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REVISTA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Historia
Una historia de los archivos
en el Perú decimonónico*
Alberto Ulloa Cisneros**
Con motivo de haberme autorizado el Gobierno para hacer una revisión del Archivo
Nacional, en pos de documentos ilustrativos de las cuestiones de límites que el Perú
sustenta con otros estados, vino a mi mente la idea de publicar esta Revista cuyo valor
solo sabrán apreciar los que conozcan a fondo el estado desvalido, cuando no ruinoso,
de la historia peruana
1
.
Setenta o más años hacía que aquellas cuestiones servían de tema a debates de índole
moderada unas veces, agresiva otras, y aún a conictos o dicultades externas, y a
ninguno de nuestros gobiernos ni de nuestros funcionarios públicos les había ocurrido
la idea de buscar en el más viejo, más vasto y más nutrido depósito de papeles del
tiempo colonial los documentos y datos necesarios a la defensa de nuestros derechos.
En España, en la Gran Bretaña, en Chile o en otros lugares habíamos perseguido re-
ferencias y pruebas que no podían dejar de existir, dadas la tradición y el resultado de
sucesos históricos que inevitablemente debieron realizarse en aquellos tiempos. Solo
los archivos del viejo virreinato peruano dormían profundo sueño de indiferencia pa-
tria, sintiendo en sus entrañas, en sus páginas amarillentas y polvorosas, las carcomas
del tiempo y de los gusanos, como si escrito estuviera que a estas, como las demás
cosas humanas, les cabe aquí igual destino de putrefacción y de olvido.
* Revista de Archivos y Bibliotecas Nacionales, Lima, tomo I, entrega I, pp. XIX-LXXXXII, 1898, bajo
el título: “Introducción”. Para una mayor comprensión del artículo, se modicó el título, de modo que
reejara el contenido, se agregaron subtítulos, pues el texto no contaba con ninguno y se modicó la
numeración de los pies de página, a n de hacerlas correlativas.
** Alberto Ulloa Cisneros (1862-1919), periodista, político y diplomático peruano dedicado también, a
la investigación histórica. Nombrado primer director del Archivo de Límites, formado a instancias
suyas en 1896 en el Ministerio de Relaciones Exteriores, editó la Revista de Archivos y Bibliotecas
Nacionales entre 1898 y 1900. Fue sobrino, también, de Luis Benjamín Cisneros, cuarto director del
Archivo Nacional.
1 Recibí esta autorización del actual gobierno del Excmo. señor don Nicolás de Piérola, siendo ministro
de Relaciones Exteriores el doctor don Enrique de la Riva-Agüero.
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Coneso que fue grande mi asombro cuando, al revisar los millares de paquetes y
legajos que en simulado acomodamiento encierra ese Archivo Nacional, comencé a
tropezar con los preciosos documentos históricos y de otro género que allí se encie-
rran. Vagamente noticiado yo, como todos mis compatriotas, de los éxodos de esa
colección de papeles, apenas me era dable explicarme la existencia de aquel deposito
a través de las vicisitudes del tiempo, y menos aún que se hubiera logrado salvar tan
valiosa porción de documentos históricos, escapándola a la destrucción que parecía
ser su destino
2
.
Los archivos virreinales y su destino tras la independencia
El archivo colonial del Perú debía ser, en rigor, el más abundante, el más rico, el más
variado de los archivos hispanoamericanos. Centro el Perú de la organización terri-
torial y administrativa de la colonia, de él partían y a él reuían todos los mandatos,
todos los despachos, todos los medios necesarios al desenvolvimiento político y social
de las que hoy son repúblicas subcontinentales. Bajo el brazo de Pizarro primero, de
Vaca, de Gasca y de Toledo más tarde, durante el largo período comprendido entre
la conquista y la creación del virreinato de Santa Fe en 1718, la unidad política y
administrativa residió en el de Lima, cuyo jefe –gobernador primero y virrey más
tarde– era el representante absoluto y despótico del soberano, y aquel a quien, como
2 Más adelante se verá cuáles fueron los esfuerzos realizados para la organización del Archivo como
ocina pública y sus diversas vicisitudes, y como débese al patriotismo y al interés cientíco de un
peruano eminente, del general don Manuel de Mendiburu, ampliamente citado en estos renglones, la
salvación de los papeles del archivo que no obstante su estado y sus mermas, forman todavía, colosal,
solidísimo pedestal para nuestra historia. Fue ese escritor el primero en dedicarse al examen de tales
papeles y el primero también en avalorar la urgencia del nuevo establecimiento, sacando partido para
lograrlo de una importante comisión que el gobierno le conara al respecto.
Natural es suponer que el general Mendiburu, dedicado desde su adolescencia a la elaboración de los
trabajos históricos que le han dado renombre, visitara y conociera íntimamente el archivo del virreinato,
el que hubo de suministrarle el mayor caudal de datos e informaciones de esa clase, que se haya pu-
blicado hasta ahora sobre el coloniaje. Estudiando detenidamente los artículos de su gran Diccionario,
especialmente los relativos a los monarcas, a los virreyes y gobernadores, y comparando sus referencias,
enumeraciones y citas con los índices mutilados de la Secretaría de Cámara del virreinato y con otros
papeles que todavía existen en el Archivo Nacional, se ve prontamente, de modo irrefragable, casi po-
dría decirse autentico, el origen de las noticias sobre multitud de acontecimientos, providencias y fechas
que el Diccionario contiene, y que sería tal vez imposible encontrar en otro sitio. No sería por eso te-
merario armar que fue ese Archivo Nacional la fuente más copiosa del preclaro biógrafo e historiador
peruano, quien tuvo la rara y por cierto muy patriótica delicadeza, de no tocar ni distraer uno solo de
los papeles del Archivo. He conocido y examinado personalmente la biblioteca formada por el general
Mendiburu y legada por él a sus hijos, y puedo declarar aquí que, no obstante su abundancia y excelen-
cia, no contenía un solo papel original, de antigua o de reciente data, que perteneciera al Estado. Con
prolijidad, perseverancia y laboriosidad que abisman, el general tomó de cuantos documentos se halla-
ron al alcance de su espíritu infatigable y siempre codicioso de ilustración y de ciencia, cuanto pudo
serle útil para su obra, pero sin incurrir jamás en la vulgar, torpe y egoísta satisfacción de cegar la fuente
donde otros habrían de venir a su vez a recoger la linfa cristalina y purísima de la verdad histórica.
Después del general Mendiburu, otros historiadores, como Odriozola, Palma, Saldamando, González La
Rosa, Zegarra, Ulloa (don José Casimiro), Paz Soldán (don Mariano Felipe), Polo, etc., han aprovecha-
do también los elementos del Archivo, basando en sus papeles informaciones de diversa importancia;
pero han sido pocos de entre ellos los que han tenido oportunidad de vericar una investigación verda-
deramente trascendental, capaz de servir de base a una iniciativa del poder público en favor del Archivo.
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Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
las del Norte al virrey de México, estaban jerárquica y efectivamente sujetas todas las
circunscripciones coloniales del continente sudamericano. Las capitanías generales,
las audiencias, los gobiernos militares o de otra especie que se fueron estableciendo,
o bien quedaron explícitamente comprendidos en los términos del gran virreinato, o
bien, dada la naturaleza de su delegación o mandato y la prescripción de las leyes,
permanecieron en virtual dependencia de los virreyes peruanos, a quienes debían ape-
lar en toda emergencia de superior gobierno y de los cuales debían recibir el auxilio
moral o práctico de que había menester.
Fraccionado políticamente el virreinato, primero en el referido año de 1718 para la
formación del de Santa Fe, y más tarde en 1777 para la creación del que llevó el
nombre de “Virreynato del Río de la Plata”, preciso fue al de Lima poner a cada uno
de los sucesivamente establecidos en posesión de la parte de archivos que le corres-
pondía, como medio de retribuirle el caudal de documentos y antecedentes políticos o
administrativos que debían formar desde entonces su propia y peculiar historia. Pero
ni aquella desintegración política, que preparo la constitución de las actuales naciona-
lidades, rompió denitivamente los vínculos jerárquicos hacia el virreinato peruano,
ni esta división o segregación de papeles, mutiló efectivamente sus archivos en forma
capaz de invalidarlos para la recomposición de sus tradiciones o para impedir que
continuaran atesorando el testimonio de la marcha, rutinaria o progresiva –no es del
caso juzgarlo– del continente entero. Su enorme poder militar, sus riquezas crecientes,
su situación intermedia entre las comarcas del Río de la Plata y de Chile, de un lado,
y las del Nuevo Reino y Caracas, del otro, hicieron indispensable en todo momento
que los virreyes y superiores funcionarios de las circunscripciones segregadas, con-
tinuaran entendiéndose en casi toda materia con el virrey del Perú, al cual, por virtud
de esas circunstancias, no faltó ni un momento, durante los 300 años del coloniaje, la
omnímoda y excepcional representación del monarca. Y he allí por qué, en el momen-
to de la guerra de independencia, como dos siglos antes, los archivos peruanos crecían
o se mantenían enriquecidos con la misma savia que todos los demás.
Yo no armo estas cosas bajo la autoridad de mi palabra, que se ejercita por primera
ocasión en esta clase de asuntos. Los que de ello quieran convencerse, pueden encon-
trar en los anaqueles del Archivo Nacional del Perú, gruesos aunque truncados índices
de los papeles que cruzaban por la Secretaría de Cámara del virrey o que se deposi-
taban en ella, numerosos expedientes de subsidio en el ramo de Guerra, de socorros
y prestamos en el de Hacienda, de información o de deuda en los de Temporalidades,
Policía, Rentas Estancadas, etc.; y allí, en el curso de cada cuaderno, entre el material
administrativo, numérico o lexicográco, la referencia histórica de la época y no po-
cas veces también la génesis, la exposición y el comentario de los principales sucesos.
¡Lástima y muy grande es que aquellos datos cuidadosamente apuntados, aquellas
largas listas de reales cédulas, aquellos expedientes, recursos, órdenes, etc., no hu-
bieran merecido a su vez una recolección apropiada! Ellos habrían sido una clave, si
no histórica, cuando menos cronológica y ocinística, muy útil para guiarnos en la
reconstitución del archivo.
Mucho he perseguido, aunque sin éxito, conocer la manera como se efectuó la des-
membración del archivo peruano para establecer el de Santa Fe, a n de medir la
importancia de las primeras mutilaciones. No existe huella alguna al respecto, sin que
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esto me permita establecer que tal desmembración no se llevó a cabo, porque a poco
de caminar entre los papeles del archivo, se nota la desaparición sistemada de cuanto
concernía a aquel virreinato y a su presidencia de Quito. ¿En que época se realizó
aquello? ¿Fue en 1718? Entonces, ¿qué suerte corrieron aquellos papeles durante el
interregno de 1722, en que el virreinato de Santa Fe fue suprimido, a 1738 en que
volvió a constituirse en forma denitiva y estable? Es esta la ocasión de pedir a los
hombres de letras de la vecina Colombia los datos que pudieran darnos sobre aquellos
hechos.
No diré lo mismo respecto de la separación de papeles efectuada para formar los ar-
chivos del virreinato del Río de la Plata. El virrey marqués de Guirior, al hablar de la
manera cómo se llevó a cabo la segregación política y la constitución de aquel virrei-
nato, decía, en la memoria de su gobierno que corre publicada a f. 3 del tomo tercero
de las Relaciones de los virreyes y audiencias que han gobernado el Perú –Sebastián
Lorente, Madrid, 1872– las siguientes palabras:
107. —Los papeles están separados con el prolijo examen que se había me-
nester para que ni allá faltara alguno necesario, ni aquí se extrañase en algún
tiempo el defecto de cualquier documento que pudiera ser importante; despa-
cháronse doce cajones de ellos en el correo inmediato, y mayor número des-
pués a custodia del Contador del Tribunal Mayor, don José Antonio Hurtado
y Sandoval, uno de los ministros escogidos para servir aquel empleo en el de
Buenos Aires, adonde se condujo oportunamente por el reino de Chile.
Repito que, no obstante estas gruesas subdivisiones, no decrecieron en importancia
y amplitud los archivos peruanos del coloniaje. Fueron las mutilaciones posteriores,
ocasionadas por el abandono, inspiradas por el crimen o practicadas entre la embria-
guez del odio y de la guerra, las que han destrozado, rigurosamente hablando, ese
colosal monumento de la conquista y de nuestra historia. No quiere esto decir, sin em-
bargo, que solo quede en la actualidad, en nuestras manos, montón informe e inapro-
vechable de viejos papeles. Por el contrario: aún tenemos ancho caudal para el estudio
y la investigación histórica en los diversos ramos de la administración y de la política
preindependiente, así como para reconstruir en casi todos sus detalles la gloriosa epo-
peya que nos hiciera autónomos y republicanos. Pero cuando se ha escudriñado uno a
uno aquellos legajos y se ha tropezado casi a cada momento, ya con el retazo de una
cédula insigne, ya con los despojos de narraciones de servicios incomparablemente
valiosas, de informaciones, de compulsas o de expedientes, todo ennegrecido, des-
garrado, podrido y trunco, no puede uno menos de abismarse ante ese desmedro, de
lamentar semejante atentado de lesa civilización y de lesa historia y de preguntarse a
uno mismo: ¿qué se ha hecho aquella fuente copiosa de la historia patria; qué aquellos
famosos cedularios reales, aquellos libros de provisiones, aquellos autos de visita y
tasa de indios, aquellas mercedes, donaciones y repartos de tierras que marcaron la
primitiva división rural y urbana de la colonia? ¿dónde están las actas de fundación de
nuestras ciudades; dónde los libros copiadores de las órdenes y de la correspondencia
de los virreyes con las autoridades inferiores, con el Supremo Consejo de las Indias,
con el monarca mismo; dónde, en n, los innúmeros despachos y comunicaciones, ya
periódicas, ya eventuales, en que los funcionarios todos daban noticia de los hechos
normales o extraordinarios de su respectiva circunscripción?
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Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
La mayor parte de eso ha desaparecido. Colecciones enteras de documentos y libros
se han esfumado. De los papeles más valiosos e interesantes no queda casi ni huella.
No resta, por ejemplo, en materia de cedularios reales, en esos archivos del Estado,
propiamente dichos, sino el formado por el Real Tribunal del Consulado de Lima, en
la epoca de su creación
3
y que abarca once gruesos tomos en el orden siguiente:
N° 1: años 1613 a 1670 – Cédulas originales
N° 2: años 1613 a 1687
N° 3: años 1647 a 1682
N° 4: años 1664 a 1737
N° 5: años 1593 a 1680 – Simple testimonio o compulsa
N° 6: años 1652 a 1682
N° 9: años 1729 a 1768
N° 12: años 1789 a 1791
N° 13: años 1792 a 1795
N° 14: años 1796 a 1800
N° 15: años 1801 a 1805
Este cedulario se conserva hoy en el Archivo de Límites, anexo al Despacho de Rela-
ciones Exteriores. Faltan allí, como se ve a primera vista, los tomos 7, 8, 10, 11, 16 y
siguientes, de los cuales solo se conoce la existencia de los números 16 y 17. Estos se
hallan en la Sección de Manuscritos de la Biblioteca de Lima, bajo los números 224
y 182 de dicha sección
4
.
La importancia de este cedulario es alguna, aunque muy inferior, sin duda, a la que
tendrían en nuestros días los del virreinato y de la Audiencia de Lima. Especializadas
3 La creación del Real Tribunal del Consulado de Lima fue autorizada por Real Cédula de Felipe II
fechada en Madrid el 29 de diciembre de 1593, pero demoróse en la práctica durante diez y ocho años
hasta que, en 1613, un grupo de vecinos y comerciantes de la ciudad solicitó y obtuvo del virrey don
Juan de Mendoza y Luna, virrey de Montesclaros, el permiso de reunirse para tratar y resolver tan im-
portante materia. Vericáronlo así en el convento de Nuestra Señora de las Mercedes, el 23 de enero de
dicho año de 1613, y después de nombrar escribano a Christóval de Vargas, designaron a don Miguel
de Ochoa, don Pedro González Refolio y don Juan de la Fuente Almonte para que se encargaran ante
el virrey y demás autoridades, de todo lo concerniente a la ejecución del propósito. Con fecha 21 de
febrero siguiente, el supradicho virrey marqués de Montesclaros, previa general y especialísima junta
compuesta de los miembros de la Real Audiencia, de los contadores del Tribunal de Cuentas, de los
ociales de Real Hacienda y de otros funcionarios, expidió provisión facultando a los “mercaderes” de
Lima a organizar el Real Tribunal en la forma y condiciones puntualizadas en ella.
El Tribunal del Consulado funcionó permanentemente durante el coloniaje y, aunque al fenecer ese ré-
gimen, fue suprimido en 1822 y reemplazado con una Cámara de Comercio, fue restablecido muy luego
por ley de 29 de noviembre de1829. A partir de esta fecha, ha durado sin interrupción hasta 1886, en que
fue suprimido denitivamente por ley de 21 de octubre de ese año, entregándose a los jueces del fuero
común la jurisdicción ejercida por aquel Tribunal. –G. Calderón, Diccionario de legislación peruana, y
Ribeyro, Anales judiciales del Perú,
4 No obstante el prolijo examen de los libros, es difícil llegar a explicarse qué motivos indujeron al Real
Tribunal del Consulado de Lima a mezclar en los volúmenes o pergaminos numerados en aquella forma,
cédulas y reales órdenes de años correspondientes a otros volúmenes, introduciendo así una gran con-
fusión cronológica en dichos libros. A mi juicio, ello no provino sino de la intermitencia e imperfección
con que se formaban las colecciones, dejando sin clasicar sobrados papeles que, al encontrarse más
tarde, había necesidad de incrustarlos en los posteriores volúmenes.
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las materias en las diversas cédulas, como anteriormente se dijo, las dirigidas al Tribu-
nal del Consulado no podían versar sino sobre materias comerciales, que eran las que
aquel Tribunal conocía. Es, con todo, el cedulario en cuestión, vasto y nutrido campo
de informaciones sobre la marcha nanciera de la administración española, sobre el
estado del comercio y de las nanzas públicas y privadas en aquellos tiempos y sobre
todas las cuestiones conexas con el poder económico del Perú colonial.
Pero ya que me ocupo de ese notable cedulario, permítaseme hablar también del
de la Real Audiencia del Cuzco que, como se sabe, apenas fue organizada en 1788,
año y medio después de su creación
5
, comprendiendo por lo mismo un periodo de
tiempo relativamente muy corto, que fenece en las postrimerías de la guerra de la
independencia, cuando la necesidad de unicar el mando militar en las provincias
del sur y del Alto Perú determinó su virtual eliminación. Ese cedulario existe em-
pastado en siete u ocho volúmenes de la mencionada Sección de Manuscritos de la
Biblioteca de Lima.
La época que corresponden esos reales mandatos, si bien permite señalarlos como
interesantes desde el punto de vista de la historia administrativa y política de la penín-
sula en aquellos tiempos, no remotos aún, durante los cuales hubo de ensayarse en ella
los más opuestos y variados sistemas de gobierno, y realizarse los más caprichosos y
lamentables sucesos de la historia española, no coloca esos papeles –para nosotros los
peruanos– en la categoría de los más útiles e interesantes. Desde la famosa rebelión
de 1780, hecha y dirigida por José Gabriel Condorcanqui (el segundo Túpac Amaru),
hasta 1825, la nota altísima de la historia peruana es el movimiento insurreccional que
nos condujo en breve a la independencia: los demás acontecimientos palidecen ante
los detalles y vicisitudes de aquella magna evolución; y poco, muy poco es, por des-
gracia, lo que el cedulario de la Audiencia del Cuzco contiene sobre aquellos sucesos.
Son numerosos, en cambio, los papeles ociales y de otro orden, que se conservan en-
tre nosotros, en el Archivo Nacional mismo, entre los propios legajos de la Audiencia
del Cuzco, y en otros lugares, sobre tales acontecimientos que se realizaron, por lo que
aquella Audiencia respecta, en el sur y en el Alto Perú durante aquel período de 1780 a
1825, en que los ejércitos libertadores del Perú y Colombia dieron n a la dominación
española en dichas provincias.
Agregaré que en los archivos privativos del Arzobispado y del Cabildo de Lima exis-
ten también cedularios, propios, de los cuales me parece bastante completo el segun-
do, pero tristemente mutilado el primero. El del Cabildo alcanza a contener treintaitrés
volúmenes, cada uno de los cuales encierra, aproximadamente, trescientas cédulas. Ya
hablaremos más extensamente de esos papeles.
5 La Audiencia del Cuzco fue creada por Real Cédula de 3 de mayo de 1787, expedida por el rey don
Carlos III en la villa de Aranjuez, teniendo en mira “el mayor honor y decoro de la ciudad del Cuzco,
antigua metrópoli del imperio del Perú y evitar los graves perjuicios y dispendios que se originan a
mis vasallos habitantes de ella, y sus provincias inmediatas, de recurrir en sus negocios por apelación
a mis reales audiencias de Lima y Charcas”. El primer regente de la Audiencia, doctor don Joseph de
la Portilla, que hasta entonces había sido oidor de la de Lima, hizo su entrada en aquella ciudad el día
24 de junio de 1798 y el sello real fue ceremoniosamente recibido el día 3 de noviembre siguiente. La
Audiencia quedó instalada el día 4 y las estas que se celebraron en su honor duraron hasta el 11 de
diciembre siguiente. –Relación de la fundación de la Real Audiencia del Cuzco, por el doctor Ignacio
de Castro. Madrid MDCCXCV.
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Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
Los demás cedularios reales han desaparecido: el del virreinato, el de la Audiencia, los
de las ocinas de Real Hacienda y hasta los parciales que existían en las gobernacio-
nes y provincias. Nadie sabe qué suerte han tenido.
Apenas se concibe más uniformidad en el destino infausto de las cédulas y órdenes
del soberano. Los menos versados en el mecanismo administrativo de la colonia saben
que esas cédulas se expedían en pluralidad de ejemplares, igualmente originales y por
ende auténticos. Se dirigía una cédula a cada uno de los funcionarios o instituciones
afectadas por las reales medidas, llamadas a entender en su ejecución, u obligadas a
instruirse de tales disposiciones. Estas diversas cédulas se expedían, a su vez, en doble
o triple ejemplar para suplir pérdidas o extravíos y una vez llegadas a su destino, cada
ocina tenía el deber de juntarlas en libros especiales que eran anualmente revisados,
empergaminados e inventariados. Además de esto, existía la obligación de copiar las
cédulas y provisiones reales en libros especiales, preparados al efecto, los que reci-
bían el nombre de “testimonio” o “compulsa”. En consecuencia, los cedularios reales
eran verdaderamente abundantes, puesto que cada ocina tenía, aparte de la colección
original, una copia. El contenido no era idéntico en todos los casos, desde que las pro-
videncias se especializaban en los diversos ramos del servicio, según ya lo dije, pero
las colecciones eran igualmente efectivas y obligatorias en las diferentes ocinas.
Ello, no obstante, la expoliación o la destrucción se ha realizado y los incomparables
autógrafos no han de reponerse jamás.
Es indudable que uno, por lo menos, de tales cedularios, pereció en el incendio del
Tribunal de Cuentas de Lima, la noche del 6 de diciembre de 1884. Entre los des-
pojos manuscritos de dicho incendio, arrojados días más tarde a los muladares de
Lima, o tristemente vendidos por quintales a los traperos de la ciudad, recogieron
algunos coleccionistas restos de aquellos libros copiadores de cédulas, que yo he
tenido entre mis manos. Existe en la actualidad, por rara circunstancia también,
en el Archivo de Límites, un fragmento importantísimo, que contiene nada menos
que la cédula originaria de erección del virreinato y Audiencia de Lima, de 20 de
noviembre de 1542, cédula que, según mis noticias, no ha sido encontrada antes en
lugar o colección alguna.
