Suprema cuatro libros que comprenden copias
de las Reales Cédulas de 1719 a 1768, y originales las de 1799 a 1801. A consecuencia
de las tremendas tempestades políticas desatadas en el país, el Gobierno para evitar
mayores pérdidas ordenó que se guardaran en el Convento de San Agustín.
El 12 de octubre de 1846, el Dr. Juan Manuel del Mar, primer vice presidente, recuer-
da al general Castilla, como presidente de la República, el establecimiento del Archi-
vo General. Por decretos supremos del 14 de setiembre y 14 de diciembre de 1859,
se dispuso la fusión de varios archivos y el nombramiento de una Junta Inspectora,
integrada por el general don Manuel de Mendiburu, Dr. José Dávila Condemarín y el
Dr. José Antonio de Lavalle.
Al glorioso estadista don Ramón Castilla le cupó el honor y gloria de haber propuesto
al Congreso la organización y funcionamiento del Archivo Nacional del Perú, habién-
dose expedido la ley de su fundación el 15 de mayo de 1861, cuyo centenario celebra-
mos con gran alborozo en nuestra propia casa. Solo a partir de la dación de esta ley,
nuestra institución ostenta el nombre de Archivo Nacional del Perú.
En las postrimerías del Gobierno del general Pezet, su ministro de Hacienda, don José
J. Loayza, el 22 de agosto de 1865, insiste en el cumplimiento de la ley de fundación
del Archivo Nacional.
Terminado el conicto internacional del glorioso combate del 2 de Mayo, el Gobierno
del presidente, general don Mariano Ignacio Prado, expidió el gran decreto de 30 de
enero de 1865, dando vigor a la ley de fundación del Archivo Nacional, nombrando
como su primer director al distinguido ciudadano Dr. Santiago Távara Andrade. El
presidente de la República, general don José Balta, el 2 de Julio de 1870 se interesa
patrióticamente por la ejecución de la ley del Archivo Nacional. El año 1872, el pre-
sidente, doctor Manuel Pardo y Lavalle, apreciando la importancia de la institución,