Pérdidas son todas ellas muy sensibles, por cierto, pero incomparablemente insigni-
cantes en relación con la de aquel archivo de la Secretaría de Cámara del virreinato, de
que antes hablara, verdadera matriz de la marcha administrativa, económica, social y
política de estos reinos. Otro tanto podría decir del archivo y papeles de la Audiencia
de Lima. Ambos constituían la parte más valiosa del tesoro en que venimos ocupán-
donos, y ambos han sido también los que más mermas y expoliaciones han sufrido
desde el siglo pasado hasta ahora.
El profundo desdén de los aristocráticos señores de la colonia hacia los países y los
hombres que habían gobernado y esquilmado a la vez, cuando no un sentimiento de
despecho vulgar por los sucesos que motivaban su alejamiento, indujo, sin duda, al
oidor de la Real Audiencia de Lima, don Benito de la Mata Linares, a apoderarse de
la parte más notable del archivo de aquella Audiencia
6
, al embarcarse para Buenos
6 Es el general Mendiburu, citado anteriormente, quien ha vulgarizado la noticia de este hecho en su
“Catálogo de las obras y manuscritos que deben consultarse para la historia de la América Latina y
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Aires en 1787 cuando fue designado para oidor de la Audiencia de ese nombre. No se
conoce el aprecio que los reyes de España harían de este acto vulgar e indigno de tan
conspicuo magistrado, ni las peripecias de aquella colección de papeles desde su sali-
da de nuestras playas. Tampoco se ha escudriñado la forma en que el pillaje se realizó,
ni los medios de que se valiera el oidor Mata Linares para efectuarlo; pero los que de
tiempo antiguo visitan los archivos de la Academia de la Historia, en Madrid, habrán
contemplado, examinado y tal vez copiado esa preciosa colección de documentos
coloniales peruanos que lleva su nombre.
No me atrevería a armar que fue esta la señal para una serie de sustracciones en los
archivos peruanos, proseguida con relativo tesón y sistema en las postrimerías de la
colonia; pero el espíritu se inclina a las más sugestivas y penosas consideraciones
cuando, recorriendo los catálogos de los archivos mismos, de Madrid, de Londres,
Berlín, París y otros lugares, se tropieza en ellos con documentos genuinamente pe-
ruanos por su origen, por su destino y hasta por la ejecución que aparecen haber reci-
bido en nuestro propio suelo. ¿Cómo emigraron de aquí esos papeles? ¿En alas de que
alisios traspusieron los mares para acomodarse en esas preciosas colecciones de don
Juan Bautista Muñoz, de don Felipe Bauzá, de Lord Kingsborough, etc., que fueron
más tarde a engrosar los anaqueles de la Academia de la Historia, del British Museum
y de otros establecimientos análogos? ¿Ocurrió acaso que cada magistrado español, al
sentir herido de muerte su poder y su cetro en la refriega de la independencia, resolvió
alzar consigo la custodia que se le conara? No podría armarlo por el momento. Tal
vez encuentre más tarde la clave de tales enigmas.
Sea de ello lo que fuere, los informes que personalmente he recogido me permiten
armar que cuando las armas victoriosas de la Revolución fundaron entre nosotros la
República, dando campo al gobierno del Generalísimo don José de San Martín, tanto
el gran archivo de la Secretaría de Cámara del virreinato como el de la Audiencia,
se encontraban en magnícas condiciones y era poco, relativamente poco, lo que se
había destruido de ellos.
No es posible explicarse como el general San Martín, quien apenas constituido en
Lima dispuso por decreto de 28 de agosto de 1821 el establecimiento de una Biblio-
teca Nacional, y poco después la de un Museo de objetos y colecciones naturales e
históricas, olvidara legislar también sobre los archivos coloniales, testimonio palpi-
tante y vivísimo del régimen por él derribado, y muy especialmente sobre el archi-
vo virreinaticio encerrado, hasta entonces, en el viejo Palacio de Gobierno de Lima.
Ningún dato, ninguna referencia he encontrado sobre la materia entre los no escasos
papeles que quedan del período de la independencia, ni en la colección de decretos
expedidos, tanto por el Protector
7
, como por el soberano Congreso Constituyente de
1822, tan cuidadosamente formada e impresa en Lima por aquel entonces
8
; ni en el
libro por todo extremo notable y minucioso de los doctores Obín y Aranda
9
, ni en las
particularmente del Perú”, a f. XVII, tomo 1º del Diccionario histórico biográco del Perú. Véase allí
“Matalinares, D. Benito”.
7 Nombre que se atribuyó el mismo San Martín por decreto de 3 de agosto de 1821.
8 Colección de leyes y decretos sancionados desde la jura de la independencia. Lima 1825. Tomo 1º.
Decretos del gobierno provisional. –Tomo 2°. Decretos del soberano Congreso.
9 Anales parlamentarios del Perú, por Manuel Jesús Obín y Ricardo Aranda. Lima, 1895. Tomo 1º (único
publicado).
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Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
colecciones de leyes, decretos y actos ociales de Quirós, de Nieto y de Oviedo, ni en
parte alguna, en n, donde pudiera haberse dejado huella de tal circunstancia.
Conviene dejar constancia de esto, para que otros más eruditos aclaren el punto o
llenen el vacío que yo señalo, pues es hecho ciertísimo que en aquel primitivo período
de nuestra vida independiente, bien por disposición del general San Martín, bien por
la de algún otro de los gobernantes de entonces, el archivo de la Secretaría de Cámara
del virreinato, a par que el de la Audiencia de Lima, pasaron a depositarse en el con-
vento de San Agustín de esta ciudad. El doctor don Ricardo Aranda, persona versada
como pocas en el manejo de los viejos papeles peruanos, cree tener fundamento para
suponer que el primer éxodo de aquel archivo tuvo por causa inmediata, y acaso justi-
cada, el incendio ocurrido en el Palacio de Gobierno el año de 1822. Mis personales
informaciones me permiten dudar de que en tal fecha, con tal motivo y a tal lugar pa-
saran los papeles del virreinato. Antes bien, parece que ellos fueron trasladados en pri-
mer término al convento de Santo Domingo, más inmediato al Palacio de Gobierno,
y que esa traslación vericóse en una de las varias ocasiones en que las autoridades,
ya realistas, ya independientes, abandonaron Lima, obedeciendo a las necesidades de
militar estrategia de lo que ahora llaman nuestros amigos los escritores de la península
“la guerra separatista del Perú”.
De todos modos, los papeles del virreinato y de la Audiencia salieron efectivamente
de sus viejos asilos, y fueron a vivir largo tiempo de abandono, cuando no de ultraje,
en las húmedas y cavernosas viviendas del convento de agustinos de Lima; y allí ha-
brían permanecido sabe Dios cuántos años si el espíritu investigador y civilizado del
señor general don Manuel Mendiburu no hubiera ido a buscar en los secretos de tan
preciosas colecciones el caudal histórico que necesitaba para sus obras.
Los que conocimos el Archivo Nacional antes de la guerra con Chile, es decir, antes
de su último deplorable descuartizamiento, pudimos comprobar, sin embargo, que,
aún antes de que la acción del general Mendiburu se extendiera sobre aquellos pa-
peles, los regulares bajo cuya custodia se encontraba el archivo, o las personas que,
aparte de ellos, ocuparon el convento estable o transitoriamente, no tuvieron por el
sagrado y valioso depósito de nuestra historia, el interés que era natural suponerles.
Millares de expedientes aparecían y aparecen hoy mismo brutalmente truncados o
mutilados, para satisfacer la necesidad de una hoja de papel cualquiera; otros reve-
laban bien claramente la huella de la humedad del lugar o del rincón en que estaban
tirados; y no menor número se veían en la imposibilidad de disimular las mermas
producidas por el polvo y la luz en los caracteres y por los ratones e insectos en el
papel. Una tradición vulgar establece que durante el acuartelamiento de uno o de
varios batallones del Ejército, formado por el general Salaverry en 1835 con el
propósito de sostener su dictadura, se aprovechó y usó de los documentos del Ar-
chivo para componer los cartuchos de pólvora que formaban entonces la dotación
del soldado. No he hallado, sin embargo, en ninguno de los papeles o documentos
de la época, la comprobación de un aserto que, en medio de todo, no me permitiría
calicar de inverosímil
10
.
10 En épocas anteriores, cuando todavía eran usados en el país el fusil llamado de chispa y el Minie, era
fácil comprobar el destino idéntico que, en efecto, se daba en ocasiones extraordinarias a los papeles
manuscritos que se reputaban inservibles.
22
Alberto Ulloa CisnerosRev Arch Gen Nac. 2020; 35: 13-61
Creación y primeros años del Archivo Nacional
Fue solamente en 1859 cuando, utilizando la inuencia y la elevada posición política
de que entonces gozaba, el general don Manuel de Mendiburu sugirió al Gobierno del
general Echenique la idea de organizar el Archivo Nacional, reuniendo con tal objeto
los diversos archivos de la colonia y tomando por base el que existía depositado en
el convento de San Agustín. Resultado de su empeño fue el decreto gubernativo de
14 de setiembre de dicho año de 1859
11
, que estableció una comisión compuesta del
mismo general Mendiburu, del administrador de la renta de Correos, don José Dávila,
y del síndico de la Municipalidad de Lima, don José Antonio de Lavalle, a los cuales
encargó el Gobierno proponer las medidas necesarias a la organización del Archivo.
En vano he perseguido en los libros y legajos del Ministerio de Instrucción Pública,
en los del Congreso, en las memorias ministeriales de la época, en las bibliotecas
particulares del general Mendiburu y de las demás personas que intervinieron en el
asunto, las huellas de aquella importantísima comisión
12
. Nada, absolutamente nada,
11 “Lima, setiembre 14 de 1859. –Siendo importante la conservación de los antiguos archivos del Perú
y que se aprovechen los considerables datos que contienen en materias históricas, económicas y po-
líticas; deseando el Gobierno que cuanto antes se consiga el depósito ordenado de esos documentos
para los usos a que están llamados en benecio público; se resuelve: 1.° procédase al establecimien-
to de un Archivo Nacional, que estará a cargo y bajo la responsabilidad del jefe que se nombre al
efecto con los ociales accesorios, debiendo ser todos elejidos de entre las personas que gravan al
erario en las listas civil y militar, hasta que, dándose cuenta al Congreso, delibere sobre la creación
de estas plazas y su estabilidad; 2.° nómbrase una comisión compuesta del general don Manuel de
Mendiburu, del administrador general de la Renta de Correos, don José Dávila; y del síndico de la
Municipalidad de esta capital, don José Antonio de Lavalle, quienes propondrán al Gobierno el local
conveniente y vericarán la reunión de los antiguos archivos del virreinato, intendencias, Tempora-
lidades, ramos y establecimientos supresos y de los demás depósitos de papeles antiguos que existen
y no corresponden al giro administrativo y peculiar de las ocinas y dependencias del Estado; 3.°
dicha comisión formará el reglamento que haya de regir en el Archivo Nacional y lo someterá al
examen y aprobación del gobierno, comprendiendo en él el sistema que debe seguirse para el acopio
de noticias y documentos de interés público que deban reunirse, por lo que hace a la época posterior
a la independencia del Perú y a lo sucesivo; 4.° trabajará igualmente la instrucción que convenga
observar para el régimen interior y método de labores del Archivo, así para su organización como
para su manejo posterior. Dense las órdenes necesarias al cumplimiento de esta disposición, que se
comunicará a quienes corresponda. –Rúbrica de S.E. –Morales”.
12 He tenido en mi mano, hace algo más de un año, copia de un importantísimo informe expedido por
aquella comisión sobre sus labores en el Archivo. Cometí la imperdonable ligereza de extraviarlo y he
de resignarme a que posteriores indagaciones lo vuelvan a poner en mis manos. Ese informe es, sin
duda alguna, el mismo que en la sesión del 16 de enero de 1861 leyó a la Cámara de Diputados el H.
representante don M. Loli, y del cual da cuenta el Diario de los debates de aquel año reproduciendo,
entre otros, los siguientes conceptos del señor Loli: “Con el propósito de manifestar mejor y con más
detención la conveniencia del establecimiento que tratamos de fundar, voy a leer el informe que, con el
mismo n expidió una comisión formada de tres personas muy respetables en la materia. En el informe
de que va a enterarse la Cámara, se hace ver la importancia de los documentos que tiene la República el
estado de abandono y olvido vergonzoso en que se hallan y las ventajas incalculables que resultaran de
su acopio y conservación metódica y ordenada” (leyó un informe muy extenso a este respecto). –Diario
de los debates del Congreso ordinario del año de 1860. Lima, Imprenta de El Comercio, por José María
Monterola, 1861. F. 450 y siguientes.
El temor de que la memoria me sea inel al ocuparme del documento en cuestión, me obliga a abste-
nerme de extender mis referencias sobre él. Bástame indicar que el contenía el mayor caudal de datos
conocidos y recopilados sobre el Archivo del virreinato, que nadie, dados los sucesos posteriores,
podría volver a juntar. Los tres señores que rmaban aquel informe murieron hace ya algunos años: el
23
Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
me es posible publicar, por el momento, de sus trascendentales labores; pero que las
realizo con actividad y provecho, es cosa que no me ofrece duda de ningún género,
puesto que un año después, el 15 de diciembre de 1860, el ministro de Gobierno, Obras
Públicas y Policía daba cuenta al Congreso, a la sazón reunido, de la creación del
Archivo y señalaba como único obstáculo para su establecimiento la falta de un local
adecuado
13
.
Pero no debió ser este, en realidad, el único obstáculo, porque al mismo tiempo que el
ministro se expresaba en ese sentido, los diputados don Mariano Loli, don José de la
Riva Agüero y don Pablo A. Arana presentaban un proyecto de ley para el denitivo
establecimiento del Archivo, el cual, discutido en las dos cámaras en las sesiones del
6, del 24 de enero, y del 15 de febrero de 1861, dio origen a la ley de 15 de mayo del
mismo año
14
, en que se determinan los papeles que deben componer dicho Archivo,
señor general Mendiburu en 1883, el señor Dávila Condemarín en 1885 y el señor Lavalle en 1893.
13 “En los antiguos archivos del virreinato, intendencias, temporalidades, y otros establecimientos de la
época del gobierno español, existen confundidos, en lamentable abandono, documentos importantes
que, en materias históricas, económicas y políticas, contienen datos interesantes que deben clasicarse,
ordenarse y conservarse con escrupuloso esmero, porque en ellos están consignados los hechos histó-
ricos de nuestra patria, y de ellos debe servirse el historiador para trasmitir con exactitud estos hechos
a la posteridad. Es, pues, un deber del gobierno conservar estos documentos; y para llenarlo, dispuso
en 14 de setiembre del año próximo pasado (documento Nº 16) que se estableciera en esta capital un
Archivo Nacional, a cargo de un jefe con los ociales necesarios, elegidos de entre las personas que
gravan al erario, mientras que vosotros deliberáis lo conveniente sobre la creación de estas plazas. Se
ha nombrado, también, una comisión compuesta de tres personas de acreditada capacidad y reconocido
celo, para que se encargase de reunir los expresados documentos en el local que designe el gobierno y
forme el reglamento que deba rejir en el Archivo Nacional y la instrucción necesaria para su organiza-
ción y manejo. Pero la falta de un local a propósito para establecer este Archivo, no ha permitido hasta
ahora la realización de tan importante como urgente medida. En ninguna parte estaría mejor colocado
que en un departamento del edicio que ocupa la Biblioteca Nacional. Cuando se concluya un nuevo
salón a ella destinado, quedará, tal vez, un lugar aparente para el Archivo. Dignaos, en cuanto de vos
depende, allanar estas dicultades o autorizar al gobierno para que las remueva, haciendo los gastos
que sean indispensables”. –Memoria que el ministro de Estado en el departamento de Gobierno, Obras
Públicas y Policía presenta al Congreso ordinario de 1860. Lima, Tipografía de Justo Montoya, 1860.
14 “Ramón Castilla. Presidente de la República. –Por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente: El
Congreso de la República Peruana, considerando: Que es conveniente crear un archivo donde se de-
positen los documentos históricos y ociales de la nación y se acopien los datos estadísticos de más
importancia. –Ha dado la ley siguiente: –Artículo 1.° Se establece el Archivo Nacional, compuesto de
los del virreynato y acuerdo, antiguo Tribunal de Cuentas, tesorería general, Temporalidades y otros
ramos, ahora existentes en el convento de San Agustín; de los manuscritos históricos que se conservan
en la Biblioteca, de los papeles históricos, y estadísticos de las antiguas cajas reales; de los archivos que
tenían los corregimientos, subdelegaciones e intendencias de provincia; y de los documentos y crónicas
que haya en los archivos de las órdenes religiosas, comunidades y establecimientos de instrucción y
benecencia. –Artículo 2.° Los archivos de las intendencias, subdelegaciones y demás mencionados en
el artículo 1.°, se trasladarán con la mayor seguridad y esmero, separando únicamente la parte judicial
y todo lo relativo a intereses particulares que quedarán como actualmente se hallan. Los papeles que
no pudiesen conseguirse originales en los archivos de las órdenes religiosas y otros particulares, se
copiarán por cuenta del Estado. –Artículo 3.° Los prefectos cuidarán de remitir anualmente al Archivo
Nacional los datos y relaciones de todo acontecimiento notable que ocurra en el territorio de su mando.
–Artículo 4.° Para el servicio de la ocina habrá un director, un archivero y cuatro amanuenses. La di-
rección será cargo gratuito; el archivero tendrá un sueldo de dos mil pesos ($ 2 000), con la obligación
de prestar una anza que determinará el gobierno; y los amanuenses gozarán el haber de seiscientos
pesos anuales ($600) cada uno. –Artículo 5.° El Ejecutivo expedirá las órdenes convenientes para la
pronta instalación del archivo, señalando al efecto el lugar que creyere más adecuado; y dará un re-
24
Alberto Ulloa CisnerosRev Arch Gen Nac. 2020; 35: 13-61
y se jan los empleados y los sueldos con que deben dotarse. Llaman la atención en
aquella ley, las dos circunstancias siguientes: 1.
a
la de ordenarse la recolección de los
manuscritos históricos existentes en la Biblioteca de Lima, lo que, en mi concepto,
era inmotivado siempre que no se tratase de documentos con carácter ocial y de pro-
piedad del Estado y 2.
a
el que no se determinase entre los archivos por recoger los de
las audiencias coloniales de Lima y Cuzco. A esta última omisión dio, sin duda, lugar
el debate parlamentario de que hago mención, en el cual se controvirtió con cierto
apasionamiento la conveniencia de trasladar a Lima los archivos que tenían carácter
judicial
15
.
Pero la fatalidad debía continuar persiguiendo a los archivos de que me ocupo. Ya en
1862 el ministro de Justicia, a cuyo despacho había pasado poco antes la supervigi-
lancia del proyectado establecimiento, anunciaba a las cámaras en su memoria admi-
nistrativa del año las razones que habían imposibilitado la instalación del Archivo, a
despecho de la ley y del decreto original de su creación
16
. Parece mentira, pero todavía
en mayo de 1863 el personal del Archivo no se encontraba totalmente provisto
17
y los
empleados designados con anterioridad, prestaban sus servicios en el ministerio del
ramo, a n de no gravar inmotivadamente al Estado.
Los vaivenes de la política nuestra habían de reejarse también sobre la desventurada
colección de papeles del virreinato, haciéndolos objeto de las represalias a que las
pasiones de ese género conducen en este, como en otros países, aún a los hombres
glamento para el sistema de labores, conservación del establecimiento, quedando facultado para hacer
los gastos que fueren necesarios. –Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario a
su cumplimiento. –Dada en Lima, a 10 de mayo de 1861. –Miguel del Carpio, presidente del Senado.
–Antonio Arenas, presidente de la Cámara de Diputados. –José H. Cornejo, secretario del Senado. –
Evaristo Gómez Sánchez, diputado secretario. –Por tanto; mando se imprima, publique y circule, y se
le de el debido cumplimiento. –Dado en la casa del Supremo Gobierno en Lima a quince de mayo de
mil ochocientos sesenta y uno. –Ramón Castilla. –Juan Oviedo”.
15 En este debate, ocurrido en la fecha antes mencionada de 16 de enero de 1861, el diputado Barco,
apoyado por sus colegas los señores Belaunde, León, Beraún, Béjar y otros, se opuso a que se com-
prendieran en el Archivo Nacional los documentos particulares de los ayuntamientos, escribanías y los
demás referentes a la administración de justicia en los corregimientos y audiencias de la colonia. En
vista de tal oposición, se convino al redactar la ley en suprimir esa clase de papeles, y en exceptuar por
consiguiente los archivos de los cabildos, audiencias, etc., disponiéndose a la vez, como medio de con-
ciliar las diversas exigencias, que el Estado hiciera copiar todos aquellos documentos “que no pudiesen
conseguirse originales en los archivos de las órdenes religiosas y otros particulares”.
16 “El Archivo Nacional, mandado formar por la citada ley de 15 de mayo de 1861, debió establecerse
en los salones altos de la Biblioteca, como el local más cómodo y que presta mayores garantías para la
custodia de los documentos que en el deben depositarse. Cuando ya se había formado el presupuesto de
lo que se gastaría en la preparación de ese local, un incidente impidió que se efectuara la obra. Sin que
hubiera ocurrido ningún movimiento de tierra, ni otra causa extraordinaria, se derribaron las paredes de
dos piezas bajas, y en su ruina arrastraron las habitaciones del bibliotecario; hallándose a continuación
de estas las que se destinaron para el Archivo Nacional, han sufrido algún deterioro, que demanda una
reparación formal. Hago referencia de este suceso, no solo para manifestar la razón por la que no ha
sido establecido el Archivo, sino también para demostrar el mal estado de aquel edicio y la urgencia
que hay de refaccionarlo”. –Memoria que presenta el ministro de Justicia, Instrucción y Benecencia
al Congreso Nacional de 1862. Lima, Imprenta de La Época por J.E. del Campo, 1862.
17 Con fecha 23 de mayo de 1863, el gobierno expidió un decreto completando el número de amanuenses
del Archivo designado por el art. 4° de la ley de 1861 y dispuso que prestaran “sus servicios en el mi-
nisterio del ramo, mientras se establece el Archivo”. Un año después, el 4 de mayo de 1864, nombraba
al primer director del Archivo, designando para ese puesto al doctor don Santiago Távara.
25
Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
más distinguidos de nuestras falanges intelectuales y cultas. No de otro modo cabría
explicarse el decreto expedido por el gobierno dictatorial de 1865, con fecha 29 de no-
viembre –cuatro días después de la ocupación de Lima por las fuerzas revolucionarias
de los generales Prado y Canseco– suprimiendo el Archivo Nacional o, hablando con
más propiedad, disponiendo la no realización del todavía proyectado establecimien-
to
18
, lo que equivalía a la ruina de aquellos papeles.
Así habrían continuado indenidamente abandonados dichos archivos, si una vez
anulados en 1868 los actos del Gobierno dictatorial, el ministro de Instrucción Pública
de la Administración Balta, doctor don José Araníbar, no hubiese expedido el decreto
de 28 de junio de 1879
19
que reconoce la vigencia de la ley de 1861, señala el edicio
apropiado para la instalación del Archivo, manda preparar el reglamento de la ocina
y dispone se circulen, a la vez, las órdenes adecuadas para la recolección de los do-
cumentos o papeles que dicha ley determina
20
. No satisfecho el Gobierno con esas
18 “Lima, noviembre 29 de 1865. –En atención a que algunas ocinas en el ramo de Instrucción ¨Pública
no han llenado el objeto con que fueron creadas, gravando inútilmente al erario: –Decreto: Queda
suprimido el Archivo Nacional, debiendo pasar los documentos que lo forman a la Biblioteca Pública,
a cargo de un subalterno que los recibirá bajo de inventario y cuidará de su conservación. Rúbrica de
S.E. –M.I. Prado. – Por orden de S.E. –J. Simeón Tejeda”.
19 “Lima, junio 28 de 1870. –Teniendo en consideración que por la ley de 15 de Mayo de 1861 fue creado
el Archivo Nacional, y se ordenó que el gobierno dictase el reglamento que correspondía a esa institu-
ción, facultándole para hacer los gastos necesarios a su establecimiento, en el local que designase; que
en dicha ley se dispone la reunión en el Archivo Nacional de los antiguos documentos puntualizados
en ella, y se determina que se acopien los que sucesivamente deben enriquecerlo, para que llene los
objetos a que está destinado; que por resolución de 15 de setiembre de 1859 y 30 de mayo de 1861, se
mandó formar un reglamento para el Archivo, y se le designó local en el edicio de la Biblioteca Públi-
ca. –Se resuelve: –1.º Destínase al Archivo Nacional la parte necesaria del edicio en que actualmente
se halla la Biblioteca. –2.º Rectifíquese el proyecto y presupuesto de las obras que están haciéndose en
dicho local, a n de que en el piso superior queden situadas cuatro salas para el Archivo y su ocina.
–3.° Circúlese a los prefectos las órdenes oportunas, para que a tenor de lo mandado en los artículos 2.°
y 3.° de la citada ley de 15 de Mayo de 1861, remitan los antiguos archivos y demás documentos que
en aquellos se puntualizan. –4.° El reglamento que ha de regir en el Archivo Nacional y plan de labores
de su ocina, se formará por este ministerio, previo el estudio que al efecto se requiere, y teniéndose
presente lo dispuesto en el decreto de 15 de Setiembre de 1859. –Comuníquese, regístrese y publíque-
se. –Rúbrica de S.E. –Araníbar”.
20 “Lima, julio 2 de 1870. –Sr. prefecto del departamento de .... –Acompaño a US. copia de la ley de 15
de mayo de 1861 que creó el Archivo Nacional, y de la resolución que acaba de dictar el Supremo
Gobierno, para que aquella tenga cumplido efecto. Los archivos de la antigua administración provin-
cial que desde la independencia de la República no son necesarios para el giro y negocios públicos
departamentales, existen sin uso, expuestos a que los destruya el tiempo y a que acaso se les sustraigan
papeles importantes. La ley citada no solo tiende a su conservación; encierra la mira provechosa y lau-
dable de reunir y clasicar un conjunto de documentos que deben utilizarse por el caudal de noticias y
datos que contienen. Esos archivos agregados a los de la Secretaría del virreynato, Audiencia, Tribunal
de Cuentas, Caja de Censos, Temporalidades y otros, luego que estén bien coordinados, servirán para
esclarecer derechos e intereses de la República en lo político y rentístico, serán un el y poderoso
auxiliar para trabajos históricos, comparaciones y otros objetos estadísticos y topográcos; abriendo
paso a la creación de una Academia de Historia, en que se cultivan estudios importantes a las letras,
fundados en la verdad de los hechos. –Se propone el Supremo Gobierno hacer efectivo el designio a
que se dirige aquella ley; y sin detenerse ante las dicultades que se presenten, establecer el Archivo
Nacional, organizarlo y sistemarlo, para que enriquecido con una gran copia de materiales que abracen
la época de la República, sea en lo futuro un depósito general de cuantos merezcan la atención pública,
ya en lo tocante a administración, ya en los otros asuntos dignos de investigarse y estimular a diversas
tareas literarias. Muy pronto, y cuando se de el reglamento del Archivo Nacional, manifestare a US. la
26
Alberto Ulloa CisnerosRev Arch Gen Nac. 2020; 35: 13-61
medidas, obtuvo del Congreso por el artículo 13 de la ley de 22 de agosto de 1872 que
organizó el Ministerio de Justicia, Culto, Instrucción y Benecencia que se aumentase
el número y el haber de los empleados del Archivo, con lo cual pudo, al n, instalarse
esta ocina en forma denitiva
21
.
A raíz de tales disposiciones, nombróse director–archivero del establecimiento al
antiguo empleado del Ministerio de Instrucción don Manuel María Bravo, quien se
mantuvo en el puesto hasta la época de la ocupación extranjera. Este laboriosísimo
funcionario completó, en el trascurso de solo un año, el índice de los documentos
relativos al ramo de Temporalidades, recogidos del convento de San Agustín, forman-
do con él el octavo volumen de los inventarios. Algo después, con fecha 18 de julio
de 1873, se restableció la Junta o Comisión Inspectora del Archivo, con los mismos
señores, general don Manuel de Mendiburu y don José Dávila Condemarín que for-
maban la antigua, reemplazándose al erudito don José Antonio de Lavalle con el no
menos ilustrado historiador don Mariano Felipe Paz Soldán. Decretóse también, el 26
de setiembre siguiente, la ejecución de las obras, ya calculadas, para el mejoramiento
del Archivo
22
.
cooperación que habrá de prestarle esa prefectura, remitiendo periódicamente ciertos apuntamientos y
noticias que vendrán a ser parte del acopio sucesivo de papeles instructivos que deben depositarse en
él. –Cimentado el archivo bajo de buenas bases, y abierto al servicio de la nación, las autoridades de los
departamentos, sus municipalidades, en n, los ciudadanos todos, solicitarán las copias y constancias
que les convengan satisfaciéndose sus exigencias con prontitud, tarea que es hoy difícil porque nada es
fácil hallar en un hacinamiento de papeles qua desalienta a todo el que se proponga encontrar las noti-
cias que sean objeto de sus deseos. –Debo pues, trasmitir a US., para su cumplimiento, la orden supre-
ma que se ha acordado para que proceda US. a remitir a esta capital, a cargo de un ocial comisionado,
los archivos antiguos de la Intendencia y cajas reales a que se contrae la ley, cuya copia va adjunta,
distribuido en cajones a propósito para su conducción. Recomiendo a US. se aproveche el tiempo que
correrá antes de la estación de aguas. Es preciso que el comisionado sea muy experto, para evitar el
extravío de alguna carga, un incendio u otra emergencia en el camino, y dará un recibo bastante de lo
que se encomiende a su cuidado, para que aparezca comprobada su responsabilidad a la exacta entrega
que hará también bajo recibo en la prefectura de… –Hare a US. la advertencia de que los antiguos
archivos de los cabildos no deben tocarse porque siendo propiedades y rentas municipales, no menos
que otros de interés local y del vecindario, por haberse administrado justicia por los alcaldes, está muy
distante el Supremo Gobierno de pensar en medida alguna relativamente al particular. Más adelante, y
establecido que sea el Archivo Nacional, se pedirán a US. copias de papeles referentes a sucesos histó-
ricos consignados en algunas crónicas y registros existentes en los archivos municipales. Esto mismo
digo respecto a los documentos de este género que podrían conseguirse en los archivos de las órdenes
religiosas, misiones, etc. –Como la ley ya citada comprende otros archivos, cuya traslación exige que
sea meditada detenidamente, espera el Supremo Gobierno en cuanto a subdelegaciones y corregimien-
tos oír un informe especial de esa prefectura, para resolver después lo que convenga. –Queda US. au-
torizado para disponer que se hagan los gastos de empaque y conducción en que se observará la mayor
economía sirviéndose US. pasarme cuenta exacta de ellos para su aplicación y para que pueda remitirse
a esa caja scal la cantidad respectiva por el primer contingente. –Dios guarde a US. –J. Araníbar”.
21 “Artículo 13 de la ley de organización del Ministerio de Instrucción, Culto, Justicia y Benecencia.
–30 de enero de 1871. –20 de agosto de 1872. –El Archivo Nacional tendrá un archivero con la renta
anual de dos mil cuatrocientos soles, un ocial primero con mil ochocientos, un ocial segundo con mil
doscientos, tres amanuenses con seiscientos soles cada uno y un conserje con cuatrocientos. Los gastos
de escritorio se jan en doscientos cuarenta soles anuales”.
22 “Conforme a la ley de 20 de agosto de 1872, el gobierno procedió a organizar el Archivo Nacional,
nombrando los empleados que ella designa, y encargó la dirección al antiguo empleado de este minis-
terio D. Manuel María Bravo, cuya contracción y laboriosidad le eran conocidas. No ha engañado este
funcionario las esperanzas que se fundaran en su exactitud y competencia, porque en el corto tiempo
27
Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
Conviene, sin embargo, dejar constancia de que el primitivo cuerpo de empleados del
Archivo, no obstante las dicultades que se le presentaron y de haber tenido que tra-
bajar en el incómodo local de San Agustín, realizó labor bastante satisfactoria y útil;
pues en el relativamente corto espacio de tiempo que dejo a sus funciones el decreto
de 29 de noviembre de 1865 ya mencionado, logró examinar e inventariar una gran
parte, la mayor quizá de los papeles del Archivo, formando un índice minucioso y
extenso, que hasta 1872 alcanzaba siete gruesos volúmenes. Este índice se hizo por
duplicado, remitiéndose un ejemplar al Ministerio de Instrucción y conservándose
otro en el mismo Archivo
23
.
Los papeles, hasta entonces inventariados, ascendían a mil ciento sesenta y tres pro-
tocolos (es decir, paquetes) con veinte mil doscientos cincuenta y siete expedientes,
que pertenecían a los ramos de Temporalidades, Censos, Inquisición y Tabacos, según
consta de los informes respectivos
24
.
de un año ha terminado el examen y arreglo de los documentos del ramo de Temporalidades, formando
el 8.° volumen de los inventarios, que comprende sesenta y nueve legajos, con mil setecientos sesenta
y dos expedientes que abrazan títulos, testamentos, fundaciones, etc., y con el que ha terminado el
inventario de los documentos que existen en el convento de San Agustín, según veréis en su ocio de
31 de enero de este año que corre entre los documentos. –La importancia del archivo por la antigüedad
y gran interés de los papeles que contiene, hacía necesario establecer sobre el una vigilancia cons-
tante e ilustrada, que a la vez de prestar una cooperación útil al director, le proporcionase facilidades
para el desempeño de su cargo, y manifestase al gobierno las necesidades e hiciese las observaciones
oportunas para el mejor arreglo y conservación de tan valiosos documentos. Estas consideraciones
dieron merito a la creación de una Junta inspectora, compuesta del general D. Manuel Mendiburu, y
de los DD. D. José Dávila Condemarín y D. Mariano Felipe Paz Soldán, para que dirija y vigile de una
manera inmediata y permanente los trabajos de la ocina, disponiendo lo necesario para la reunión y
el orden sistemado de los documentos del archivo, y para que formule el proyecto de reglamento que
deba regirla. –Los documentos del Archivo se hallaban depositados en una celda del convento de San
Agustín, en completo desorden y expuestos a desaparecer roídos por los ratones. Hubo necesidad de
extraerlos de ese lugar y de organizar una ocina en forma con los aparatos, seguridades y aseo conve-
nientes; y al efecto fueron arreglados los salones del antiguo museo, y han sido trasladados allí, todos
los documentos, y establecida provisionalmente la ocina. Digo provisionalmente, porque para que sea
completa es indispensable la construcción de los estantes en que han de colocarse ordenadamente los
legajos y las mesas en que deben trabajar los empleados La Junta inspectora remitió el presupuesto de
estas obras, ascendente a la cantidad de cinco mil seiscientos veinticuatro soles cuarenta centavos, que
fue mandado pagar por la Caja Fiscal, pero que las circunstancias penosas del sco no le han permitido
satisfacer”.
23 He hecho buscar con la mayor minuciosidad estos volúmenes, pero no existen en ninguna parte. Sin
duda perecieron en el asalto del Archivo cundo la ocupación de Chile, pues reclamados siempre por el
jefe del mismo, como se verá en documentos posteriores, es seguro que fueron devueltos a esa ocina
y reunidos al duplicado de ellos que allí se encontraba. De todos modos, es esta una pérdida sensible,
porque si hoy existieran nos servirían para llevar a cabo, con relativa facilidad, la recatalogación del
Archivo, y tendríamos punto de partida para medir la trascendencia de los destrozos experimentados
en aquella ocasión.
24 “Lima, enero 31 de 1874. –Benemérito señor general don Manuel Mendiburu, presidente de la Junta
Directiva del Archivo Nacional. –Honrado por el Supremo Gobierno a nes del año de 1872 con el
puesto de jefe del Archivo Nacional, cumple a mi deber darle cuenta, por el digno conducto de esa
respetable Junta, de los trabajos realizados hasta el día, en el arreglo de los diversos e interesantes do-
cumentos que encierra esta ocina. –A mi ingreso al establecimiento, encontré organizados por medio
de un índice general numérico, mil ciento sesenta y tres protocolos, con veinte mil doscientos cincuenta
y siete expedientes, divididos en cuatro grandes ramos, a saber: Temporalidades, Antigua Caja Gene-
ral de Censos, Inquisición y Estanco de Tabacos; formando este trabajo siete tomos de inventarios, y
comprendiendo el último un apéndice al primero de los expresados ramos. –No obstante, quedaba un
28
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gran número de documentos por arreglarse, y para continuar tan delicada operación, creí conveniente,
sin separarme del método antes seguido, sistemar las labores ordenando la distribución por materias,
y que se formase a cada expediente un extracto minucioso de su contenido a n de dar a los trabajos
la unidad y perfección posibles. Y digo posibles, porque bien conocidos son de US. y demás señores
de la Junta, los serios inconvenientes que se presentan en la práctica para la lectura y clasicación de
documentos, cuya antigüedad se remonta a más de tres siglos y cuyo increíble abandono en que habían
permanecido, ha dado lugar a la casi destrucción de muchos aquellos importantes papeles. –Bajo el
plan indicado, que la Junta se dignó aprobar, como base indispensable para la formación de un margesí
general, se ha concluido el apéndice al ramo de Temporalidades, según vera US. en el libro que me hon-
ro acompañar al presente ocio, y es el 8° de los inventarios. Comprende sesenta y nueve legajos, con
mil setecientos sesenta y dos expedientes, que abrazan las materias siguientes: títulos y adquisiciones,
testamentos, fundaciones donaciones, renuncias, compras y ventas, imposiciones de censos, redencio-
nes (?) de ídem, documentos históricos, concursos, documentos diversos, cuentas y correspondencia.
–Como sabe la Junta, este trabajo se ha hecho por duplicado, quedando un ejemplar igual para el uso de
la ocina; de manera que, considerada esta circunstancia, se comprende fácilmente la asiduidad y abso-
luta consagración con que los pocos empleados de esta dependencia han procurado llevarlo a cabo bajo
mi inmediata vigilancia; habiéndose, así terminado el inventario de los documentos que existían en el
convento de San Agustín, que constan en todo de mil doscientos treinta y dos protocolos, con veinte y
dos mil diez y ocho expedientes, en ocho tomos. –Deseando aprovechar los momentos, he comenzado
el examen y clasicación de los documentos remitidos del Cuzco, y que constituyen el archivo del
virreinato y audiencia de esa ciudad; cuya adquisición es valiosísima para la historia y administración
pública de nuestro país. Concluido que sea este trabajo, me ocupare del arreglo de unos dos mil libros
de cuentas, tanto de las antiguas Temporalidades, como de otras varias ocinas del Estado. –Para que
todos estos importantes documentos se conserven debidamente, hay muy urgente necesidad de que
cuanto antes se emprenda la obra de la refacción del local del Archivo, y colocación de la estantería
decretada por el Supremo Gobierno desde setiembre último. Me permito recomendar este asunto al
solicito empeño de esa respetable Junta. –El detenido estudio a que me he dedicado desde que me hice
cargo de este útil establecimiento, respecto a su organización y a la naturaleza de las labores que cada
empleado desempeña, me ha hecho comprender, como también lo ha previsto US. y demás señores de
la Junta, lo conveniente que sería aumentar cuando menos, dos empleados más que podrían designarse
de entre los cesantes; pues con este auxilio tomarían mayor impulso los trabajos. US. conoce el tiempo
precioso que se pierde en leer y extractar cada expediente, de letras complicadas y aún ininteligibles,
y en arreglarlos después por orden de materias y de fechas. Tarea es esta, no de días, sino de años, de
una contracción asidua y que requiere muchos y muy expertos brazos. –Aumenta de fuerza la anterior
consideración, meditando lo dispuesto en el artículo 3.° de la ley de 15 de mayo de 1861, por el cual los
prefectos están obligados a remitir cada año al Archivo Nacional cuantos datos notables ocurran en sus
departamentos. –Deben también mandar los archivos que tenían los corregimientos, subdelegaciones
e intendencias de provincias; como lo ha vericado, hace tiempo, únicamente la Prefectura del Cuzco.
–Mientras se reúnen estos datos y otros más de que se encarga la citada ley, y en tanto se satisfacen las
necesidades que someramente dejo indicadas, yo me congratulo de haber cooperado con el trabajo que
me honro de someter a la aprobación de esa respetable Junta y del Supremo Gobierno, a que se haya
puesto la base para lo que más tarde deberá ser con propiedad el Archivo Nacional, llamado a prestar
a la nación importantes y muy ventajosos servicios, ya sea descubriendo ocultos bienes y acciones
del sco, ya auxiliándose con sus antiguos datos los trabajos históricos, literarios y estadísticos, como
sucede ahora mismo a pesar de su naciente organización. –Abrigo la rme esperanza de que dentro de
poco tiempo, con un esfuerzo más de trabajo y de paciencia, que no omitiré por mi parte, y mediante
la ecaz cooperación de los señores de la Junta y la protección que el Supremo Gobierno dispensa a
cuanto tiende al bienestar y progreso del país, este establecimiento se pondrá a la altura de nuestra
civilización. –Ruego a US. se sirva dar a este ocio el curso que corresponda y aceptar a la vez los res-
petos y consideraciones con que soy su muy atento y muy obediente servidor. –Manuel María Bravo”.
“Lima, febrero 24 de 1874. –Señor Ministro de Estado en el Despacho de Instrucción Pública. –S.M.
–Paso a manos de US. la nota que el archivero D. Manuel María Bravo ha pasado a la Junta dando
cuenta de los trabajos de sus empleados desde 1872. y acompañando el 8° tomo de los inventarios que
es el apéndice al índice de los documentos del ramo de Temporalidades. –Remito a US. el citado libro
que espera la Junta le sea devuelto lo mismo que los 7 tomos precedentes que existen en ese Ministerio,
29
Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
La instalación efectiva del Archivo como ocina pública y su nueva planta de emplea-
dos permitieron, a partir de 1874, avanzar el examen y la clasicación de los papeles.
Con el tomo octavo del índice, de que ya hice mención, quedó completamente reco-
rrido e inventariado el total de lo que existía en el convento de San Agustín y pudo co-
menzarse la revisión de los documentos que se habían recogido del Cuzco y de otros
lugares. En mayo de 1875, esta labor se hallaba terminada y estaba formado el noveno
tomo del índice, del que una parte correspondía al antiguo archivo del virreinato y otra
al de la Real Audiencia del Cuzco. Arrojaba entonces el inventario un total de veinti-
trés mil setecientos setenta y un documentos y libros, en mil trescientos treinta y seis
legajos; pero conviene tener presente que hasta entonces no se había puesto mano en
los libros de Real Hacienda, propiamente dichos, ni en los papeles de las cajas reales
del Alto Perú, de Minería, Correo, Tribunal de Cuentas, visitas e intendencias
25
.
y que es preciso no queden fuera del Archivo y de la responsabilidad que el jefe de el tiene para conser-
varlos debidamente. –Terminado el examen de los documentos que existieron en San Agustín, se ocupa
ahora la ocina de los numerosos papeles procedentes del Cuzco. –La Junta comprende que el Archivo
y sus empleados han trabajado con asiduidad y provecho en el desempeño de sus deberes, y considera
justo que si US. es servido se le manieste que el Gobierno ha visto con agrado estas tareas. –Nada
hay más urgente en el Archivo que la refacción del local y la construcción de los estantes, pues sin
ellos no es posible la colocación ordenada de los papeles. Y como no se ha puesto mano a estas obras
porque hasta ahora la Caja scal no ha abonado cosa alguna por cuenta del presupuesto mandado pagar,
suplico a US. acuerde algún remedio sobre el particular. –También recomiendo a US. la necesidad de
repetir órdenes a los señores prefectos, para que en virtud de las que tienen, y no han cumplido, remitan
los documentos antiguos de los archivos que, según la ley, deben traerse al Nacional. –Dios guarde a
US. –S. M. –Manuel Mendiburu”.
25 “Lima, noviembre 19 de 1875. –Señor ministro de Estado en el Despacho de Instrucción Pública. –
Paso a manos de US. la nota con que el director del Archivo Nacional me dirige el libro que también
remito a US., después de examinarlo cuidadosamente, y contiene el inventario que ha formado en la
ocina de su cargo de los numerosos documentos traídos del Cuzco, donde se hallaban en el archivo
del virreinato, y entre los cuales se encuentran también los de los corregimientos, intendencias de
provincia y subdelegaciones de partido. Como vera US. están entre aquellos las más recientes cédulas
y reales órdenes: la correspondencia del último virrey y de las principales autoridades militares, así
locales como de los ejércitos que entonces existían: un número considerable de expedientes y muchos
papeles tocantes a la Real Hacienda y otras dependencias. –El orden y método guardados en los índices
que abraza este libro, que es ya el tomo IX del Archivo Nacional se hallan bien de maniesto, y forman
un trabajo preparatorio bien dispuesto para que más adelante tengan el debido lugar en los índices
generales cronológicos y por materias que requiere un archivo regularmente organizado; y entre tanto
los documentos contenidos en dicho tomo, darán bastante luz en asuntos históricos que suelen con-
sultarse. –Sírvase, US. presentarlo a S.E. el presidente con la nota del jefe del archivo, en la cual se
hallan acopiadas muy útiles explicaciones, siendo un grato deber de la junta que presido, recomendar
al Supremo Gobierno la inteligencia y asidua contracción del referido jefe y de los empleados de la
ocina del archivo, quienes cumplen satisfactoriamente las tareas que les están encomendadas. –Dios
guarde a US. –S.M. –Manuel de Mendiburu”.
“Lima, 23 de mayo de 1875. –Benemérito señor general D. Manuel de Mendiburu, presidente de la
Junta Directiva del Archivo Nacional. –S.G.P. –Tengo el honor de acompañar a US. con este ocio, el
libro nuevo de los inventarios generales de esta ocina, a cuyo trabajo he podido dar cima secundado
por la acción ecaz de los demás empleados que sirven bajo mis inmediatas órdenes, después de
terminado el arreglo completo de los ramos de Temporalidades, Inquisición, Caja General de Censos
y Estancos de Tabaco, según lo manifesté a US. en mi nota de 31 de enero próximo pasado, en que
di cuenta de los trabajos vericados hasta esa fecha, que merecieron la aprobación de esa respetable
junta, y la del Supremo Gobierno, por decreto de 25 de julio del mismo año. –Dicho libro comprende
los documentos del antiguo archivo del virreinato y Real Audiencia de la ciudad del Cuzco, inclusive
los de los corregimientos, sub delegaciones e intendencias de provincia de la referida ciudad, arre-
glados en ciento cuatro legajos con mil setecientos cincuenta y dos expedientes y libros, divididos
30
Alberto Ulloa CisnerosRev Arch Gen Nac. 2020; 35: 13-61
Después de la remesa de papeles de la Audiencia del Cuzco, cuya prefectura fue la pri-
mera en responder a los mandatos de la ley y del Gobierno peruano, enviando desde 1871
los legajos y libros que componían el archivo de aquella audiencia, lo primero que hubo
de recogerse fue el archivo del Tribunal General de Minería que, suprimido por ley de 6
de febrero de 1875, pasó, de conformidad con una suprema resolución de 27 de febrero
siguiente, a engrosar el Archivo Nacional. Vinieron en seguida los papeles de los ramos
que he anotado anteriormente, sin que sea fácil precisar la fecha en que se hicieron las
sucesivas entregas que tan poderosamente aumentaron los legajos, libros y colecciones.
En 1878, el Archivo Nacional había llegado a la plenitud de su desarrollo: faltaban,
es cierto –como lo hacía notar su director en el importantísimo ocio que pasó a la
en materias y fechas en el orden siguiente: –En el capítulo “Documentos históricos” se encuentra la
correspondencia ocial del virreinato y reales cédulas; en el de “Documentos de Real Hacienda”, los
expedientes diversos de este ramo, sus cuentas y libros; en el de “Santos Lugares de Jerusalén” se
registran sus privilegios, testamentos, títulos, donaciones, capellanías, censos, ventas y otros papeles
diferentes; en el de “Monasterio del Escorial”, los expedientes sobre sus rentas; en “Documentos Di-
versos” he considerado los ramos de Diezmos, testamentaría de Marañon y Juzgado Eclesiástico; en
el de “Caja de Censos” su títulos, expedientes diversos del ramo y cuentas; y nalmente en el, agrega-
do de Temporalidades, la redención de censos, los expedientes de particulares, documentos diversos y
libros. –Comprendiendo desde luego el grande interés histórico de estos documentos, he consagrado
todo mi empeño para su más clara y exacta clasicación, sin que me haya arredrado para tan ardua
tarea, ni el considerable número de ellos, ni la confusión ni desorden en que se hallaban, después de
algunos años que hace, fueron remitidos del Cuzco; porque mi principal anhelo ha sido secundar los
deseos de esa respetable junta, correspondiendo así a la conanza con que el Supremo Gobierno se
dignó honrarme. –Existen, pues, inventariados y arreglados hasta hoy, veinte y tres mil setecientos
setenta y un documentos y libros, en mil trescientos treinta y seis legajos que forman los índices de
nueve tomos en folio. –No diré, señor presidente, que con los trabajos realizados durante los dos años
que corre a mi cargo este establecimiento se haya satisfecho por completo los interesantes objetos
de que se encarga la ley de su creación, de 15 de mayo de 1861, porque mucho falta que hacer para
alcanzarlos, pero sí juzgo que se ha cumplido uno de los principales, y quizá el más necesario y útil
de ellos, cual es el arreglo y reunión ordenada de la mayor parte de los documentos, cuya importancia
histórica no merecía hubieran permanecido en el lamentable olvido a que por tantos años estuvieron
relegados. –Ahora me propongo con la aprobación de US. y señores de la junta, comenzar el examen
y clasicación de más de tres mil libros de cuentas de diversos ramos antiguos, haciendo de ellos un
catálogo por orden cronológico y de materias. Para el efecto, he mandado asear el segundo salón de
esta ocina, en donde una vez arreglados, los haré colocarlos provisionalmente; pues en el primero,
como sabe US., no hay ya un solo sitio expedito para más papeles. –Muy urgente se hace cada día la
refacción del local de esta ocina o construcción de los estantes en que deben conservarse los legajos
y libros, para precaverlos tanto del polvo como de una invasión de ratones, y cualquier otro peligro
que no sería extraño sobreviniese hallándose en esta clase de seguridad. –Así lo ha comprendido US.
y señores de la junta, al solicitar con instancia, el pago de la cantidad con tal objeto decretada desde
setiembre de 1873, mas en el día, no solo es necesario, sino indispensable acometer esta obra, por lo
mismo que es incesante el arreglo de documentos y adelanta el número de legajos considerablemente.
–Debo, en guarda de mis responsabilidades, consignar en este ocio que hace más de dos meses he
podido someter, como ahora, este nuevo trabajo a la aprobación de esa respetable junta y por su digno
órgano al Supremo Gobierno, pues otro tanto tiempo ha trascurrido desde que lo tengo expedito; pero
las circunstancias que atraviesa la Caja Fiscal en materia de fondos, que no le han permitido, ni le per-
miten todavía, sin duda, auxiliar a esta ocina, ni aún con la pequeña suma señalada para sus gastos de
escritorio, de donde tiene que costearse el papel, encuadernación de libros, cartones para las caratulas
y demás útiles, ha ocasionado un retardo que habría deseado evitar, y que puedo asegurar a US. que,
a n de que no fuese mayor, he hecho cuanto esfuerzo me ha sido posible, impulsado por el deseo de
llenar mi deber con la misma exactitud y constancia que he empleado en mi larga carrera de empleado
público. –Dios guarde a US. –S.M. –Manuel María Bravo”.
31
Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
Comisión Inspectora con fecha 27 de mayo de ese año–
26
los manuscritos y crónicas
26 “Lima, mayo 17 de 1878. –Benemérito señor general Mendiburu, presidente de la Comisión Inspecto-
ra del Archivo Nacional. –S.G.P. –Cumpliendo con uno de los principales deberes de todo funcionario
público, me es honroso dirigirme a US. por medio del presente ocio, manifestándole la marcha que ha
seguido el establecimiento de mi cargo durante el año último; haciendo a la vez una breve reseña de
cuanto se ha practicado en él, así en orden al arreglo de documentos, como en lo relativo a su parte
económica y material, desde que el Supremo Gobierno se dignó encomendarme su dirección en 17 de
octubre de 1872; indicando aquellas necesidades que la experiencia me ha hecho conocer como indis-
pensables para su mayor progreso. –Ostensible es a todas luces que creado el Archivo Nacional por la
ley de 15 de mayo de 1861 se llenó una de las exigencias más importantes del servicio público. Papeles
de sumo interés histórico que existían olvidados, en completo desorden, en una celda del convento de
San Agustín de esta ciudad, debían ser arreglados, clasicados y conservados, como sucede en todo
país culto, para que sirviesen de ayuda a los trabajos literarios e históricos y fuesen consultados por los
tradicionistas y anticuarios. Y así ha venido vericándose desde 1857, primer período de S.E. el actual
jefe del Estado, en que se expidió el decreto de enero de dicho año, dando forma al Archivo Nacional
y ordenando se iniciaran los trabajos; los cuales, merced a una perseverante dedicación, han tomado
hoy un progresivo impulso; satisfaciéndose de este modo el espíritu de la ley de 20 de agosto de 1872,
que dio a esta ocina su denitiva organización. –En la actualidad el archivo cuenta con más de vein-
ticinco mil documentos clasicados por ramos, que constan en nueve tomos en folio de índices hechos
por duplicado y cuyos autógrafos he elevado al Supremo Gobierno por el digno órgano de US. –Ya en
anteriores ocios he manifestado a US. que en cuatro grandes ramos está dividido el orden de los do-
cumentos arreglados; a saber: Temporalidades, Inquisición, Antigua Caja General de Censos y Estanco
de Tabacos, y a más los de la antigua Real Audiencia del Cuzco, como consta del cuadro que tengo el
honor de acompañar. –Réstame ahora dar a US. una idea de la importancia de esos ramos. Son a mi
juicio de mayor interés: 1.º el de Temporalidades, porque contiene los títulos de muchos fundos rústicos
y urbanos que fueron de propiedad de la Compañía de Jesús y que después, por la extinción de esta,
pasaron a ser de la pertenencia del Estado; 2.º el de la Inquisición, porque encierra curiosas narraciones
de hechos del tristemente célebre Tribunal del Santo Ocio, con abundante copia de algunos juicios
criminales, el formulario de ellos y noticias de los autos de fe que tuvieron lugar en esta capital; 3.º el
de la Caja General de Censos, porque se registran importantes fundaciones e imposiciones de aniver-
sarios y capellanías de Patronato Nacional; y 4° los papeles que forman el archivo de la antigua Real
Audiencia, de la ciudad del Cuzco, en donde el historiador contemporáneo encontrara la corresponden-
cia ocial de los últimos virreyes del Perú desde 1815 a 1824 con las autoridades y los principales jefes
de los ejércitos beligerantes que existían en esa época. –Otro de los ramos es el de Tabacos, cuyos pa-
peles y libros me parece del todo inútil conservar en el archivo, pues extinguido el estanco y siendo
libre en la República el comercio de ese artículo, no pueden servir ni siquiera como datos estadísticos.
Sería conveniente se me autorizase para incinerarlos, como se me ha autorizado por supremo decreto
de 18 de setiembre último para vericarlo con los papeles inservibles que resultaron del examen y
arreglo de los otros ramos. De este modo quedaría lugar expedito en la nueva estantería para la coloca-
ción de otros documentos más importantes. –También existe en esta ocina, en virtud de la suprema
resolución expedida por el Ministerio de Hacienda en 27 de febrero de 1875 que se me trascribió por
la Dirección General de Instrucción en 9 de marzo del dicho año, una parte del archivo que fue del
Tribunal General de Minería, suprimido por ley de 6 de febrero del propio año, y que comprende solo
el ramo contencioso. No he puesto mano a esos documentos, porque entiendo que ellos deben pasar al
Juzgado Superior, nuevamente creado en esta capital, como Tribunal de Apelación de los fallos que
expidan las diputaciones territoriales. –Dentro de breves días debo remitir a US. el catálogo general por
orden cronológico y de materias de los libros que formaban la contabilidad de los ramos que dejo
mencionados y que será el tomo décimo de los inventarios. –Próximamente, terminado este trabajo,
emprenderé la formación de los índices generales, también por materias y orden cronológico, opera-
ción lenta, pero muy importante, y que completará la regular organización del archivo. –En su parte
material ha obtenido este establecimiento una importante mejora con la construcción de la magníca
estantería, debido al patriótico empeño de S.E. el presidente, quiera en la visita que se dignó hacerle,
acompañado del señor ministro del ramo, se persuadió de tan urgente necesidad y tuvo ocasión de ver
y aprobar el método seguido en el arreglo de los documentos y libros de inventarios; lo cual ha sido
para mí una inmensa satisfacción y un grande estímulo para proseguir con mayor dedicación en mis
32
Alberto Ulloa CisnerosRev Arch Gen Nac. 2020; 35: 13-61
ordinarias labores. –De hoy en adelante, los apreciables documentos del archivo serán conservados
como lo requiere nuestra cultura y el interés nacional. –Preveo, no obstante, que habrá necesidad, más
tarde, de ensanchar el local, porque ha de aumentarse en mucho el número de documentos y libros se-
gún las indicaciones que se me han hecho por los señores ministros de Gobierno, Hacienda y presiden-
te del Tribunal Mayor de Cuentas para remitirse gran cantidad de documentos que deben guardarse en
el archivo de mi cargo. Por lo que respecta a la parte económica, he procurado que todos los gastos
ocurridos en la ocina se hagan con la pequeña partida que vota el presupuesto general para útiles de
escritorio, sin recargar en nada al erario nacional. Con solo ella se ha costeado el papel de ocio, su
timbrado, el papel de borradores (que se consume en abundancia), la encuadernación del periódico
ocial, cartones para las carátulas de cada legajo, cáñamo para liarlos, plumas, lápices, lapiceros, tinta
y, en n, hasta el empastado de los tomos de inventarios. –Dispuse también, para economizar gastos al
sco que con el producto de algunas tablas deshechas y estantes viejos, se vericase la traslación de
todos los protocolos, libros, mesas y demás a uno de los salones contiguos al archivo, mientras en el
uno que hoy tiene se construía la nueva estantería. Otro gasto igual habrá que hacer para volverlos a
colocar, terminada la obra. –Creo muy oportuno no terminar este ocio sin llamar la atención de US.
sobre la necesidad de enriquecer el archivo con los interesantes manuscritos y crónicas de que se en-
cargan los artículos 2° y 3° de la ley de su creación y que debe haber en los archivos de los corregimien-
tos, subdelegaciones e intendencias de provincias; en los de los conventos de regulares; en las univer-
sidades y colegios nacionales y benecencias públicas; los que podrían conseguirse más fácilmente
autorizándome para solicitarlos de ocio, directamente, de aquellos funcionarios o corporaciones que
corresponda. –Es asimismo urgente que se forme el reglamento interior de esta ocina, para que tanto
el jefe como sus empleados tengan una norma segura de conducta a que sujetarse en el ejercicio de sus
peculiares funciones. –Al propio tiempo, creo de mi deber manifestar a US. la necesidad de que se dé
nueva forma a la planta de empleados que hoy tiene esta ocina. La experiencia de cerca de seis años
que hace la dirijo, me ha dado a conocer que en ella es de todo punto innecesaria la denominación de
amanuenses, desde que las labores son de una misma naturaleza, pues están reducidas a compaginar y
extractar los expedientes. El título general que les corresponde es el de ociales auxiliares con una re-
gular dotación, porque estoy persuadido de que solo así se podrá conseguir empleados laboriosos y
honrados. –Con tales convicciones, no trepido en someter a la consideración de US. y del Supremo
Gobierno el siguiente plan de reforma:
Archivero, sueldo anual S/. 2400
Subarchivero S/. 1500
Tres ociales auxiliares a S/. 900 cada uno S/. 2700
Conserje con S/. 400
Gastos de escritorio S/. 240
_______
S/. 7240
Vota el Presupuesto General
Archivero S/. 2400
Ocial 1.° S/. 1800
Id. 2.° S/. 1200
Dos amanuenses a S/. 600 cada uno S/. 1200
Conserje S/. 400
Gastos de escritorio S/. 240
_______
S/. 7240
Se ve, pues, que la nueva planta que propongo no recarga los gastos del sco, es económica y necesaria
al mejor servicio público, porque no altera la suma votada en el Presupuesto General y la ocina será
bien atendida con los empleados designados, sin que ninguno de los actuales sufra perjuicio, y antes
bien obtendrán un ascenso en jerarquía y sueldos. –Es cierto que desaparece en el proyecto la plaza
de ocial 1.° con 1800 soles al año que disfruta don Pedro Fabio Carrillo, pero este empleado tendrá
que ser siempre gravoso al Estado, porque muy pronto debe jubilarse, según me ha expuesto, pues
sus continuos achaques apenas le permiten asistir a la ocina seis u ocho veces en el año. –También
desaparece en mi proyecto la plaza de ocial 2.º con 1200 soles que hoy sirve don Javier Mariátegui,
33
Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
de que se encargaban los artículos 2.º y 3.º de la ley de su creación; pero no es menos
evidente que los archivos de los corregimientos, subdelegaciones e intendencias, a
par que los de los conventos, universidades, colegios y demás establecimientos colo-
niales, a que se referían dichos artículos habían desaparecido casi por completo a la
época de que trato. Quedaban únicamente en las ocinas de Hacienda y del Consulado
los legajos y libros ya referidos, que por providencial circunstancia se guardaron allí has-
ta hace pocos años, para servir de poderosa ayuda al segundo establecimiento del Archi-
vo Nacional. En aquel año de 1878 se había concluido, también, el décimo volumen del
índice, quedando así completado el cuadro de los documentos arreglados y revisados que
el director-archivero presentó al Gobierno, con fecha 27 de mayo, en la forma siguiente:
LEGAJOS
Ramo de temporalidades de los jesuitas, del número 1 al 222
Ramo de Inquisición, del 223 al 563
Apéndice a este ramo, del 564 al 572
Ramo de la Caja de Censos . 573 al 626
Ramo de Tabacos, Papel Sellado, Naipes, Pólvora, Brea, etc. 627 al 1104
Apéndice al ramo de Temporalidades, del 1105 al 1232
Antiguo archivo de la Real Audiencia del Cuzco 1233 al 1337
LIBROS DE LA CONTABILIDAD DE DICHOS RAMOS
De Temporalidades, del número 1338 al 1354
De Inquisición, del 1355 al 1365
Da la Caja General de Censos 1366 al 1368
De Tabacos 1369 al 1396
De los ramos de Pólvora, etc. 1397 al 1401
LIBROS EN FOLIO MAYOR
De Temporalidades, del número 1 al 79
De Tabacos, del 1 al 647
Total de legajos 1401
Id. de libros 726
pero en cambio, una vez aprobada la nueva planta, este empleado, que es laborioso e inteligente,
puede ser nombrado subarchivero con el sueldo mayor de 1500 soles. –Creo que, a la alta penetración
de US., no se ocultará la conveniencia de esta reforma, y espero se dignará apoyarla ante el Supremo
Gobierno, a n de que pueda considerarse en el proyecto del presupuesto general que debe someterse
al próximo Congreso. –Bien comprendo que todo lo hecho hasta ahora no constituye desde luego un
Archivo Nacional perfecto; porque esto solo tendrá lugar cuando se hayan arreglado los índices gene-
rales cronológicos, y llenado las demás necesidades que he indicado en el cuerpo de este ocio y espero
alcanzar con la cooperación de US. y apoyo del Supremo Gobierno; pero sí es saludable que, en el corto
período de existencia que cuenta esta ocina, se haya avanzado lo posible para llegar a ese n; y por
mi parte puedo asegurar a US. que no desmayaré y continuaré trabajando con igual asiduidad, animado
del justo deseo de que mi patria pueda contar un día, entre sus grandes establecimientos públicos, el
Archivo Nacional que, no obstante mis escasos conocimientos, me ha cabido la honra de organizar y
dirigir. –Si cuanto dejo expuesto en este ocio, que suplico a US. se digne poner en conocimiento del
Supremo Gobierno, mereciese su suprema aprobación y la de US., sería para mí bastante recompensa
a los pequeños servicios que llevo prestados a la nación. –Dios guarde a US. –Manuel María Bravo”.
34
Alberto Ulloa CisnerosRev Arch Gen Nac. 2020; 35: 13-61
No obstante estos progresos, en 1879, el nuevo gobierno del general Prado, conven-
cido de la necesidad de fomentar tan importante institución, presentó al Congreso un
nuevo proyecto de ley sobre la materia, que, desgraciadamente, no pudo ser tomado
en consideración por las cámaras
27
. Con ese proyecto terminan los esfuerzos de la ad-
ministración pública en favor del Archivo, el cual debía quedar poco tiempo después
entregado a la aciaga suerte impuesta por las tropas chilenas a todos los estableci-
mientos de instrucción del país.
La guerra con Chile y la ocupación del Archivo Nacional
Sabido es cómo, una vez ocupada Lima por el ejército invasor de Chile, el local de la
Biblioteca Pública fue entregado al pillaje. En él se encontraba el Archivo Nacional,
en las mismas habitaciones que ocupa en el día
28
, pero quiso la suerte que las tropas de
Chile no destruyeran ni sustrajeran gran parte de los papeles del Archivo. Ellos fueron
groseramente mutilados, es cierto, porque innúmeros libros y legajos se extrajeron
para llevarlos al mismo Chile, para regalarlos a particulares o para venderlos al peso
a los almacenes de Lima; pero no sufrieron el total y cruelísimo reparto que se hizo
en aquellos otros establecimientos. Contribuyó a tal resultado interés que algunos ca-
balleros chilenos, con notorias aciones históricas, pusieron en revisar personalmente
el Archivo para buscar los datos y documentos de que había menester, muchos de los
cuales encontraron y se apropiaron, efectivamente, lo que es fácil comprobar ahora
mismo, comparando los truncados catálogos que hoy se conservan, con los docu-
mentos publicados en Santiago y en otros lugares pocos años más tarde. No fueron,
sin embargo, pocas las carretadas de papeles de aquel modo extraídos, ni escaso el
número de las personas que vieron en Lima, por aquel entonces, cuan profusamente
se acondicionaban, con los papeles sustraídos, los artículos de expendio, en los esta-
blecimientos de abarrotes y despachos de la ciudad.
Los legajos y libros del Archivo Nacional permanecieron –después de esos destro-
zos–encerrados en un estrecho y ruinoso salón de la Biblioteca. Arrojados al ocaso, en
montón, sin precaución ni cuidado de ningún género, sobre un pavimento húmedo y
terroso, recibiendo por las abandonadas claraboyas, a la vez que el polvo y el viento
de la calle, la visita de los insectos, de nuestra imperecedera polilla y sin que mano
caritativa se preocupara alguna vez de acomodarlos, sacudirlos y ventilarlos; tenían
necesariamente que convertirse en monstruoso y lamentable hacinamiento de cuader-
nos, descoloridos, carcomidos, mutilados, roídos y al parecer inservibles.
Y era ese, en efecto, el aspecto que presentaban al recogerse y examinarse en 1883. La
vieja clasicación había desaparecido, los índices habían sido robados, no existía uno
solo de ellos, los paquetes o legajos resultaban deshechos, mezclados los documentos
de unos con los de otros, mutiladas las fojas, desprendidos los rótulos y, para decirlo
de una vez, todo en una confusión estupenda e inenarrable.
¿Cómo volver ese colosal montón de legajos a su primitivo acomodamiento, cómo
recomponer los índices, cómo separar las piezas y documentos referentes a cada ma-
27 Memoria que presenta a la legislatura ordinaria de 1879 el ministro de Estado encargado del despa-
cho de Justicia, Culto, Instrucción y Benecencia. Lima, 1879. Imprenta del Estado.
28 El Archivo Nacional ocupa en Lima el ala izquierda de la planta baja de la Biblioteca Pública.
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Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
teria? El viejo director y casi todos los viejos empleados del Archivo habían muerto:
faltaba un guía, una luz que orientase en aquel penoso e impenetrable laberinto de
nuestra historia.
La reconstrucción del Archivo Nacional tras la guerra
Terminada la guerra y restaurada la Biblioteca Pública, merced al empeño inteligente
y patriótico de don Ricardo Palma, el Archivo Nacional pasó a formar una sección
de aquel establecimiento. Se empaquetaron de nuevo los legajos, se aseó un tanto la
hermosa estantería y se acomodaron en ella, del mejor modo posible, los tres o cuatro
mil legajos salvados. En tal condición, sin empleados ni medios para reorganizarse,
ha permanecido durante trece años hasta que el actual civilizado gobierno del señor de
Piérola lo ha colocado en condición, no de volver a ser lo que fue –que aquello es ab-
solutamente imposible–, pero de recomponerse en forma útil para la historia y para la
administración del país. Durante ese período de tiempo, el señor Palma, comprendien-
do la necesidad de salvar de la ruina los papeles más importantes, ha seleccionado una
gran parte de ellos, con la cual, una vez inventariados y encuadernados los legajos, ha
ensanchado las colecciones de Manuscritos y Documentos de la Biblioteca de Lima.
Esta última segregación, o más propiamente subdivisión de papeles –puesto que estos
no han hecho sino cambiar de lugar en las colecciones documentarias e históricas de
la República–, ha dejado, preciso es comprenderlo, muy ancha brecha al conjunto de
los archivos. Como es fácil suponerlo, el señor Palma, con el amplio conocimiento
que le acompaña de la historia colonial del Perú, ha llevado a los Manuscritos de
la Biblioteca los papeles y documentos más selectos desde el punto de vista de la
tradición y de la literatura de aquellos tiempos. La colección actual de Manuscritos
de la Biblioteca asciende a trescientos cuarenta volúmenes, aproximadamente de los
cuales trescientos están compuestos de documentos del Archivo, perfectamente sanos
y legibles. La cifra es considerable, pero es tanto más satisfactoria desde todo punto
de vista, cuanto que, dejados esos papeles en el anterior abandono, sabe Dios la suerte
que hubieran tenido. No apunto, pues, esta circunstancia con otro n que el de agregar
una referencia histórica a que estaba obligado por diversos motivos. Por lo demás, allí
están, felizmente, repito, dichos papeles, pormenorizados y clasicados con el relati-
vo orden que permite una biblioteca de tan escasos recursos y medios, y yo no puedo
menos de felicitar por esa labor al distinguido bibliotecario, de cuyos afanes habré de
aprovechar y aprovecho hoy mismo, para formar la presente Revista de Archivos y
Bibliotecas Nacionales.
Después de recorrer el penoso cuadro de las vicisitudes de nuestro gran archivo co-
lonial, apenas podría explicarse como resulta aún interesante y de alto valor histórico
el hacinamiento de papeles, legajos y libros que lo constituyen, hasta el extremo de
estimular vivamente la ación de los hombres dedicados a este género de trabajos. Sin
embargo, esa es la verdad: el Archivo Nacional peruano, mutilado, deshecho, informe,
en monstruoso desmoronamiento, con sus legajos y piezas roídos o carbonizados, es
por sí solo un gran monumento histórico, geográco, estadístico, administrativo, al
que pueden ocurrir con entera conanza los hombres que anhelen arrancar al pasado
la explicación de sucesos sociales de época posterior o de la presente, y que deseen
recoger los antecedentes de nuestra vida económica, industrial y política.
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Alberto Ulloa CisnerosRev Arch Gen Nac. 2020; 35: 13-61
La razón de esto es muy sencilla. Ya hemos visto que cuando en 1859 resolvió el
gobierno peruano formar efectivamente el Archivo Nacional, recogiendo los diversos
archivos coloniales que no fueran los de la Audiencia y Secretaría del virreinato, se
dispuso que las ocinas públicas en las cuales se conservaban aquellos archivos, los
remitiesen a la ocina central de Lima con las seguridades del caso, orden que se
raticó posteriormente, en 1870, disponiendo también que los prefectos y autoridades
remitiesen los archivos que se hallaban fuera de la capital. Como resultado de esas
medidas se recogieron primero los de la Contaduría General de Tributos, Rentas Es-
tancadas y Temporalidades y, en la segunda época, los grandes archivos de la Audien-
cia del Cuzco, los del Real Tribunal de Minería, los del Correo y otros. Todos estos,
unidos a los restos del archivo virreinaticio, al de la Inquisición, excepcionalmente
voluminoso e importante, y al de las ocinas de Guerra, recogido un poco antes, llena-
ron por completo los compartimentos de la lujosísima estantería de uno de los salones
que se dedicó a este efecto en el edicio de la Biblioteca Nacional
29
y reclamó, por lo
mismo, mayor espacio.
Muchos años más tarde, en 1890, el Archivo Nacional recibió también la agregación
de los otros archivos voluminosos, de que también he hablado, que se encontraban
depositados trece lustros atrás en los anaqueles y alacenas del Ministerio de Hacienda;
esto es, el archivo de las Cajas Reales de todo el virreinato, el del ramo de Aduanas, el
del Real Tribunal de Cuentas, el del Tribunal del Consulado y otros que quedan com-
prendidos en el curso de estos apuntes. Este refuerzo extraordinario de documentos
que formaban un todo metódico, relativamente ordenado, pero efectivamente comple-
to, representó para el Archivo Nacional una nueva vida. Reunido con los papeles de
Temporalidades, de la Inquisición, de Rentas Estancadas, de Minería, de Correos y,
sobre todo, a los de la Real Audiencia del Cuzco, que son los que menos han sufrido
en las diferentes peripecias del Archivo y sus componentes, ofrece un conjunto nota-
bilísimo de documentos y de informes que basta examinar de ligero para comprender
cuánto valen.
Todos estos papeles formaban una masa considerable de informaciones, narraciones,
pruebas, referencias y constancias históricas. De un punto de vista general, se armoni-
zaban y completaban los unos a los otros: eran como el reejo –en las diversas ramas
de la vida administrativa y social de la colonia– de los hechos análogos, cuando no
idénticos, que se actuaban en ella. De modo que, al desaparecer por las causas ya
enumeradas algunas colecciones, se cegaban, es cierto, las fuentes históricas de mu-
chos sucesos, tal vez de algunos que no volverán a conocerse jamás, pero quedaban
corrientes, abundantes, cristalinas y puras las de mil otros no menos interesantes y
graves.
Conviene anotar esta última circunstancia, porque la refundición de tales papeles en
el Archivo General o Nacional nuestro hace que aparezca bastante completa la docu-
mentación histórica de los principales acontecimientos del Perú colonial, hasta permi-
tirme poner en estos renglones las apreciaciones que vengo haciendo sobre la actual
importancia de aquel archivo.
29 Tampoco destruyeron los soldados de Chile, alojados en la Biblioteca, esa lujosa estantería, que es la
misma que hasta hoy se conserva.
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Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
Hay entre los papeles de Real Hacienda, de la Audiencia del Cuzco y de las Cajas
Reales del virreinato, una colección muy importante de libros y de legajos correspon-
dientes a las provincias del Alto Perú y a los ejércitos que en ellas actuaron en el largo
período de 1815 a 1825, período durante el cual volvieron dichas provincias a situarse
bajo la jurisdicción de aquel virreinato. Esa colección fue retirada, probablemente al
Cuzco o a Lima, en la época de la ocupación de las citadas provincias por las armas li-
bertadoras del Río de la Plata, y se explica que sea bastante completa, porque fue casi
permanente el dominio que las fuerzas españolas tuvieron durante la guerra de la inde-
pendencia en los susodichos territorios y segura cómoda entre las diversas autoridades
la correspondencia que sirve de base a tal colección. Yo me atrevería hasta armar que
el día que esos archivos parciales, del Cuzco y del Alto Perú, se hallen completamente
ordenados y cronológicamente catalogados, casi no habrá suceso que no pueda ser
examinado en sus más insignicantes detalles, ni individuo actor en los mismos cuya
historia no pueda ser recompuesta. Los partes ociales o privados de las operaciones
militares, las demandas de recursos, de fuerzas y elementos de guerra, las requisicio-
nes, los bandos, las acotaciones, los boletines impresos o manuscritos de noticias, las
delaciones, acusaciones y defensas, las órdenes generales, las listas de revista, fojas
de servicios, etc., están allí, casi íntegramente, para convertir esas oscuras campañas
del Alto Perú, tan solo iluminadas hasta hoy por el rojizo resplandor de las crueldades
de Goyeneche, de Olañeta y de los feroces guerrilleros de los dos bandos entonces en
lucha, en fecundo manantial de verdad histórica y de patrióticas enseñanzas.
Los archivos de la Real Audiencia del Cuzco a par que los de la Inquisición, son sin
embargo, los que ofrecen más ancho campo al estudio, tanto político como sociológi-
co del período de la colonia. La irreverencia de la polilla y del tiempo no ha hecho en
ellos tan profundos vacíos, que no se puedan encontrar aún, con asombro justicado
por cierto, expedientes enteros de los juicios seguidos entre los colonos o poblado-
res desde pocos años después de la conquista y ocupación del Perú, hasta la misma
independencia. Son ellos el mejor testimonio de los vicios que se enseñorearon de
esta sociedad rudimentaria, aunque rica, desde el instante mismo de su formación y
que sirvieron de alimento al espíritu codicioso y muy poco moral de aquellos magnos
aventureros. También los indios, los despojados señores del suelo, tanto los infelices
tributarios como los descendientes de sangre incaica o real, pagaron contribución y no
escasa a ese ocio de pleitear ante la justicia de que nos habla Mendiburu en la página
veinticuatro del tomo octavo de su incomparable Diccionario biográco; y así los ve-
mos, desde la misma época, reclamando, con invariable justicia, fueros, prerrogativas,
exenciones y relevo de cargas; obrando así a par de los que habían encontrado en el
odioso sistema de la defensa escrita, un nuevo medio de enriquecerse en detrimento de
la fortuna de los menos fuertes. Por eso, al lado de los expedientes en que doña Fran-
cisca Pizarro, o sus herederos litigan los bienes del marqués, o en que los descendien-
tes de Gonzalo y de Almagro reclaman derechos análogos, se tropieza de improviso
con las voluminosas alegaciones y procesos de los hijos y nietos de Manco Inga, del
primitivo Túpac Amaru, de los caciques y señores de indios, siempre en pos de jus-
ticia para los suyos. Cuando se hojean aquellos monstruosos procesos y se sigue con
metódico interés el curso de esa lucha entre los componentes sociales de la colonia, en
defensa de lo que cada uno creía su interés amparado por el derecho, delante de jueces
las más veces parciales, ignorantes y torpes, en medio de una cohorte de procuradores
y agentes venales y corrompidos; cuando se estudia la manera y el medio en que toda
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Alberto Ulloa CisnerosRev Arch Gen Nac. 2020; 35: 13-61
aquella sociedad se movía en pos del bien supremo de la justicia, o guiada por el móvil
también supremo del interés individual, se encuentra fácilmente la explicación y el
secreto de muchísimos fenómenos sociales que hasta ahora permanecen sin interpre-
tación en la historia: la venda se descorre franca y rápidamente, y se alza airada en la
propia conciencia la faz de la justicia, herida por esa eterna expoliación del derecho.
Y no es esta la única faz social ni el solo matiz sociológico que nos ofrecen aquellos
legajos…
De ese género de papeles solo nos queda en cantidad digna de tomarse en cuenta, aque-
llos de la Audiencia del Cuzco; pues de los expedientes o autos de la de Lima solo
existen muy cortas piezas, en su mayor parte del ramo criminal, revelación también de
costumbres y hechos no menos reprensibles y bárbaros. Cierto es que hay todavía en los
archivos de la Corte Superior de Lima y en las llamadas “escribanías públicas” de la ca-
pital no despreciable cantidad de legajos y libros de aquel entonces, mas nadie ha osado
–por fortuna para la futura reconstitución del Archivo Nacional– poner en ellos la mano.
Los archivos de Hacienda
Pero si tal como la hemos esbozado es la importancia de los papeles del orden mili-
tar, político y judicial que en la actualidad se poseen, es mayor aún la de los que se
reeren al servicio de la hacienda pública del virreinato. Sin profundizar la materia,
que espacio no hay aquí para ello, permítasenos una observación general o amplísi-
ma: la administración pública en el noventa por ciento de los casos se convierte en
acción del orden económico, se desenvuelve en un gasto, se reduce o determina por
un egreso cualquiera, el cual pasa o se realiza por intermedio de las dependencias de
Hacienda. De manera que, en esa misma mayoría de los casos, un documento que al
parecer no denota sino la satisfacción de una orden scal, es en el fondo el detalle
último, relativamente secundario, de un suceso más trascendental e importante. Tras
de un sueldo, está un nombramiento, tras de una planilla o lista de revista, la plana
numérica y nominal de un cuerpo; tras de un asiento de tributo, los pueblos e indios
que estaban obligados al pago, la cuota de la contribución y la del salario; tras del
quinto real, la estadística de la producción de la industria minera; tras de los sínodos,
la razón puntual y metódica de la organización religiosa; tras de los diezmos y pri-
micias, el estado del cultivo y del rendimiento agrícola; tras de una cuenta militar, el
personal y las vicisitudes de una campaña; tras de la merced, de la asignación y de la
encomienda, una relación de servicios a la Corona; tras de un presupuesto, la historia
de una institución o de una obra pública; tras la razón de los mismos quintos y de los
galeones, el balance de la explotación scal durante los trescientos años de la colonia;
en n, tras de la planta de sueldos del virreinato, el curso sucesivo y metódico de los
sucesos del orden político y económico del territorio.
He allí por qué concedo yo y he de conceder eternamente a esos gruesos legajos, y a
esa innúmera cantidad de libros de Real Hacienda, a esos archivos del Real Tribunal
de Cuentas, de Rentas Estancadas, etc., la más grande, la más extraordinaria impor-
tancia. Sus libros copiadores de informes son por sí solos un tesoro histórico en cada
materia, aisladamente considerada. ¿Se quiere tener la marcha de un ramo cualquiera,
de la minería, del estanco de naipes, de los tabacos, de los aguardientes, de las breas,
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Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
de la justicia comercial, de lo que se guste, en una palabra? Pues abrid uno solo de
esos cuadernos y se verá el resultado.
Ese colosal archivo de Hacienda, escapado a la incuria y al tiempo, mal conservado,
pero conservado en los vericuetos del Ministerio del mismo nombre, no ha eludido
sin embargo a la torpe voracidad de Dios sabe quién. Don José Toribio Polo, antes
citado, el viejo y laborioso amigo de la historia peruana, que ha dado a luz algunos
trabajos de esa índole, encargado en 1889 de la conservación y custodia del archivo,
señalaba en un interesante informe que pasó a la Sociedad Geográca de Lima, en
1892, la importancia de aquellos papelest y constataba una treintena de documentos
tan extraordinarios como estos:
“Nuevo gazolacio”, por Feijoo de Sosa –1771– 1 tomo fº
Informes y ocios del Tribunal Mayor de Cuentas en 1777 y 1778
Informes y consultas del mismo Tribunal en 1784
Informes y consultas del id. en 1806
Libros de tomas de razón de las visitas de don José Antonio de Areche – 1781
y 1782
Ocios y providencias del visitador general don Jorge Escobedo – 1783, 1784 y 1785
Decretos y resoluciones del mismo visitador Escobedo y del virrey – de 1786
a1790, inclusive
Cédulas, reales órdenes, consultas y decretos del Acuerdo sobre Media Anata –
1728 hasta 1802
Autos del Juzgado de Media Anata, para cobrar al virrey Amat la que debía –1776
y 1778
Ordenanzas del Real Hospital de San Bartolomé y expediente sobre la visita que
se le hizo – 1816
Recepción del virrey Guirior
Consultas e informes al virrey del Tribunal del Consulado – de 1744 a 1780.
Informes del mismo Tribunal – 1776
Cédulas, reales, órdenes y ocios originales del virrey al Consulado, de enero de
1796 a 22 de noviembre de 1803
Copiador de notas del Consulado, desde mayo de 1812 hasta 1817, inclusive.
Copiador de 1818 a 1820
Copiador a diversos funcionarios – 1816 a 1817
Dos cuadernos sobre la expedición de San Martín en Chile y las batallas de Cha-
cabuco y Maypú
Copiador de ocios y ordenes de la Subinspección General del ejército real, desde
3 de marzo de 1797 a 13 de octubre de 1820
Otro copiador de ocios de 10 de enero de 1818 al 6 de junio de 1821
Autos formados sobre la última entrada de los misioneros de Ocopa a la conver-
sión de ineles por el río Pozuzo – 1764
Diario de la visita de las conversiones de Huánuco y Cajamarquilla, hecha por el
padre prefecto de misiones fray José López – 1797 (con un mapa pequeño de los
departamentos de Huánuco y Cajamarquilla)
40
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Planos sueltos del fuerte de Chanchamayo de la provincia de Tarma (de nes del
siglo XVIII).
Plano del fuerte de San Carlos en Chiloé en 1769, por don Carlos de Beranger.
Plano iluminado de la Casa de Moneda de Potosí en 1778
Expediente sobre el estado de la real mina de azogue de Huancavelica – 1781
Informe de don Antonio de Ulloa sobre el relevo que pretendían los mineros del
pago del quinto – 1760
Expediente sobre el sueldo que, como virrey interino del Perú, debía percibir don
Joaquín de la Pezuela – 1815
Informe original al rey, de la Audiencia del Cuzco, sobre la insurrección de esa
provincia, fechado en 5 de mayo de 1815
Expediente sobre el papel sedicioso Los derechos del hombre, por don Antonio
Nariño – 1794
Ocio del general en jefe del ejército expedicionario, don Pablo Morillo, al virrey
Abascal (Bogotá, 31 de agosto de 1816), comunicándole la completa pacicación del
virreinato de Santa Fe y adjuntándole el Boletín del Ejercito, impreso en 10 hojas
30
.
Pues bien, algunos de estos preciosos documentos han desaparecido y no quedan ni
huellas del sacrílego autor de ese atentado. Como jefe de nuestra ocina de límites,
a quien interesaba antes que a nadie el copiador de informes de Escobedo, el famoso
visitador y autor de varios proyectos de recomposición de los virreinatos y de las
audiencias, hícelos buscar cuidadosamente y aún pesquisar su extravío, pero coneso
aquí que no hube de cosechar sino desengaños
31
.
Los archivos de la Inquisición y de la Compañía de Jesús
No me detendré a manifestar la importancia y el interés histórico de los papeles per-
tenecientes al Tribunal de la Inquisición o del Santo Ocio, porque independiente-
mente de su peculiar carácter, han sido ya bastante explotados por algunos escritores
nacionales y extranjeros. Ellos han proyectado luz suciente sobre aquel sombrío
instituto, cuyos procedimientos en el Perú, durante el largo período de su existencia,
nada desmerecen de las espantosas e inauditas crueldades del Santo Ocio en la pe-
nínsula y en otros lugares. Tampoco podría presumir de acertado el estampar un juicio
denitivo o concreto sobre aquellos papeles, pues la verdad es que los cuatrocientos o
quinientos paquetes que con tal rótulo (Inquisición) se guardan en el Archivo, ofrecen
una variedad sorprendente y encierran papeles no solo sobre tal materia, sino sobre
otros ramos. Creo fundadamente, sin embargo, que cuando alguno de los nuestros se
dedique con entusiasmo a escribir la historia de aquel Tribunal, encontrará para ello
30
“Memoria de la comisión del arreglo del antiguo archivo del Ministerio de Hacienda”, por José Toribio
Polo. Boletín de la Sociedad Geográca de Lima. Tomo 2.°. Año II. 1893. Pág. 468.
31 El Gobierno peruano de 1889 había tenido la particular originalidad de encargar la custodia del Archivo
de Hacienda a la Sociedad Geográca de Lima, no obstante de estar los restos del antiguo Archivo
Nacional bajo la dependencia de la Biblioteca. Se designó como lugar de depósito del nuevo Archivo
un cuarto ruinoso del mismo edicio de la Biblioteca, sin piso ni anaqueles; los legajos se colocaron
sobre adobes y tablones que la municencia del Gobierno concedió al señor Polo; y se hicieron otras
cosas que el decoro del país impone callar.
41
Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
el material suciente, seleccionando la colección que en el Archivo se encierra. En-
tonces se hallarán expedientes curiosísimos, verdaderamente inverosímiles sobre los
ngidos puricadores de la religión y de la moral de esos tiempos, que al castigar en
esta sociedad supersticiosa y fanática las faltas verdaderas o falsas de sus acusados,
olvidaban la represión de sus propios crímenes.
De los otros papeles del Archivo Nacional, los que más me han sorprendido e interesa-
do son los que se reeren a las Temporalidades
32
y a los ramos de Tabacos y Minería.
Los primeros pueden descomponerse en varios órdenes de documentos, todos inte-
resantes y bastante nutridos. Contienen ellos la historia completa de la Compañía de
Jesús en el Perú y en las demás colonias sudamericanas a las cuales extendieron su in-
uencia o su acción los religiosos de dicho instituto. Junto con la nómina de los bienes
adquiridos por ellos, de los establecimientos que fomentaban, de las propiedades que
administraban o poseían, de sus religiosos, de sus templos, colegios y universidades,
se encuentran aún, y no mal conservados, los títulos de los inmuebles, de las tierras,
de las donaciones recibidas por ellos, de los censos y capellanías establecidos en su
favor, de las alhajas que adornaban sus templos, de los frutos que obtenían de aquella
enorme masa de bienes raíces, muebles, semovientes, etc., que la generosidad y el
piadoso espíritu de la época habían puesto en sus manos.
No puedo tener tampoco la pretensión de hacer aquí el bosquejo de lo que fueron los
jesuitas del Perú en el largo período del coloniaje, pero habrá de permitírseme indicar
que es en estos papeles de las Temporalidades donde se halla la verdadera historia
de la Compañía, donde se conoce el inmenso poder, la avasalladora inuencia de esa
orden religiosa en los sencillos pueblos de Sudamérica; donde se encuentra la raíz de
multitud de acontecimientos y de vicios que más tarde nos han carcomido, y donde
se siente con el imperio de la mayor evidencia, la justicia de las leyes que expulsaron
de América a la Compañía de Jesús para devolver a la masa social, por el intermedio
del poder público, el patrimonio que le fuera arrancado. Es allí, lo diré con franqueza,
donde existe el proceso imparcial, estrictamente honrado e insospechable, de aquel
famoso instituto, vampiro insaciable y monstruoso de nuestro organismo social, al
cual supo quitárselo todo.
Existen todavía en el Archivo extensas nóminas de los bienes raíces de que hablo y,
a su lado, la colección casi completa de las fundaciones piadosas, de los testamentos
y, sobre todo, de los títulos originarios de las respectivas propiedades. Cuando se les
32 Bajo este nombre se comprendieron, desde antiguo, los papeles de las juntas de Temporalidades,
creada por oposición a la administración de los bienes de los regulares jesuitas. Cuando el instituto
de la Compañía de Jesús fue suprimido y los religiosos de la orden fueron extrañados de los dominios
españoles de América por la Real Cédula de Carlos III, fechada en El Pardo el 27 de febrero de 1767
y Pragmática Sanción de 2 de abril del mismo año, se dispuso, también
,
por Real Cédula de 9 de julio de
1769 la formación de juntas, a las cuales se encargó no solo la administración de los bienes y propie-
dades de los dichos jesuitas, sino la recolección de los archivos y bibliotecas poseídos por ellos. El método
y el orden desplegado por aquellas juntas en el manejo de tales asuntos fue en realidad sorprendente y hoy
mismo vese clara huella de su acierto en los papeles del Archivo.
Suprimida la Junta de Temporalidades en 1821, los bienes de los jesuitas pasaron al poder del Es-
tado, quien, siguiendo el ejemplo de los monarcas españoles en los momentos de necesidad pública,
dispuso la venta o el obsequio de la mayor parte de ellos. Pocas, muy pocas son las propiedades que
hoy conserva el Estado de aquel instituto.
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examina o recorre, el espíritu se abisma contemplando cómo llegaron aquellos sacer-
dotes a adueñarse de la mejor extensión de tierras cultivadas de la colonia, del mayor
número de haciendas y obrajes, de la más grande cantidad de capitales agrícolas y
pecuarios, de los más selectos y valiosos edicios urbanos y hasta de los mejores te-
rrenos en la costa y sierra. Valles enteros les pertenecían y casi no había fundo agrícola
del Perú que no les pagase censo o reconociese una servidumbre. Por mi vista ha pa-
sado tal cantidad de expedientes de ese género, que no peco de exagerado al decir que
todas las haciendas de los valles de Ica, Chancay, Moquegua y la mayor parte de los
de Trujillo, Santa, Cuzco, Puno, Guamanga y otros lugares eran suyas. He allí por qué
armo, y ahora repito, que el examen de tales procesos es la más clara justicación del
acierto con que los reyes de España procedieron su expulsión.
Sabido es como fueron cumplidas las severísimas órdenes que dictó el monarca al res-
pecto. Los jesuitas fueron despertados, en una noche dada, al mismo tiempo en todo
el territorio de América, por las comisiones secreta y oportunamente enviadas por los
virreyes, en compañía de las fuerzas militares precisas, y expulsados de su residencia,
sin permitírseles tomar uno solo de los papeles que tenían a su alcance ni comunicarse
con nadie. En virtud de rigor semejante, los regulares dejaron en sus archivos y en
celdas millares de documentos originales igualmente preciosos, que pasaron íntegra-
mente a las Juntas de Temporalidades y de allí a nuestro Archivo. Entre esos papeles,
a la vez que los documentos que ya he mencionado, vinieron curiosísimos escritos de
índole personal o privada, como sermones, artículos literarios, composiciones profa-
nas o místicas y multitud de producciones de otro carácter que pocos han explotado
hasta hoy. Esos tesoros se conservan en gran desorden, pero no por eso son menos
sugestivos y aprovechables. El señor Palma ha entresacado de ellos algunos escritos
por todo extremo curiosos, que el lector puede hallar en las tantas veces nombrada
Sección de Manuscritos de la Biblioteca, bajo el lema “Papeles de jesuitas”.
Nada es, a mi juicio, más importante en dicha colección que las famosas “Cartas an-
nuas de la provincia del Perú”, de las cuales hay las correspondientes a muchísimos
años, inéditas desde luego.
También llama la atención entre estos papeles, la colección de “profesiones de fe” y
“dimisorias” de los regulares. De ellas han extraído, no tengo la menor duda de ello,
don Enrique Torres Saldamando
33
y otros escritores, sus principales informaciones; y
en ellas encontrarán otros muchos el material necesario a sus aciones y estudios. No
creo incurrir tampoco en error al presumir que los cuadros o relaciones sobre personal
y bienes de jesuitas que se han publicado en algunas colecciones
34
, fueron obtenidos
en el Archivo Nacional, que todavía conserva los originales de varios de ellos. El
mismo Saldamando, en las biografías por el publicadas, hace la mejor y más completa
relación de tales papeles.
33 Los antiguos jesuitas del Perú. Biografías y apuntes para su historia, por Enrique Torres Saldamando.
Lima, 1882. Imprenta Liberal.
34 Odriozola. Documentos históricos y Documentos literarios del Perú. Lima, 1863 a 1877. Imprenta del
Estado. –Mendiburu. Diccionario histórico biográco, antes citado.
43
Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
Otros fondos documentales del Archivo Nacional
Para no hacer muy prolijo este recuento del contenido y de la importancia de nuestro
Archivo, pasaré por alto aquellos otros ramos de que hable anteriormente, como los
de Tabaco y de Minería, en que existen colecciones de expedientes, razones, estados,
cuadros, planos, reglamentos, derroteros, modelos, memorias de cultivo o de explota-
ción, singularmente importantes. En ellas, especialmente en las del ramo de Minería,
existen descripciones e informes de una precisión sorprendente, explicaciones claras
y detalladas de tales industrias, demostración de sus benecios y de sus recursos. Allí
tenemos la historia completa de las célebres minas de Huancavelica, del Cerro de Pas-
co, de Hualgayoc, de Guantajaya, de Potosí y, junto con ella, millares de expedientes
relativos a minerales y explotaciones de secundaria importancia. Allí también está el
patrón de las labores en oro, en plata y en otros metales, durante toda la época colo-
nial, la descripción menuda de cada mina o centro minero, la razón de su decadencia,
su abandono y su ruina; los medios empleados para remediar esos males, los trabajos
y exploraciones técnicas de los sabios de la época, y algo como una luz para guiarse en
las futuras indagaciones y en los trabajos, que seguramente habrán de implantarse más
tarde en los mismos centros y lugares mineros, cuando se adquiera la convicción de
que en el mayor número de casos las explotaciones que hace doscientos años no eran
provechosas por la falta de economía en las labores o por otros motivos, lo son en el
día, dados los colosales elementos que el giro de los capitales y el progreso industrial
ha puesto al alcance de todos.
No avanzaré, sin embargo, estos renglones sin llamar la atención hacia el singular
valor de los mil quinientos volúmenes de copiadores, libros de cuentas, de informes,
etc., que aproximadamente contiene el Archivo. Todos ellos son en extremo impor-
tantes, porque encierran la historia y las funciones realizadas por las diversas corpo-
raciones del virreinato en el servicio de los ramos que les estaban encomendados;
pero ninguno de esos volúmenes ofrece el interés de los copiadores de informes del
Real Tribunal de Cuentas y del Real Tribunal de Consulado de Lima que, junto con
los libros de las diferentes cajas reales, encierran la historia económica a mi juicio
bastante completa del coloniaje y, como casi no había asunto administrativo en que
esas ocinas no fueran consultadas, sus informes abarcan también el servicio entero
del gobierno de entonces, siendo la fuente más fecunda de informaciones sobre aquel
período de nuestra historia.
Aún hay en el Archivo muchos otros papeles y colecciones de variada importancia,
entre ellos los que pertenecieron a la cuarta partida de la comisión demarcadora de
límites entre España y Portugal
35
, los referentes a la Gobernación de Guayaquil, de
35 Son tan comunes las informaciones referentes a las cuestiones de límites entre España y Portugal desde
el descubrimiento mismo de América y tan conocidos los trabajos de las comisiones demarcadoras de
aquellos límites, en conformidad con los tratados de 1550 y 1777 entre las dos coronas, que me parece
inútil profundizar aquí la materia. Baste anotar que la cuarta partida de la comisión estatuida por el
segundo de dichos tratados, fue la que tuvo a su cargo la delimitación de la frontera entre el río Yavarí
por el Sur y los ríos Yapurá y Negro hacia el norte. Jefe de esa partida demarcadora fue el brigadier
español don Francisco Requena, harto conocedor de aquellos parajes, por haber sido el ingeniero en-
cargado de encaminar la expedición que se preparó en Guayaquil y en Quito hacia 1777 para contener
las incursiones portuguesas en el Napo y en el Amazonas. A esa circunstancia juntaba Requena la de
haber ejercido algo más tarde la Gobernación de Maynas. Fue nombrado para el cargo de comisario
44
Alberto Ulloa CisnerosRev Arch Gen Nac. 2020; 35: 13-61
1805 a 1822
36
; los que atañen al gobierno y administración del archipiélago de Chiloé
hasta 1826
37
; los expedientes directamente manejados por la Secretaría de Cámara del
demarcador en 1778 y comenzó sus funciones en 1780.
Requena y su cuarta partida demarcadora fueron tan desgraciados o más que los otros comisionados
españoles llamados a entenderse con los portugueses a lo largo de la línea determinada por los tratados.
Los comisarios portugueses, profundamente conocedores del territorio, con marcada resolución de
extender por cuantos medios estuvieran a su alcance las posesiones ultramarinas del Rey Fidelísimo,
sabedores de las dicultades que por doquier rodeaban a los españoles y a su gobierno, opusieron
constantes resistencias a la demarcación, hasta llegar a interrumpirla denitivamente y obligar a los
comisarios españoles a abandonar el campo.
Requena era un hombre singularmente metódico y minucioso, y así se explica bien que todos los
libros, documentos, cuentas, etc., de aquella desgraciada partida por él comandada, se conserven casi
íntegramente para servir a la defensa de los derechos territoriales hispano americanos en esta parte del
continente. Como muestra de esas particularidades suyas, doy aquí esta relación que él mismo hizo y
formó en 1781, apenas comenzadas sus labores sobre el personal de la expedición:
“Empleados de la cuarta partida de límites por parte de Su Majestad católica. –Primer Comisario,
don Francisco de Requena, Gobernador de Maynas y capitán de ingenieros. –Segundo id., don Felipe
de Arechua, capitán de milicias de Quito. –Tesorero y proveedor general, don Juan Manuel Benites,
teniente de milicias de Quito. –Secretario, don Gaspar Santistevan, cadete habilitado de ocial. –Ayu-
dante, don Juan Salinas, id. id. –Capellán, don Mariano Bravo. –Cirujano, don Manuel Vera. –Guarda
almacén, Justo Munar, cabo de escuadra. –Un cadete, dos sargentos, dos cabos y veinticinco soldados
blancos y dos negros. –Notas. –Que don Apolinar Díaz de la Fuente, destinado a la expedición en
calidad de cosmógrafo, no tiene ciencia ni salud ninguna para desempeñar este cargo, y está mandado
detener por el señor Presidente de Quito. –Don Joaquín Bustos, teniente de milicias del río del Hacha,
agregado a la misma expedición, ha sido preciso dejarlo de comandante de los terrenos de que se toma
posesión, para el establecimiento y aumento de los pueblos adquiridos. –Y los demás soldados que fal-
tan a esta relación, han muerto unos y otros quedan en la provincia enteramente inhábiles para seguir la
expedición y para emplearse en los penosos trabajos de ella. –Tabatinga, 8 de junio de 1781. –Francisco
Resuena”.
Requena abandonó la demarcación a principios de 1790, sin que desde entonces hasta su muerte, lo
mismo que en anteriores tiempos, hubiera dejado de trabajar un momento por el progreso de las regio-
nes orientales del Perú y en contra de las invasiones de los portugueses.
En 1794 recibió la real orden del caso que le permitía volver a España, por la vía del Pará. Con tal
motivo, volvió a recorrer el Amazonas, pero sin tocar pueblo alguno, ni pasar por ellos de día y regre-
só a España donde obtuvo el título de brigadier, en recompensa de esa campaña de once años en las
márgenes del famoso río.
36 El gobierno de Guayaquil fue puesto bajo la dependencia o jurisdicción inmediata del virreinato de
Lima, por real orden de 7 de julio de 1803. Esta agregación, que no pareció tener en su principio más
que un carácter militar y político, se hizo amplia o absoluta por posterior disposición del monarca, de
10 de febrero de 1806. A virtud de ella, Guayaquil continúo perteneciendo al Perú hasta 1822, en que
fue agregado a Colombia. Es por razón de tales circunstancias que los papeles referentes al gobierno de
esa provincia se conservan en nuestro archivo, al que desde luego corresponden exclusiva y legítima-
mente. La importancia de ello es concluyente bajo el aspecto de las cuestiones de frontera con la vecina
república del norte, pero lo es mucho mayor bajo el aspecto histórico, en relación con los sucesos que
prepararon y realizaron la independencia de esa parte del territorio.
37 El gobierno de Chiloé perteneció privativamente al reino y Capitanía General de Chile, en razón de su
natural proximidad al territorio de ese nombre. Dependía, sin embargo, en lo militar y político, del virrei-
nato de Lima, quien proveyó siempre a su conservación y defensa contra las incursiones y ataques de los
piratas y fuerzas de mar que amagaron las costas españolas de América durante los siglos XVI, XVII y
XVIII. Hacia 1768, el rey dispuso que Chiloé quedase agregado completamente al Perú, con quien debía
entenderse para todo género de asuntos. En tal condición permaneció hasta 1826, en que habiendo expe-
dicionado contra dicha plaza, el general Freire, presidente de Chile, y capitulado su defensor, el brigadier
español don Antonio de Quintanilla, ajustose entre ambos un tratado que dejó incorporado como parte
integrante de Chile el archipiélago de ese nombre. Ese tratado lleva la fecha de 18 de enero de 1826 y
envuelve un desconocimiento de los derechos territoriales del Perú, que este no ha reclamado jamás.
45
Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
virreinato referentes a asuntos de la privativa resolución del virrey, como eran los de
guerra, policía, fomento de misiones, etc.; los que se ocupaban de descubrimientos,
pacicaciones, exploraciones geográcas o de otro orden y muchos más de difícil
cuando no de imposible clasicación.
¿Cuándo se vencerá la patriótica y previsora labor de poner en orden perfecto aquellos
papeles para que puedan ser de utilidad a la historia y a la administración del país? No
lo sabemos. El actual, ilustrado gobierno del señor Piérola ha dado un nuevo paso en
ese camino, disponiendo la recomposición del Archivo y colocando a su frente a nuestro
laureado poeta y hombre de letras don Luis Benjamín Cisneros, quien, desgraciadamen-
te, solo tiene a sus órdenes un personal a todas ludes insuciente y mezquino. ¿Querrá
aumentarlo la próxima administración del Perú? Así lo esperamos fundadamente, pues
que a continuar las cosas en el estado que las pinta el señor Cisneros en su reciente me-
moria sobre el particular
38
, habrá que convenir en la progresiva destrucción del Archivo.
Inspirado, pues, en el mismo propósito de salvar del olvido tan valiosas colecciones,
llamadas a ilustrar todas o casi todas nuestras cuestiones políticas y aún las sociales de
carácter permanente o atávico, y de prestar en la esfera de mis facultades un servicio a
38 He aquí lo que dice el señor Cisneros: “Consta a US. el estado en que se encontraban los dos salones,
separados entre sí, que constituyen actualmente el local del Archivo y que recibí, el uno del señor di-
rector de la Biblioteca Nacional y el otro del señor secretario de la Sociedad Geográca, “con todo el
contenido”, según la sucinta expresión de las actas de entrega. Consta igualmente a US., el trabajo de
limpieza a fondo que hubo necesidad de llevar a cabo, a n de poner al primero en condiciones para
establecer el servicio de ocina, y al segundo, en las de relativo aseo. –En el primero, hubo también que
levantar, empaquetar y colocar en los estantes una enorme cantidad de cuadernos y paquetes sueltos,
que formaban, cubriendo el suelo casi por completo una alta masa compacta. –Como el segundo carece
de estantería y solo sirve de depósito provisional, no era posible emprender en él igual trabajo y los
libros, cuadernos y papeles se han dejado hasta ahora en la condición en que se hallaban, sobre tablones
sostenidos por rimeros de adobes que obstruyen la circulación, condición bochornosa y que solo puede
excusarse con la perspectiva de próxima traslación al lugar que deben ocupar de manera permanente.
[…] –El salón que contiene la ocina es uno de los que, en el edicio de la Biblioteca, ocuparon los sol-
dados de la invasión chilena, y el material archivado que encierra, el mismo que tuvieron a su absoluta
merced. Sabido es que gran parte de ese material fue sustraído y vendido en las bodegas de la ciudad
y devuelto desinteresadamente por los compradores, sin que pueda conocerse si lo ha sido en su totali-
dad. Es también el mismo de que el enemigo trasladó parte a Chile, devolviéndolo después aunque no
completo. –Bastan los hechos apuntados, sin mencionar otros, para explicarse la circunstancia, esencial
en todo esto, de que haya desaparecido el inventario que, de ciertas secciones del referido material ar-
chivado, formaron en muchos años la Comisión especial nombrada en 1865 y el personal de empleados
que lo tuvieron a su cargo antes de la guerra con Chile. En efecto, rastreando indicios y antecedentes,
se viene en conocimiento de que esa Comisión y empleados llegaron a formar en diversos volúmenes,
un Inventario que corresponde a, por lo menos, 1400 legajos atados y numerados con un mínimum de
22019 cuadernos. –Bastan también esos hechos para explicarse al mismo tiempo la confusión general
e indescriptible a que ellos han dado lugar, desordenando los papeles de un mismo legajo y mezclando
los de distintos, así como los de unas secciones con los de otras y el material inventariado con el que
no lo había sido; de manera que aunque existiera el Inventario desaparecido, sería casi completamente
inútil guiarse por él. La desorganización aumenta a causa de que la mayor parte de los legajos, que la
tenían, han perdido su numeración y de la gran cantidad que existe de fragmentos de cuadernos desglo-
sados. –Resultado natural de todo esto ha sido que al ingresar al Archivo haya encontrado mezclados y
en gran desorden, en solo el salón de que me ocupo, todos los papeles en él contenidos, esto es, 3664.
legajos de cuadernos y hojas sueltas que, agregando los libros representan la enorme masa, según
cálculos aproximados por promedios, de 91600 piezas y que llena la estantería en toda su extensión,
siendo de advertir que gran parte de este voluminoso material no ha sido inventariado nunca”. Memoria
que el director del Archivo Nacional del Perú presenta al Ministerio de Justicia. Lima. 1889.
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los que puedan y quieran formar nuestra historia, he ofrecido al Gobierno la impresión
de esta Revista, cuya importancia no me parece discutible siquiera.
Creí al principio que bastaría insertar en ella los documentos selectos del Archivo, de
que he venido ocupándome, pero observando pronto que una gran parte de esos do-
cumentos existe diseminada en distintos lugares, aunque al alcance siempre del poder
público, que otra no menos valiosa se halla en la Biblioteca Nacional, que esta tiene
también papeles propios de indiscutible importancia los cuales es conveniente hacer cir-
cular, y que no son estos los únicos archivos peruanos que merecen ser estudiados, reco-
rridos y aprovechados; he adoptado la resolución de formar una publicación de carácter
más amplio, en que tengan cabida todos aquellos documentos y todos aquellos archivos.
El archivo del Cabildo de Lima
Desde luego, habría sido cosa en extremo injusta e indisculpable de mi parte, olvidar
que el archivo del Cabildo o Municipalidad de Lima merece lugar preferente en cual-
quiera colección de este género. Es en él, a par que en el archivo del Cabildo o mejor
dicho, de la ciudad del Cuzco, donde se asentaron las primeras actas de organización,
fundación, donación y reparto de la colonia; donde se inscribieron, acompañadas de
cuantos datos podían perfeccionarlas, las capitulaciones del soberano con los prime-
ros gobernadores del Perú; donde se anotaron sus primeros vecinos y se narraron las
primeras vicisitudes de los osados descubridores; donde se llevó mes a mes y día a
día, razón exacta y elísima de los sucesos de la conquista y donde existe, a través de
tres siglos, palpitante y vivísima, la historia local y, por ende, social de nuestra patria.
El archivo colonial del Cabildo de Lima no contiene legajos, todo él se encierra en
dos extensas colecciones de libros perfectamente empastados y cronológicamente or-
denados, de las que una –la de “Cédulas y Provisiones Reales”– contiene treinta y
tres volúmenes in folio; y otra –la de “Actas y Acuerdos”– contiene cuarenta y nueve
volúmenes de igual formato. La primera colección tiene en cada volumen el índice
detallado de los documentos que contiene, así como la segunda conserva en tomo
especial y separado el general de los cuarenta y nueve volúmenes.
La referida primera colección comienza por tres curiosísimos volúmenes encuader-
nados, en que se encuentran, en orden cronológico bastante imperfecto, las cédulas
reales dirigidas a los primeros gobernadores y a los primeros cabildos de la Ciudad de
los Reyes. Esta primitiva recopilación, que alcanza hasta poco más de 1700, fue hecha
por el corregidor de la ciudad don Francisco Álvarez Gato, quien, después de haberla
formado y encuadernado a su costa, la ofreció al Cabildo, el cual para constancia en
señal de agradecimiento hizo insertar a la cabeza de cada tomo, el acta en que tales
hechos constaban
39
. Una copia o testimonio de estos libros se sacó algunos años más
39 “Estando en Cabildo de Justicia y Regimiento en ocho de abril de mil setecientos y trece dn. Francisco
Álvarez Gato del Orden de Santiago y corregidor de dha. ciudad representó lo maltratados que estaban
los libros en que estaban las cédulas, ordenanzas, rentas y todo lo pertenesiente a esta ciudad como
muchas cédulas sueltas demás que faltan, más que se save y se an visto: Determinó el cavildo se hiciese
cargo dho. capitular de junttar todos los papeles, y cédulas que pudiere, y con las que havía las juntase,
y pusiese en buena forma. Y en egecución de lo resuelto, haviéndose echo cargo leyó censuras y hizo
todas las diligencias convenientes al desempeño de su obligación, y con las que huvo formó tres Libros
47
Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
tarde y se conserva en el mismo archivo de Cabildo, en perfecto estado, siendo ella,
por obra de la ignorancia y de la falta de interés de los cronistas, la que siempre ha sido
aquí conocida con el nombre de Colección de Álvarez Gato.
El tomo primero de los aludidos consta de doscientos ocho folios, bastante maltrata-
dos, y en él, antes que la recopilación de las cédulas, hay un asiento o testimonio de
las capitulaciones celebradas con el conquistador Pizarro para el descubrimiento y po-
blación del Perú, junto con otros documentos de la época, algunos ya conocidos y vul-
garizados en el día. El segundo, en muy buen estado, contiene ciento cincuentaiséis
documentos, cédulas y provisiones en su totalidad, entre las cuales no se comprende
por qué se encuentran varias dirigidas a autoridades distintas del Cabildo de Lima.
En cuanto al tomo tercero, que encierra exclusivamente las disposiciones regias, vi-
rreinaticias o de la Audiencia sobre los bienes y propios de la ciudad de Lima o de su
Cabildo, casi he hecho mal en decir que forma parte de la colección. Existe, en verdad,
pero no en el Cabildo sino lejos de él, donde no ha quedado más que la compulsa o tes-
timonio de que antes hable, también mutilada, como la colección original. Este libro
no es propiamente igual a los dos otros de la colección de Álvarez Gato porque no se
compone de cédulas originales, sino que es un testimonio o versión autentica de otras
que deben hallarse para siempre perdidas. Tampoco alcanza a 1700, sino hasta el año
de 1633 y tiene una carátula distinta de los otros
40
. La encuadernación, sin embargo,
es la misma y el método seguido y la letra del índice denuncian la labor de Álvarez
Gato. Este tomo tiene quinientas sesentaiséis fojas, precedidas de una razón alfabética
en ocho fojas no numeradas.
Álvarez Gato realizó un positivo servicio no solo a la ciudad de Lima, sino a la histo-
ria patria, al formar la colección que me ocupa. Los documentos que allí se encierran
son quizá los únicos ejemplares de regias disposiciones, ignoradas en su mayor parte,
sobre la primitiva marcha de esta circunscripción colonial. No he hecho un examen
muy detallado de ellos, porque por sí solos serían capaces de ocupar muchos años,
pero he visto o recorrido un buen número, pudiendo calcular cuan abundante material
suministran para la reconstitución del pasado peruano sociológicamente considerado.
Álvarez Gato acompañó cada uno de sus tomos de índices alfabéticos, minuciosos y
correctos, que facilitan mucho el examen.
La otra colección de “Actas y Acuerdos” está mejor conservada y contiene el detalle
de las sesiones celebradas y de los acuerdos tomados por el Cabildo desde su funda-
ción hasta la jura de la independencia. El tomo nal contiene los índices alfabético y
cronológico de la colección, lo que la hace también muy manuable. El primer tomo de
forrados y entablillados, y dorados, con sus números primero, segundo, y tercero con sus Avecedarios
numerados para que se halle con facilidad lo que se buscare y los costeó haciendo al Cavildo este ob-
sequio; y los presenttó en veintte y siette de junio de mill setecienttos, y trece años, para que pongan
en el Archivo de dha. ciudad. –Ante mi –Joseph Benegas: Ess.no tenientte del Cavildo, y Público”.
40 He aquí la caratula: “Libro de los titvlos provisiones y cédvlas con qve esta Muy Noble y leal ciudad de
los Reyes del Pirú tiene y Posee sus propios y rentas y facultad que le está dada Para gastarlos y de las
cédulas Prouisiones y ordenanças para su buen gouierno y administración de la Rc. Justicia tribunales
y Juzgados que tiene y de otras cosas desta República Fecho Pormandado del Cauildo Justicia y Regi-
miento della este año de mill y seis cientos y treinta y tres. Gouernando estos Reynos el exmo. s. Don
luis germo. Fernández de Cabrera y Bouadilla Conde de Chinchón de los consejos Destado y guerra de
su magd. y gentilhombre de su Camara su Virrey, Y Capitán General de estas Provincias Del Pirú”.
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ella constituye el libro primero del Cabildo que el Gobierno y el H. Concejo Provin-
cial de Lima acaban de hacer imprimir en Europa, una vez traducido e ilustrado por
autoridad competente
41
.
Una y otra colección de documentos sorprende por la variedad y profusión de las in-
formaciones que contienen. De mí, sé decir que emprendería gustoso una publicación
destinada exclusivamente a reproducir las piezas principales, si tuviera a mi alcance
los recursos bastantes a ello. Los hábitos del pasado colonial del Perú se levantan allí
palpitantes para alumbrarnos el desarrollo de nuestras ideas, preocupaciones, virtudes,
prácticas y defectos sociales, formando la fuente más clara de observación sugestiva y
moral, y arrastrando al espíritu a las más elocuentes enseñanzas y reexiones. Apenas
puede uno explicarse lo monstruoso de los prejuicios locales y sociales de aquellos
tiempos, la despótica organización que tenía en la práctica la vida urbana y doméstica
de los pobladores, el brutal despotismo de los señores de un lado, y la miseria, la de-
presión moral o la vileza de los siervos del otro; ni tanto desequilibrio entre los diver-
sos componentes de esa sociedad cristiana y civilizada. La vieja organización oriental
de otros tiempos se hallaba reproducida o remedada en esta colectividad colonial: allí
estaban sus castas y subdivisiones jerárquicas: el sacerdote con su envoltura sibilina e
hipócrita; la nobleza y el patriciado con su concupiscencia insaciable de fortuna y de
goces; la servidumbre representada por esas legiones de infelices negros arrojados a
nuestras playas como elemento de explotación y de abuso; los ilotas, constituidos por
los desventurados aborígenes, eternamente condenados a ese minotauro del obraje y la
mita; y dominando el conjunto, la fuerza avasalladora de una milicia orgullosa y desen-
frenada, librando siempre al sable la resolución imperiosa de sus caprichos y apetitos.
Yo invito a recorrer esas colecciones a cuantas personas encuentren injustos y apa-
sionados los comentarios que aquí hago. Verán en ellas, por ejemplo, lo que eran un
plebeyo y un siervo en tiempo de la colonia. Horroriza pensar que por disposición de
las leyes, había en aquella época hombres exclusivamente destinados a cargar como
bestias; otros condenados a trácos infamantes y torpes; otros para quienes era prohi-
bido cubrirse la cabeza o los pies; otros a los cuales les estaba también vedado (bajo
41 En varias oportunidades se había intentado la descifración y publicacion del libro primero de cabildos
de Lima, sin llegar a vericarse. Fue solo en 1888, siendo alcalde de Lima el general César Canevaro,
que se realizó ese trabajo por don Enrique Torres Saldamando, con la cooperación de los señores doctor
don Pablo Patrón, don Nicanor A. Boloña y don Pedro N. Vidaurre, formándose un texto descifrado de
tres gruesos volúmenes por todo extremo útiles e interesantes. Esta copia, ilustrada con retratos de los
personajes, escudos, blasones, etc., de la época, se envió a Europa para su impresión, la que acaba de
lograrse en París al cuidado de la Legación peruana allí acreditada.
El libro primero de cabildos contiene, en primer término, las cédulas reales que concedieron a Pizarro
y Almagro las gobernaciones del Perú; y, en seguida, las actas o sesiones de Cabildo desde la cele-
brada en Jauja en 29 de noviembre de 1534 sobre la necesidad de trasladar la población a sitio más
conveniente, hasta el acuerdo de 17 de noviembre de 1539, en que se ordena a Francisco de Herrera,
mayordomo de la ciudad, pague a Rodrigo de Mazuelos diez pesos, valor del libro en que se contienen
las actas.
La copia tomada por Saldamando está ilustrada con dos series de notas, que forman un volumen muy
ameno e interesante, con una colección de monografías relativas a los primeros regidores que resolvieron
la fundación de Lima y con otra de documentos justicativos de los hechos asentados en el curso de los
actas o cabildos. Nunca será bastante apreciada esta enorme, nutrida y erudita labor de Saldamando, quien
murió muy pobre en Santiago de Chile hace tres años, después de haber recibido por toda remuneración
de un trabajo que a él y a sus colaboradores les empleo año y medio, la suma de un mil soles de plata.
49
Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
pena de azotes) cabalgar aún sobre asnos, comprar o servirse determinados alimentos;
otros que no podían ejercer sino tales o cuales ocios; y otros, en n, a quienes se
impedía el tráco por lugares y en horas determinadas. Es al hojear esos papeles que
el espíritu observa la gestación lenta, pero certísima de ese atavismo nuestro, que ha
deprimido los caracteres y envilecido las bajas capas sociales de nuestra patria durante
larguísimos años, y que seguirá tal vez pesando en nuestros destinos mientras el régi-
men de libertad y de democracia que nos legó la independencia no se inltre sereno,
sano, desbordando verdad y justicia, en todos y en cada uno de nuestros compatriotas.
Por eso, principalmente, quiero yo dar cabida en mi Revista al archivo del Cabildo
limeño para que sirvan sus documentos de enseñanza fecunda, provechosa, elocuente,
de verdades que nos son necesarias. Las gentes, que de más amplio modo interpretan y
sirven la historia, habrán de perdonarme este interés local, secundario para ellos, pero
vivísimo para los que, como nosotros, luchamos todavía con ahínco y con brío en pos
de mejoramientos sociales que al n se divisarán algún día.
Los archivos de la Iglesia
No puedo proclamar en cambio, la excelencia o la utilidad del archivo del Arzobis-
pado de Lima y de los conventos de la ciudad. En el primero, todo lo que existe (o
que me es conocido) es un cedulario incompleto, ruinoso, mal encuadernado y que
tal como es mantenido desaparecerá dentro de poco. Faltan varios y muy importantes
volúmenes, de manera que la documentación está trunca. Aún podría agregar que
entre esa misma documentación, hay tal desorden cronológico y de materias que es
necesario recorrerla íntegramente para darse cuenta del contenido.
He aquí una razón pormenorizada del cedulario:
Libro 1. –Cédulas ponticias y reales a la dignidad arzobispal. –450 fojas útiles.
–Del año 1590 -1642. –El orden cronológico está a la inversa en este tomo.
Libros 2 y 3. –Faltan.
Libro 4. –Fojas 499. –Siglo
Libro 5. –Fojas 363. –Siglo XVIII. –No sigue orden cronológico.
Libro 6. –Fojas 275. –Años 1770-1793. –No sigue un orden cronológico estricto.
Libro 7. –Fojas 413. –Años 1763-1787.
Libro 8. –Fojas 378. –Años 1186-1807.
Libro 9. –Fojas 337. –Siglos XVIII y XIX. –No sigue orden cronológico.
Libro 10. –Fojas 410. –Años 1802-1811.
Libro 11. –No lleva foliación. –Años 1811-1820.
Lo conceptúo, pues, muy poco valioso. Como se ve, lo forman regias providencias
dirigidas al Metropolitano de Lima sobre materias del gobierno eclesiástico del Arzo-
bispado, solicitudes de información; breves –impresos o manuscritos– y una cantidad
considerable de bulas y papeles de “la Santa Cruzada”. A primera vista se nota la falta
de los documentos relativos a la erección del Obispado y Arzobispado de la Iglesia
Catedral de Lima, de las parroquias y templos de la ciudad, de los colegios, semina-
rios, conventos, casas de piedad, etc., Nada, absolutamente nada de esto existe en el
50
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archivo episcopal, pocos son los papeles referentes a Toribio y a Rosa; ningunos los
que hay y que, sin embargo, debería hallarse sobre los demás siervos de Dios y demás
prelados que forman el lustre y la gloria de la Iglesia peruana; y ningunos tampoco los
que se reeren a la demarcación de las diócesis, parroquias y demás circunscripciones
eclesiásticas del Perú
42
.
42 La cédula de erección del Obispado de Lima es de 17 de setiembre de 1541 y la bula dada por Paulo III
del 14 de mayo anterior. La sede de Lima se fundó con el título de San Juan Evangelista. Fray Geróni-
mo de Loayza, el primer arzobispo, fue promovido el mismo año 1541, pero habiéndose promulgado
las bulas en Lima el 17 de setiembre de 1542 solo tomó posesión del obispado el 25 de julio de 1543.
La cédula de erección del Arzobispado de Lima data del 26 de noviembre de 1547, siendo el primer
arzobispo el mismo obispo fray Gerónimo de Loayza. Se fundó en lo apartado que quedaban las tierras
del virreinato del Perú y, por lo tanto, de la silla metropolitana, que era la de Sevilla.
La iglesia Metropolitana de Lima tuvo desde esa fecha como sufragáneos, por disposición de la
misma cédula de erección, los obispados del Cuzco, Quito, Tierrarme, Nicaragua, Popayán y a los
que se crearen en lo futuro en los límites y comarcas de estos. En virtud de ello, fueron sufragáneas
de Lima:
León de Nicaragua (creada en el año 1534)
Guatemala (erigida en 18 de octubre de 1534, arzobispado en 1742)
Panamá (erigida en Darién en 1514 y se trasladó a Panamá en 1521)
Popayán (erigida en 1547)
Quito (erigida en 8 de enero de 1545, arzobispado en 1848)
Cuenca (erigida en 1 de julio de 1786)
Santa Fe (erigida en 11 de setiembre de 1562)
Santiago de Chile (erigida en 1561, arzobispado en 1840)
Concepción de Chile (erigida en El Imperial en 1563 y se trasladada a Concepción en 1603)
La Plata o Charcas (creada en 27 de junio de 1551)
Tucumán (creada en 14 de mayo de 1570)
Buenos Aires (erigida en 1620, arzobispado en 1865)
Trujillo (creada en 12 de abril de 1577)
Arequipa (creada en 15 de abril de 1577)
Guamanga (creada n 20 de julio de 1699)
Cuzco (creada en 1537)
León de Nicaragua, Guatemala, Panamá y Popayán dejaron de ser sufragáneas de Lima a la creación
del Arzobispado de Santa Fe de Bogotá, el 11 de setiembre de 1562; sucediendo igual cosa con Quito
y Cuenca. La Plata, Tucumán y Buenos Aires se desmembraron por la creación del Arzobispado de
Charcas, en 1607. Santiago de Chile y Concepción de Chile fueron sufragáneos de Lima hasta 1840,
fecha de la creación del Arzobispado de Santiago.
Ninguno o casi ninguno de estos importantes documentos se encuentra en el Archivo del Arzobispado,
lo que es verdaderamente muy raro y causa daño positivo a intereses de diverso género en el país. To-
dos saben que en muchos casos las demarcaciones eclesiásticas señaladas en las cédulas de erección de
los obispados, se tomaron como patrón de demarcaciones políticas; de modo que la ausencia de aque-
llas cédulas, deja en tinieblas esta. De otro lado, la historia misma de la iglesia en el Perú reclamaba
testimonios fehacientes de ciertos sucesos, pues que algunos muy importantes son materia de dudas y
de divergencias no despreciables, como sucede con la misma creación del Obispado y del Arzobispado
de Lima, cuya fecha ha sido materia de múltiples opiniones y citas.
Véase, si no, lo que dice Hernáez en el tomo primero de su Colección de bulas y breves sobre las igle-
sias de América: “Lima es la cabeza del Perú en la América meridional, como a dos leguas distante de
la mar, y se llama también Ciudad de los Reyes. Le dio obispo (dice Torrubia) Paulo III en consistorio
de 19 de marzo de 1539. Herrera (Déc. 6, 1. 8, c. 1.°) supone que en 1540 se había ya presentado para
obispo suyo el de Cartagena, D. Fr. Gerónimo de Loayza; y Dávila escribe que en el año 1549 fue
promovido para la Iglesia de Lima. Fontana es su Teatro dominicano, alegando los actos consistoriales,
asegura que su iglesia fue erigida en Catedral a 13 de mayo de 1541, y en Arzobispado a 11 de febrero
de 1546; según lo que dije (N. 14). Muriel, con Echave, pone dicha erección en Catedral en 14 de
mayo de 1541. Esta fecha tiene, según Solórzano (t. 1. 2, 1. 3. c. 4, n. 14, De Ind. Jur.) la Bula dada
51
Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
Posible es que estos papeles existan en otro lugar del Cabildo o del arzobispado que
yo no conozco, pero en todo caso no es culpa mía dejarlos de consignar aquí y hacer
tan triste y dolorosa pintura de nuestro archivo arzobispal.
Esta mala pintura comprende, también, a los archivos conventuales y demás eclesiás-
ticos. Con excepción del de la orden de Franciscanos Descalzos que guarda todavía,
junto a su soberbia biblioteca profana y litúrgica, una colección de papeles bastante
valiosa y muchos manuscritos que merecen salir a luz, todas las demás han perdido
sus archivos y colecciones. De esas pérdidas, ninguna más sensible que la del conven-
to Maximo de San Francisco, en la cual han desaparecido sorprendentes tesoros del
saber y de la vida de los siglos pasados, como la célebre historia de las misiones del
padre Rodríguez Tena, de la que apenas quedan vestigios
43
.
Hasta donde me sea posible buscare, sin embargo, como reparar estas ausencias en
las secciones de la Revista en que corresponda insertar documentos de aquella índole.
Cuento para lograrlo con la voluntad de la misma orden franciscana, quien posee aún
en el Cuzco un valioso archivo, y con otras colecciones que espero tener a mi alcance.
por Paulo III para tal erección, y con la misma la cita Meléndez (t. 1, 1. 9, c. 1). En la misma obra (a
la p. 78 dice que por muerte de Valverde en 1541, que era obispo de todo el Perú, se hicieron los dos
obispados de Lima y Cuzco. También añade (pág. 42. 48, 1. 2, c. 7) que D. Hernando Luque tuvo el
título de obispo de Túmbez, que fue la primera tierra descubierta del Perú pero no logró las bulas. Y por
su muerte nombró el Cesar al Fr. V. Valverde en 1534 por obispo, no solo de Túmbez, sino de todo el
Perú, a donde pasó el 1539. Acaso Paulo III el 1539 acordó que Lima fuese obispado, el 1540 se hizo la
presentación de la persona, y el 1541 se expidió la bula. Lo cierto es que su primer obispo y arzobispo
fue D. F. Gerónimo Loayza, dominicano; al cual llegaron las bulas, según Dávila en 1545, y el palio
en 1548. En el citado consistorio del 1546, le señalo el Papa por sufragáneos los obispados de Cuzco,
Quito, Castilla de Oro en Tierra Firme, León de Nicaragua, Popayán, o los que en dichas partes se
eligiesen en adelante. De facto en el Concilio Provincial de Lima del 1582 rmaron como sufragáneos
los obispos de la Imperial, Cuzco, Santiago de Chile, Tucumán, Plata, Río de la Plata; y los de Pana-
má y Quito en 16??. To?eda, en la vida de Santo Toribio, añade que además de los ocho expresados,
fueron convocados al primero de estos concilios el obispo de Popayán y el de Nicaragua. Con esto
venía a tener Lima, bajo su jurisdicción, toda la parte occidental de la América meridional y parte de
la septentrional: esto es, la mayor extensión que yo sepa haber tenido arzobispado alguno. Su diócesis
conna, al sur con la de Guamanga, al norte con la de Trujillo, al este y noroeste con tierra de ineles”.
43
Hay, en realidad, pocos datos referentes a esta importantísima historia. Los únicos volúmenes que aquí
conocemos de ella son el primero y el quinto, que existen depositados, respectivamente en la Socie-
dad Geográca y en la Biblioteca de Lima. Nadie sabe qué suerte han corrido los otros. El geógrafo
Raimondi en el tomo segundo de la obra El Perú, dice a fojas 393 que la obra existía en el archivo
del convento de San Francisco, dato del que yo he partido al ocuparme de ella; pero como este, al
extenderse en sus apreciaciones y recticaciones geográcas sobre la obra, concreta sus referencias al
tomo primero citado, se puede suponer que Raimondi no vio ningún otro. Así se explicaría, también,
el que como único dato bibliográco dijese que la obra se comenzó a escribir en 1774, sin expresar el
número de volúmenes que alcanzó, ni si llegó o no a su término. Los padres franciscanos, a quienes he
interrogado mucho al respecto, no conocen nada del asunto y en su amplia biblioteca de seis mil o más
volúmenes, que he examinado con minuciosidad, no hay dato alguno tampoco.
Parece, sin embargo, que en la Academia de la Historia de Madrid hay una copia, cuyas condiciones y
particularidades no conozco todavía. Para ilustración copio aquí la caratula del primer tomo que tiene
518 páginas in folio, escrita con magníca letra. Hela aquí: “Aparato á la coronica de la Santa provincia
de los doce apóstoles de la religión de N. P. S. francisco de Asís. Sigue el método que la introducción
del, produce lo antiguo, y moderno, para quitar las equivocasiones, y que aparezca verdad en todo lo
posible –primera parte– su autor el R. P. lect. doct. teol. por la real, y pont. univ. S. Marcos de Lima ex
cust. y coronista de dicha provinc. de los doc apostoles F. Fernando Rodrígues Tena. escrito en la civd.
de Lima año de MDCCLXXIV”.
52
Alberto Ulloa CisnerosRev Arch Gen Nac. 2020; 35: 13-61
El Archivo de Límites
Otro de los archivos que ha de suministrar material abundante y útil para esta Revista,
es el de “Límites”, formado hace apenas tres años como sección especial del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores. Sin duda, el público no debe esperar que yo traiga a las
páginas de esta publicación el contenido de aquel valioso depósito de documentos; ta-
rea sería aquella inoportuna bajo muchos conceptos; pero sí hay lugar a conar en que
la Revista venga por su propia índole, con la publicación de determinados papeles, en
apoyo de los nes que la creación de ese archivo persigue.
La importancia cuantitativa, así como el valor jurídico e histórico de los documentos
allí depositados, con destino a la defensa de los derechos nacionales en las cuestiones
territoriales o de frontera de la República, hizo que yo ncara desde los primeros mo-
mentos la esperanza de ver reejarse también por esta causa, sobre la publicación que
me ocupa, toda la trascendencia de aquellos papeles.
No me creo en el derecho de detallar aquí, más o menos veladamente, lo que el
Archivo de Límites encierra, capaz de ser útil a la historia y al derecho peruanos.
Básteme aseverar que posee las más notables informaciones, planos, expedientes,
relaciones, memorias, etc. de aquel carácter. De esos documentos no será posible
publicar, ciertamente, ni una centésima parte sin invadir el dominio de la Cancillería
nacional, mas, ¿por qué no habría de ofrecerse amplio y oportuno campo a aquellos
que, independientemente de su carácter documentario, armonizan con las materias
que la Revista recorre y explota?
Así, por ejemplo, yo creo que no habría inconveniente para hacer conocer de nuestro
público la colección completa de las cédulas relativas a la organización de las dife-
rentes circunscripciones del Perú colonial, a la conquista de los principales valles
y territorios, a la pacicación de las forestas vírgenes del oriente amazónico, a la
formación y subdivisión de los obispados, al gobierno y fomento de las misiones, a
las demarcaciones hispano portuguesas, a los hechos que precedieron o sirvieron a la
constitución de estas repúblicas a partir de 1810 y a otros puntos igualmente notables
y trascendentales para la historia patria. De ello reportaría provecho muy inmediato,
también, la geografía peruana, terriblemente atrasada hasta hoy en el detalle cientíco
y aún en el descriptivo de determinadas regiones de nuestro territorio, sobre las cuales
la ignorancia o la media ciencia del día levantan o remuevan cuestiones que se encon-
traban ya resueltas cien o doscientos años atrás.
No se crea por esto que el Archivo de Límites constituye entidad aislada o di-
ferente de los demás archivos de la República. Es más bien el resultado de una
selección pausada y discreta de aquellos otros, a los que viene extractando riquí-
sima savia.
Así, pueden considerarse como base principalísima de él los archivos parciales de la
Gobernación de Maynas, de la Gobernación de Jaén, de los colegios o recolecciones
religiosas de Moquegua, Puno y Cuzco, de otros gobiernos y partidos de secundaria
importancia, y de una porción no desdeñable de los papeles del Archivo Nacional de
que ya he hablado. Hay también en sus anaqueles valiosas colecciones de documentos
comprados a particulares, obtenidos en el extranjero por cuenta del Gobierno peruano
53
Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
y reunidos con empeño proporcionado a la patriótica liberalidad que ha tenido, en esta
materia, la actual administración pública del país
44
.
En este Archivo de Límites, de que vengo tratando, debería hallarse igualmente una co-
lección de papeles por muchos conceptos notable: la de las misiones de Mojos y de Apo-
lobamba, dependientes durante larguísimos años del virreinato de Lima y sobre las que
recae el interés especialísimo de ser los territorios de aquel nombre los que, precisamen-
te, ocasionan nuestra principal cuestión de fronteras con la vecina República de Bolivia.
A estar a los datos que me ha sido dable recoger, los papeles de Mojos y de Apolobam-
ba existían íntegramente en el Archivo Nacional, cuando este se encontraba deposita-
do en las celdas del convento de agustinos de Lima. De allí los extrajo el general don
Andrés Santa Cruz, cuando ejerció la presidencia del Perú, y los remitió no se sabe
dónde. El Gobierno del Perú se empeñó en recuperarlos en diversas oportunidades,
siendo esa devolución materia de instrucciones y de gestión especial de varias de las
legaciones peruanas acreditadas en Bolivia. Sin embargo, nadie supo jamás con jeza
la suerte de aquellos papeles.
Años más tarde, hacia 1880, una cantidad de manuscritos (expedientes, relaciones,
etc.) que concordaban en todo con los arrebatados del Archivo Nacional peruano,
aparecieron en poder del señor don Gabriel René Moreno, director del Archivo Nacio-
nal de Bolivia, quien después de coordinarlos e ilustrarlos con verdadera suciencia
histórica, formó catálogo de ellos, impreso posteriormente en un libro o folleto que
lleva este nombre: Biblioteca boliviana. Catálogo del archivo de Mojos y Chiquitos.
Cuando el señor René Moreno dejó Bolivia para establecerse en Chile, hizo obsequio
de los cuarenta y tantos volúmenes de esa colección al gobierno de su patria, quien les
dio cabida en el Archivo de Sucre. Allí han permanecido largos años, hasta la funda-
ción de las ocinas de Geografía, Estadística, Límites, Propaganda, etc., de La Paz,
instituciones que se han dividido la colección en provecho de los estudios de diversa
índole que sus miembros realizan.
No me permitiría asegurar que el Perú debe abandonar la esperanza de recuperar papeles
que le pertenecen exclusivamente, mas sería candorosidad pensar que, pendiente una
44 Aprovecho esta oportunidad para dejar constancia de que no es en merito exclusivo de mis esfuerzos y
de mi perseverancia que el Archivo de Limites ha llegado a reunir el material documentario e histórico
antes citado. Ya desde 1859, el subprefecto de Moyobamba, don Agustín Matute, inspirado en el entu-
siasmo a que dio campo la discusión de linderos entre el Perú y el Ecuador en aquel entonces, reunió
y remitió a Lima, con el mayor esmero, una colección de papeles muy importante, referente toda ella
al Obispado y a la Comandancia General de Maynas, territorio sobre el cual versaba precisamente la
discusión de los plenipotenciarios de ambos países. El Gobierno dio a luz el índice y las principales
piezas de aquella colección en un folleto, que llevaba el título de Documentos encontrados últimamente
en el archivo ocial de la Subprefectura de Moyobamba, que acreditan la posesión del Perú sobre los
territorios de Quijos y Canelos –Lima, 1860– y que sirvió, desde entonces, de base a los estudios que
diversos escritores han hecho sobre los límites con el Ecuador.
Muchos años después, una comisión compuesta de los empleados públicos, doctor J. Román de Idiáquez
y don José N. Mora, emprendió la busca de nuevos papeles, logrando éxito bastante satisfactorio. A partir
de esa fecha, se han continuado nuevas y prolijas indagaciones en los archivos públicos y particulares de
todo el país, en las que han tenido notable parte el mismo doctor Idiáquez en Lima y Piura, el doctor don
Víctor Eguiguren en Piura, el señor don Carlos A. Romero en nuestros archivos de Lima, el exprefecto
don David M. Flores en Puno y otras personas igualmente patriotas y experimentadas en diversos lugares.
54
Alberto Ulloa CisnerosRev Arch Gen Nac. 2020; 35: 13-61
cuestión de fronteras, en que muchos de esos documentos son favorables al derecho
peruano, se nos ha de entregar la colección. Vanamente ha gestionado España durante
una centuria la devolución de los archivos que le fueron arrebatados por Francia, por
los corsarios o por las fuerzas navales inglesas en el pasado y en el presente siglo.
Vanamente, también, reclaman otros estados la reintegración de tesoros históricos del
mismo carácter intelectual, eminentemente nacionales y propios, a pesar de que no
han mediado, como en el caso presente, litigios territoriales de ninguna especie entre
las respectivas naciones. Nada ha conseguido ninguna de ellas porque, como es fácil
comprenderlo, es alto el interés que a su vez ligan los expoliadores a este género de
adquisiciones. ¿Cómo, entonces, alimentar la seguridad de que se nos devolverá lo
que tanta trascendencia jurídica y política tiene para la nación poseedora?
Y, sin embargo, cuán grande utilidad podían ofrecer en nuestras manos aquellos pa-
peles, concordados con otros que aún se conservan aquí, con los preciosos manus-
critos encerrados en las colecciones de la Biblioteca de Lima, y con los que poseen
diversos particulares. La geografía, por ejemplo, del Beni, del Madera, del Mamoré,
del Guapay y de los vastos departamentos y zonas bañadas por aquellas aguas, no
aparecería aún en estado crepuscular en que se la pinta, pues en los siglos a que tales
papeles se relacionan, había profundo, aunque simplemente práctico, conocimiento
de esos parajes. Desgraciadamente, tales ventajas no pasarán de una noble aspiración
nuestra, mientras esos manuscritos no se entreguen al servicio de la historia y de la
ciencia sudamericana.
No obstante aquel enorme vacío, el Archivo de Límites será columna poderosa de esta
publicación, y me alienta fe sincera en los grandes benecios que reportará al país la
divulgación de una gran parte de sus papeles, si a ella no se oponen tal vez en el futu-
ro, el criterio de la Cancillería peruana o las necesidades y peripecias de la defensa de
nuestros derechos territoriales.
Colecciones particulares
Me alentó también la esperanza, al organizar la Revista, de que contaría con la coope-
ración de todas aquellas personas que, por razón de parentesco, por ación histórica o
por simple casualidad, deberían poseer valiosos archivos particulares que contengan
documentos epistolares ya públicos, ya de carácter absolutamente privado. En todos
los países del mundo han sido este género de depósitos, los que han servido de tamiz
o de crisol a la verdad histórica. La tradición, el relato público, hablado o escrito, el
documento administrativo o político, el periódico, el folleto o el libro han servido de
base a la narración y a la ordenación de los hechos; pero la correspondencia personal
de los hombres que tomaron parte en determinados sucesos, o que actuaron perma-
nentemente en régimen y época dados, en la preparación o realización de esos mismos
acontecimientos que forman la historia, son el verdadero elemento de que pueden
servirse el crítico, el historiador y el lósofo para compulsar la veracidad de las co-
sas, para recticar los detalles, para sondear los propósitos, para apreciar y medir, en
una palabra, el origen, alcance y tendencias de cada suceso. Y sobre las ventajas de
la desintegración del fenómeno, descompuesto en sus pormenores e intimidades, los
papeles documentarios de aquella índole han dado siempre, en forma exclusiva, única,
55
Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
incontrovertible, el relieve del personaje, el carácter moral del actor, la savia nísima
de esas conformaciones intelectuales o psíquicas sin las cuales la historia sería relato
inconducente de hechos sin apreciación ni enseñanzas, y la humanidad toda, sucesión
indenida de razas y de generaciones faltas de selección y destinos. Por eso, los que
quieren trasuntar la verdad con desapasionamiento y justicia persiguen tenazmente
tan notables tesoros de la edad vencida, de allí el elevado valor pecuniario y moral
de esas ricas colecciones de cartas y manuscritos particulares o familiares que enri-
quecen los archivos públicos o privados de Europa y de América. De allí, también, la
implacable voracidad de los coleccionistas e historiadores del mundo entero.
En la América española, y especialmente en los países del sur Pacíco, deberían te-
ner, más que en parte alguna, importancia y valer esta clase de colecciones, porque
habiendo sido tenebroso el período de gestación de la independencia y singularmente
oscuro el de las guerras civiles que azotaron los primeros años de la República, y que
continuaron desgarrando sus bras durante vastísimo tiempo, urge hallar luz que nos
guíe entre aquellas tinieblas; precisa la clave de innitos sucesos, a los que solo ilu-
mina el destello de un alumbramiento muchas veces sorpresivo e insólito. Los hechos
culminantes de la gran epopeya no tienen todavía origen inconmovible; los héroes
que la dirigieron o llevaron a término, son personajes alternativamente sombríos o
esplendorosos; alrededor de muchas fuentes y de muchas memorias abrigadas por el
sentimiento de la gratitud nacional, vibran imprecaciones y enojos indenibles; nada
está irrevocablemente jado: la historia de esos hechos y de esos hombres está por
meditarse; y sus huellas no pueden existir sino el mare mágnum de esos archivos pri-
vados y personalísimos que las generaciones republicanas han debido guardar, repito,
como las más preciosas reliquias de una religión nacional.
Por desgracia para el Perú, mientras así se ha entendido el interés patrio, a la vez que
el cientíco en otros países sudamericanos, la idea de salvar y atesorar esas coleccio-
nes ha tenido entre nosotros muy débil aprecio. A par de su utilidad para el país, ha
crecido nuestra desentendencia, a extremo que hoy –preciso es que lo diga para no
provocar decepciones– son muy escasos los papeles escritos de propiedad particular
que se remontan a principios del siglo. Los poquísimos hombres ilustrados que aquí
se dedicaron al estudio de los diversos ramos de nuestra historia, apenas tuvieron
tiempo de descubrir la existencia de esos papeles, antes de perseguir su adquisición.
Algunos, como Mendiburu, Zegarra, Saldamando y Odriozola, lograron allegar unos
cuantos, pero sorprendidos por la muerte al comienzo de la espinosa empresa, dejaron
rezagados, inclasicados, confundidos y tal vez para siempre perdidos tan interesan-
tes hallazgos. Otros, como Lavalle y Palma, perdieron en los azares de la vida y de
nuestras desgracias nacionales, pocos pero muy preciosos documentos, perseverante-
mente acopiados. Y aún los que, como Paz Soldán y Odriozola, tuvieron campo para
comenzar la publicación de los ya reunidos, se vieron en la necesidad de desistir de su
empresa por la falta de medios para llevarla a cabo.
Tampoco era lógico esperar que los particulares archivos de nuestros más notables
hombres de Estado, de nuestros generales republicanos y de cuantos intervinieron en
los sucesos de la independencia, estuvieran al alcance de las nuevas generaciones.
Arrojados aquellos hombres, los unos tras los otros, al ostracismo, a inujo de las
revoluciones; molestados, perseguidos y saqueados, no pocas veces en aquel triste y
56
Alberto Ulloa CisnerosRev Arch Gen Nac. 2020; 35: 13-61
bochornoso período de la organización republicana, pocos o ninguno tal vez lograron
el consuelo de conservar y legar a los suyos el caudal de sus apuntaciones privadas,
de su correspondencia con los demás prohombres de la época, de los documentos jus-
ticativos de su conducta, de que cada uno había logrado adueñarse. Yo he indagado
personalmente por la existencia de muchos de esos papeles, de esas colecciones, ar-
chivos o como quiera llamárseles, y la verdad es que nada o casi nada he conseguido,
sobre todo si se atiende a la proporción de lo que debería existir.
Ha contribuido en algo a este tristísimo resultado la busca y adquisición constante
que de esta clase de papeles han hecho, de muchos años atrás, personas especialmente
destinadas a ello, con el propósito de ilustrar o completar la historia de los países
vecinos al nuestro. No me parece oportuno señalar aquí nombres y oportunidades que
vendrían a disgustarnos, pero recordaré siquiera sea de paso –ya que el éxito de sus
trabajos consta de papeles públicos notablemente difundidos– la labor emprendida
por Juan Thomas en 1830, por el general Mosquera en 1842, por Vicuña Mackenna
en 1859 y por Amunátegui, Medina, Ballivián, Sarmiento y algunos otros pocos años
más tarde. De estos publicistas e historiadores, el que más acaparó en materia de car-
tas y documentos privados fue el escritor chileno don Benjamín Vicuña Mackenna,
cuya propia pluma se ha encargado de referirnos la manera como hubo de apoderarse
en Lima de las más valiosas y abundantes colecciones
45
.
Existían, con todo, hace pocos años, en poder de los descendientes y herederos del
cosmógrafo don Eduardo Carrasco, del antiguo director de la Biblioteca de Lima don
Francisco de Paula Vigil, del viejo y laborioso historiador don Mariano Felipe Paz
Soldán, del coronel don Manuel Odriozola, del general don Manuel de Mendiburu y de
otros muy contados peruanos, legajos bastante considerables de correspondencias pri-
vadas, de carácter y utilidad histórica. Cierto es que gran porción de los mismos no se
sabe en la actualidad donde se halla, ni si ha desaparecido del todo, pero hay una parte
que ha sido adquirida por hombres aquí acionados a este género de indagaciones o
estudios. Alguno de estos han tenido la amabilidad de ponerlos a mi disposición
46
.
La Revista de Archivos y Bibliotecas Nacionales
Así preparado, después de tan paciente y meditado estudio de nuestras colecciones
documentarias e históricas de diversa índole, me lanzo a la publicación de la Revista de
Archivos y Bibliotecas Nacionales. Ayúdame, en modo especialísimo en esa tarea, el
modesto pero competente empleado de la Biblioteca de Lima, don Carlos A. Romero,
cuyos conocimientos técnicos paleográcos, a la vez que su práctica en el manejo de
los papeles coloniales peruanos, lo constituyen indispensable colaborador de persona
45 La revolución de la independencia del Perú desde 1809 a 1819, por B. Vicuña Mackenna. Lima, 1860.
Un volumen en 4.° menor. Parte preliminar, capítulo V, página 29 y siguientes.
46 Entre los que poseen papeles en este orden, uno de los que ha reunido mayor número de documentos
y de mayor importancia histórica, es el doctor don Javier Prado y Ugarteche, joven, brillante abogado
del foro peruano y persona notablemente erudita en estas materias. He tenido ocasión de ver en sus
archivos varios papeles notables, muy especialmente los que se reeren a la primera campaña de la
independencia del Perú. Abrigo fundada esperanza de poder ofrecer en la Revista alguno de aquellos,
pues el doctor Prado con el espíritu culto y elevado que le anima, ha puesto varias veces a mi disposi-
ción sus archivos.
57
Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
que, como yo, no presume de ilustrada en semejantes materias. Muestra de sus aptitu-
des es la relación o nota bibliográca que precede a esta Introducción y que el señor
Romero habría podido hacer más extensa y nutrida, a ser otra la índole del trabajo.
Vano es decir que publicaciones como la que con estas páginas se inicia, no tienen
alumbramiento espontáneo ni vida propia en el país. Ni la condición numérica de las
personas afectas a trabajos de la índole, ni las tendencias del gusto y del espíritu lite-
rario peruano ni las sugestiones de un interés cualquiera provocan aquí este género de
manifestaciones de la cultura nacional. Están todavía lejanos los tiempos en que una
publicación cientíca o literaria ha de alimentar a sí misma y en que un autor o editor
cualquiera pueda eximirse de la benévola protección del Estado. De allí que yo la so-
licitara y la recibiera también con particular generosidad del actual mandatario señor
don Nicolás de Piérola, como Pericles magno en la tarea de estimular el desarrollo
moral e intelectual de su patria, a par que otro género de progresos sociales. Dígolo
con franqueza, para que viva tanto como las páginas de esta Revista, el recuerdo de
semejante acto y las expresiones de reconocimiento que debo aquí tributarle en nom-
bre de la historia patria.
Problema grave para mí ha sido la manera cómo aplicaría a la edición de esta Revista
el abundante material histórico de que he hecho mención o, en otros términos, cómo
distribuiría las materias y documentos, a qué género de asuntos daría preferencia,
qué clase de papeles y de qué fechas deberían pasar por delante. Sin volver muy
lejos la vista, dolorosa experiencia de lo acontecido con los coleccionistas peruanos,
señores Paz Soldán y Odriozola, imponían el deber de procurar cierto método, fuese
este cronológico o de materias en la exhibición de los documentos. Las colecciones
impresas del segundo, sobre todo de aquellos señores, aunque valiosísimas y en ex-
tremo provechosas al estudio de nuestra historia, habían sido recibidas y son hoy mis-
mo examinadas con relativo enojo, en razón de tener mezclados en un solo volumen
asuntos varios, inconexos y cronológicamente distantes, y era necesario no reincidir
en semejantes errores.
Pero se presentaba desde luego un gravísimo obstáculo: la imposibilidad de reunir,
examinar, inventariar o catalogar previamente tan profusa variedad de papeles para
sujetarlos a un orden cualquiera. ¿Cómo osar por sí solo, con la única ayuda del señor
Romero, labor susceptible de agobiar durante largos años a una serie de empleados
competentes y laboriosos? ¿Cómo hacer de ese caos monstruoso del principal depósi-
to de los papeles del Archivo Nacional una selección instantánea y acertada? ¿Cómo,
en n, poner en momento dado al alcance de la mano, lo que se halla diseminado en
poder de muchas otras personas y corporaciones nacionales? Y, sin embargo, era in-
dispensable arribar a algún resultado.
Para lograrlo he creído que debía preocuparme, ante todo, de dividir el plan de la
obra en dos secciones: una que abrazase el período del coloniaje, desde la conquista,
si posible fuese encontrar aquí documentos inéditos de esta última época; y otra que
comprendiese el período de la independencia, hasta cuyo término (1826) alcanzan
nuestros viejos archivos y manuscritos coleccionados. Para dar fácil y correcta eje-
cución a esta idea general, he creído también que convenía publicar la Revista en
fascículos trimestrales de trescientas páginas, aproximadamente, cada uno de ellos,
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Alberto Ulloa CisnerosRev Arch Gen Nac. 2020; 35: 13-61
formando cada cuatro dos hermosos volúmenes por año, de los cuales uno pertenece-
ría a la primera serie de Documentos coloniales y el otro a la segunda de Documentos
pre o coindependientes.
Así resuelto, me parece que no será tarea sobrehumana agrupar documentos de la mis-
ma índole y de fechas aproximadas en cada volumen, entrega o fascículo de trescien-
tas páginas, y así aparecerán sin duda –los viejos– ilustrando las cuestiones de añejos
tiempos en materias de suyo tan útiles como interesantes, o comprendiendo –los de
época posterior– un orden de cosas o sucesos (campañas, disposiciones, descripciones
o personajes) perfectamente circunscrito y preciso. Conviene, sin embargo, advertir
que hay algunos muy voluminosos que por sí solos embargarán uno o más de aquellos
cuadernos, siempre con elevado interés histórico, ya administrativo, ya político.
No será posible garantizar desde ahora que, aún en medio de este plan y propósito, no
se deslicen de vez en cuando documentos prematuramente exhibidos, u otros poster-
gados u olvidados en anterior volumen. A ello tiene que conducir, forzadamente, el
desorden que llevo descrito, al cual también han rendido tributo en todos los países
del mundo los que como Torres de Mendoza y Salvá en España, Medina en Chile,
Angelis y Trelles en la República Argentina y muchísimos más en parajes diversos,
se han impuesto la tarea de publicar documentos inéditos. Procuran certidumbre de
ello el examen de las obras destinadas a tan laudable n, las cuales adolecen unifor-
memente del mismo defecto. De otro lado, la falta de un orden cronológico exacto es
vacío tolerable tratándose de colecciones que habrán de tener índices detallados al pie
de cada volumen, y de período en período enumeración cronológica y alfabética de las
piezas que en ellas se encierran.
Los que se detengan a examinar la lista de documentos por publicarse, del décimo
sexto siglo que acompaña la portada del libro, verán que no es tampoco fácil la elec-
ción de los que debieran aparecer en los primeros cuadernos. Los hay abundantes de
una misma época, o de épocas relativamente próximas a aquellos otros, aunque supe-
riores en valer histórico y político; no son escasos tampoco los que parecen disputarse
recíprocamente, y por otros no menos importantes motivos, la primacía de la publici-
dad; de modo que se encuentra uno perplejo para encaminarse al acierto.
No presumo ni presume tampoco el señor Romero de haber acertado plenamente en
esta ocasión, al dar comienzo al primer cuaderno de la época colonial con el “Libro de
provisiones reales de los virreyes don Francisco de Toledo y don Martín Henríquez de
Almanza”, que hoy publicamos. Monótono por su estructura, con interés no siempre
uniforme bajo el aspecto histórico, incompleto porque no comprende la totalidad de
las provisiones reales de aquellos gobernantes, ni siquiera las que más importancia
tuvieron para la organización del primitivo virreinato peruano, quizá parezca a mu-
chos que he debido posponer esta publicación a otras, a su juicio más útiles, activas
e interesantes. Pero ocurre que es este libro, junto con los primeros que se conservan
de las Reales Cajas del Cuzco y con los procesos de carácter criminal o civil entre los
propios conquistadores y sus descendientes, los documentos de más larga data que
por el momento tenernos a mano; y como es secundario, relativamente hablando, el
interés que tales cuentas y tales procesos despiertan, he conceptuado justo, a la vez
que conceder al viejo libro de los virreyes, en la Revista, la precedencia política a que
tiene derecho, ponerlo delante de aquellos otros papeles.
59
Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
Error grave cometería, sin embargo, el que creyera que el “Libro de provisiones rea-
les” no es pieza digna, por otros muchos conceptos, del lugar que se le ha asignado.
Con no ser muchos todavía los papeles y documentos publicados de los virreyes que
gobernaron el Perú, resultan singularmente escasos hasta hoy los que se han dado a
luz de los autores del libro de provisiones reales, en especial de Toledo, cuyas singu-
lares dotes de gobierno a par que su fecundidad administrativa, hicieron de él uno de
los más notables mandatarios del coloniaje Si se fuera a juzgar de su obra política y
de organización del virreinato por lo que de él va publicado, la luz que se proyectaría
sobre aquel personaje, sería en extremo escasa. Fuera de las ordenanzas publicadas
en la colección de Lorente
47
, del memorial dirigido a Felipe II, inserto en la de Torres
de Mendoza y de uno que otro escrito de secundario valor desparramado en esta y
otras colecciones de documentos de Indias, lo que va publicado es, por todo extremo,
mezquino. La personalidad de Toledo requería algo más al pasar al dintel del juicio
histórico contemporáneo.
Carecería de objeto emprender aquí siquiera un boceto histórico de aquel personaje.
Perdida su obra en las sombras del coloniaje, deshecho el monumento de sus ordenan-
zas y leves por los errores y vicios que fueron arraigándose durante aquellas centurias,
oscurecida su memoria por el transcurso natural de los siglos, y destacándose en el
fondo del cuadro el injusto sacricio del último inca realizado por Toledo como medio
de apaciguar a los indios; no es extraño que escritor alguno durante la primera mitad
del siglo se animara a componer su historia y a ir a desenterrar, para lograrlo, los
documentos de aquellos tiempos. El primer trabajo que sobre el particular se conoce,
corresponde al doctor don Sebastián Lorente quien, en el capítulo IV de su Historia
del Perú, hace la del período de mando de aquel virrey y la relación nutrida e intere-
sante de los actos y medidas más importantes de su gobierno
48
. Después de Lorente,
Mendiburu en su Diccionario histórico dedica un largo y muy interesante artículo
al mismo virrey
49
, que es un compendio informativo de ese mismo gobierno, el más
completo que hasta hoy se conoce.
Tanto Lorente como Mendiburu hacen referencia a multitud de ordenanzas, provi-
dencias y disposiciones de Toledo que permanecen hasta hoy inéditas. De ellas, unas
pocas están hoy en nuestro poder y verán, como es natural, la luz en posteriores en-
tregas de la Revista; pero otras han desaparecido para siempre. Ni uno ni otro escritor
las han legado tampoco entre sus papeles. Una que otra existe en los archivos de la
península, donde aquellos las estudiaron tal vez y de donde habremos de tomarlas más
tarde; pero el conjunto de lo que existe no es con mucho lo que sería indispensable
tener para formar juicio completo al respecto.
En el libro Provisiones reales hay campo para observar varias cosas. Puédese ver en
él, con relación a Toledo, el espíritu minucioso y prolijo de aquel mandatario, la forma
que dio por sí mismo –muchas veces en oposición y sin consulta a la voluntad del so-
berano– a las primeras donaciones de tierras y repartimientos de la colonia; la manera
como contempló la condición y el porvenir de la raza aborigen en el territorio por él
47 Relaciones de los virreyes y audiencias que han gobernado el Perú. Publicadas de O.S. Vol III. Lima,
1867. Madrid, 1871. Madrid 1872.
48 Historia del Perú bajo la dinastía austriaca, 1542-l598, por Sebastián Lorente. 1863.
49 Diccionario histórico-biográco del Perú. Tomo 8.º (Toledo, don Francisco). Páginas 22 a 71.
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Alberto Ulloa CisnerosRev Arch Gen Nac. 2020; 35: 13-61
gobernado; y junto con todo ello, el concepto moral y jurídico de las leyes en aquellos
tiempos; el carácter rudimentario de la organización judicial y política; la viciosa des-
igualdad social sobre la cual se asentaron las bases de esta nacionalidad peruana, hasta
ahora convulsionada por tales errores. Allí deslan en cortejo afortunado para unos, a
par que tristísimo para los oprimidos, todos aquellos vicios y venturas de la sociedad
colonial del siglo XVI que con maestra pluma describiera no ha mucho el joven y
brillante pensador Javier Prado y Ugarteche
50
, todos aquellos componentes sociales,
con el ropaje de las ideas y de las servidumbres morales de aquellos tiempos; todos
aquellos hombres audaces y aventureros a cuyo carro uncióse –como premio o botín
de guerra– la suerte de interminables generaciones y el porvenir de toda una raza.
No abarcan las Provisiones una gran variedad de asuntos administrativos, porque
versan el mayor número sobre mercedes de tributos, repartimientos o encomiendas
hechas a aquellos conquistadores; pero aún bajo esta sola forma ofrecen un interés
histórico especialísimo para el orden y marcha de los sucesos de la época y para la
biografía de sus actores. Como lo hace notar don Ricardo Palma en el “Proemio” de
esta edición, salen hoy a luz personajes desconocidos o perdidos en la oscuridad de
los tiempos; la participación de tales o cuales sujetos en tales o cuales hechos queda
establecida en forma incontestable; los hechos mismos, antes dudados o contestados,
quedan ya denidos; y viene a completarse la vida y peripecias de algunos capitanes
y soldados de la conquista. Por eso, penetrando un poco en los detalles del libro, el
señor Romero halla justicia para hacer las siguientes observaciones a que me es grato
dar cabida en este paraje:
En estas Provisiones de los virreyes Toledo y Henríquez hallarán los historiadores
y biógrafos que las consulten, preciosas y abundantes noticias desde la época del
descubrimiento y conquista, y muchas recticaciones a cronistas e historiadores de
esos grandes sucesos. Al viejo Hernando Machicao –no Bachicao como le llama
Mendiburu– a quien todos los historiadores hacen morir en manos de Francisco de
Carvajal, le encontramos en 1575 en el Cuzco con el título de mayordomo de esa
ciudad. Bartolomé Ruiz, el insigne piloto, muere después de haber rendido el quinto
viaje al Perú, pero nos deja a Martín Yáñez de Estrada, su hijo, y a Nicolás Ruíz de
Estrada, su nieto, ambos regidores de la ciudad de Lima, cuyo origen y anteceden-
tes eran completamente ignorados. De la tragedia de la Puná y suplicio que dieron
los indios al obispo Valverde, hay preciosos datos; así como de los capitanes Pedro
Álvarez Holguín, Lorenzo de Aldana y del capitán Francisco de Camargo, que entró
a la conquista de Vilcabamba con Arbieto y de quien no nos dice Mendiburu sino que
“hubo otro Camargo en el Perú”, en el artículo de Alonso de Camargo. Por n, en los
títulos de encomiendas y relaciones de servicios están los de los conquistadores y pri-
meros pobladores siguientes, que escaparon a las investigaciones del diligente autor
del Diccionario histórico biográco: Gabriel Paniagua de Loaiza, del hábito de Cala-
trava y corregidor del Cuzco –Juan Ramírez Zegarra –Garci González Rubín –Antón
de Álvarez –Miguel Sánchez –Rodrigo Gutiérrez de Marchena –Bartolomé Díaz de
Pineda –Juan de Lira –Francisco Valverde –Garci Núñez Vela –Francisco de Prado
50 Estado social del Perú durante la dominación española. Discurso leído en la Universidad Mayor de
San Marcos de Lima, en la ceremonia de apertura del año escolar de 1894, por el doctor Javier Prado y
Ugarteche. Lima, 1894 .
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Una historia de los archivos en el Perú decimonónico
–Ginés de Torres –Diego de Frías Trejo, lugarteniente general y castellano de las
fortalezas del Cuzco –Juan de Lira –Gómez de Santillán –Pedro de Arana –Francisco
Pérez Negral, capitán de arcabuceros del ejército de Centeno, muerto en la batalla de
Guarina –Antonio Vello Gayoso –Garci Pérez de Vargas Machuca –Pedro Mercado
Peñaloza –Rodrigo de Bustillo y Juan Ruiz.
Pienso, pues, que la exhibición de estas Provisiones reales, es obra útil bajo todos
conceptos. Cuando su impresión haya terminado, daré a luz otros documentos del
mismo virrey Toledo, que vayan ilustrando el período de su gobierno a la vez que
proyectando luz sobre hechos, cosas y personas de aquel entonces.
Vendrá más tarde otro género de documentos que ojalá vayan pasando de nuestras
manos a las del público con el vivo interés que yo los recojo, y con que los ofrezco al
estudio de los hombres de letras de nuestra patria.
Parece, por lo demás, inútil expresar en estas ocasiones cuanta indulgencia se requiere
de parte del público para alentar publicaciones como la presente. No concordando
por lo regular las materias elegidas o seleccionadas con el gusto o aciones de cada
lector, habrá siempre buena porción de ellos que encuentre alternativamente útil y
desagradable lo que se ponga delante de su vista. Para obviarlo, procuraré en cuanto
de mí dependa, variar o alternar a su vez las materias aquellas, publicando unas ve-
ces documentos referentes al ramo político, netamente histórico por decirlo así; otras
los netamente administrativos, otras los económicos, de minería, de Real Hacienda;
otras, en n, los de los demás ramos de que ya me he ocupado anteriormente, aunque
cuidando, como tengo ofrecido, de agruparlos por tomos.
¿Tendrá la Revista la duración que ella merece? ¿Quién puede asegurarlo, donde este
género de servicios en pro del adelantamiento intelectual o real del país se estima
como favor acordado al que lo practica? De mí, sé decir que trataré de proseguirla
indenidamente y que si no me es dable lograrlo, y la publicación se interrumpe, no
será por falta de decisión o de voluntad de mi parte.
Lima, setiembre 30 de 1898
